Directo | Sánchez justifica la amnistía: "Hemos apostado por el diálogo, el perdón y el entendimiento"

El debate de investidura arranca este miércoles con un candidato que ha logrado reunir el apoyo de 179 diputados. Los de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria frente a los 171 de PP, Vox y UPN. La previsión es que Pedro Sánchez salga investido en primera votación, con mayoría absoluta, el jueves. Tendrá doce votos más que en 2019. Un mayor respaldo que, sin embargo, no es sinónimo de estabilidad. La ruptura de puentes con el principal partido de la oposición aleja los consensos necesarios para reformar el sistema de financiación autonómica o renovar el Consejo General del Poder Judicial con las actuales reglas. 

Además, el forzado encaje de Junts en el bloque de investidura, tras años de confrontación, dificulta la gobernabilidad. Sus siete votos, al igual que los del resto de socios de investidura, son imprescindibles para aprobar cada ley. La aritmética parlamentaria salida de las urnas solo permite el margen de la abstención de uno de los socios siempre que se sume CC. Un heterogéneo bloque de nacionalistas e independentistas, tanto de izquierdas como de derechas, con partidos que compiten electoralmente entre sí, como han demostrado Junts y ERC en las negociaciones de investidura. 

A esta inestabilidad parlamentaria se suma la creciente tensión social en las calles con protestas en contra de la amnistía. Movilizaciones que tanto PP como Vox pretenden sostener en el tiempo, dando por hecho que habrá muchos momentos de tensión. Los populares elevan su diagnóstico y consideran que la legislatura, más que inestable, será directamente “convulsa”. 

Alberto Núñez Feijóo se prepara para liderar una “oposición dura” que cuando dio el salto a la política nacional nunca consideró. Primero, porque siempre creyó que llegaría a la Moncloa. Y, segundo, reconocen en Génova, porque este ciclo político se abre de la mano de una ley de amnistía que consideran inconstitucional y que dará paso a “chantajes constantes”.

En el PP diseñan una estrategia de ataque constante al PSOE y, al mismo tiempo, de desestabilizar en la medida de lo posible el bloque que sostiene a Sánchez. La decisión de acercar posturas con los nacionalistas la tomó Feijóo hace tiempo: sin eso, dicen en su equipo, es muy difícil volver a gobernar. En el PP reconocen que cada votación y cada negociación puede ser “una tortura” para el socialista. Y en ese intento de complicarle la vida al Ejecutivo también jugará un rol fundamental la mayoría absoluta en el Senado. 

Se vio claro este martes con la aprobación del cambio en el reglamento de la Cámara con el único objetivo de dilatar los plazos de la ley que perdona los delitos del procés. “En cada ocasión, utilizaremos todos los instrumentos que tengamos”, resumen en el PP. El poder territorial es el otro arma con el que cuentan. La mayoría de comunidades autónomas están gobernadas por el PP y las opciones para forzar conferencias de presidentes o debates sectoriales se llevarán al límite también.

Presupuestos y fondos, otra prueba

Los Presupuestos determinarán la duración de la legislatura, con los socios capacitados para hacerlos descarrilar si no ven colmadas sus expectativas. Si bien las primeras cuentas, que todos los socios consideran que saldrán adelante, se pueden prorrogar, el Ejecutivo deberá seguir haciendo equilibrios para aprobar las medidas pendientes del plan de recuperación. Si no lo hace en tiempo y forma, según lo comprometido con Bruselas, los fondos de la UE dejarán de fluir. 

Dentro del Consejo de Ministros, tanto PSOE como Sumar presagian un mejor entendimiento que en la pasada legislatura. Una relación más estable por convicción, estrategia y la confianza cultivada durante los últimos años entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Menos “ruido” dentro de la coalición, pero a base de orillar a Podemos que reclamará más autonomía parlamentaria. Los cinco diputados morados no pretenden plegarse a la disciplina del grupo parlamentario y negociar con el Gobierno como un actor político más, sin garantizar de antemano su apoyo.

Desde el PSOE han querido extender los acuerdos de investidura a pactos de legislatura, pero a excepción del PNV todos han rechazado esta optimista lectura. Principalmente sus dos socios catalanes. Para Junts y ERC, la estabilidad del futuro Gobierno se vincula al avance y cumplimiento de lo firmado.

En el caso de los republicanos, se plasma en el pacto que “las diputadas y diputados de ERC apoyarán la investidura de Pedro Sánchez y, en paralelo al cumplimiento de los compromisos adquiridos en este acuerdo, darán estabilidad a la legislatura a través de una negociación”. El de Junts especifica en su último punto que ambas partes acuerdan "la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los pactos que resulten de las negociaciones". 

Los objetivos marcados por los independentistas no dejan de ser similares, y la pugna a la hora de capitalizar las reivindicaciones obligará a los socialistas a hacer un difícil equilibrio para contentar a ambos socios. Repartir banderas y protagonismo. Un equilibrismo que se hará más difícil a medida que se acerquen las elecciones catalanas, previstas para principios de 2025.

La batalla europea del PP

Y en mitad de este panorama nacional, siempre con el foco puesto en la necesidad de cumplir con las reformas y las condiciones de la Unión Europea para seguir recibiendo los fondos, entra en juego la carta con la que el PP espera dar el primer susto al Gobierno a cuenta de la ley de amnistía.

Aunque evitan concreciones, los conservadores están preparando una respuesta política y jurídica en el terreno comunitario, convencidos de que el Ejecutivo se ha asegurado de contar con el aval del Tribunal Constitucional en la norma pactada con los independentistas. La desconfianza que el PP tiene del TC es una prueba más del deterioro de relaciones entre los dos grandes partidos, con acusaciones muy duras de estar colonizando las instituciones y con la imposibilidad de resolver cuestiones de Estado pendientes como la renovación del CGPJ. Europa también lo exige.

En todo caso, el PP cree que la visión europea puede frenar, al menos en parte, las pretensiones del Gobierno. El propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tomó la iniciativa pidiendo una reunión del más alto nivel para poder explicar la ley de amnistía directamente. Hace unos días el comisario europeo de Justicia ya pidió explicaciones a Moncloa. En el PP también reconocen gestiones al respecto, "que no se ven", pero "que están llevando mucho trabajo".