Junts asume que la amnistía no incluye el 'lawfare' pero defiende que sí incorpora los casos de Buch y Alay

Junts per Catalunya ha hecho suya la ley de amnistía, fruto de la negociación que ha llevado a cabo con el PSOE desde hace meses. Así lo ha afirmado la dirigente del partido en Madrid, Míriam Nogueras este lunes: "La ley que se registre es la que hemos negociado nosotros desde hace tantas semanas". Declaraciones a TV-3 que contrastan con el hecho de que el texto no incorpora el 'lawfare' (la llamada judicialización de la política mediante denuncias a los tribunales infundadas) aunque JxCat lo ha afirmado, y además recoge una rotunda defensa del marco legal español e internacional como parámetros en los que se mueve la ley. Con todo, el partido asegura que la 'lawfare' sí está indirectamente recogida en la ley, respecto a los casos del 'exconseller' Miquel Buch y el colaborador de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. Sobre el 'lawfare', en una entrevista a EL PERIÓDICO, el eurodiputado de Junts y negociador, Toni Comín, afirmaba que "todas las personas víctimas de 'lawfare' se deberían poder beneficiar" de la ley. "Se busca un redactado que no dé margen a la interpretación como sucedió con la malversación". Lo mismo afirmó Jordi Turull, secretario general del partido, a La Vanguardia: "Solo contiene conceptos jurídicos y el 'lawfare' es un concepto político, por eso aparece", en la ley. Es más, tanto en la reunión de la comisión ejecutiva como del consejo nacional de la pasada semana, que sirvieron para ratificar el pacto con el PSOE, se informó de que el 'lawfare' estarían incluidos en la ley. El caso es que en ningún caso la ley cita este concepto. Este lunes, JxCat ha distribuido un argumentario sosteniendo que sí ha quedado incluido. El partido interpreta el artículo de la ley que incluye entre los amnistiados a quienes "hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad" a los líderes del procés. Esta referencia puede beneficiar los casos de Josep Lluís Alay, Miquel Buch y Lluís Escolà, sin embargo, no encaja en el caso de Laura Borràs y es dudoso que encaje en el de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont procesado por blanqueo del narcotráfico. Las referencias a la 'lawfare', fuera de la ley El pacto del PSOE con Junts se retrasó precisamente hasta el jueves de la pasada semana debido a la exigencia del partido independentista de incorporar el 'lawfare' en el mismo. Finalmente, el redactado del acuerdo es complejo y condiciona la posibilidad de que alguna persona quiera beneficiarse de la amnistía esgrimiendo el 'lawfare' a lo que resuelvan las comisiones de investigación que abrirá el Congreso: "Las conclusiones de las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida en que se puedan derivar situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política". El texto de la ley sí hace referencia casi explícita a casos judicializados que afectan a colaboradores de Puigdemont. La norma, por tanto, está pensada para que se aplique a todos los niveles, desde el expresident, que en principio podrá volver a España, a los directores de colegio que fueron imputados por abrir sus centros en el referéndum de 2017. Un texto rotundo sobre la democracia española La exposición de motivos de la ley de amnistía hace una rotunda defensa de la democracia española. Afirma, entre otras cuestiones, que España "se caracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho, en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales". Y destaca que "todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional". Según fuentes de la dirección de Junts, estos conceptos tampoco son contradictorios con los planteamientos del partido independentista y de su líder, el 'expresident' Puigdemont, que en su conferencia del 5 de septiembre apeló a la legalidad internacional, para referirse al marco legal que Junts acepta como válido. "La clave es que el preámbulo de la ley hace referencia al ordenamiento internacional, también, empezando por el pacto de derechos civiles y políticos, individuales y colectivos", argumenta un destacado dirigente soberanista. Junts también ha esgrimido en las negociaciones y en los planteamientos de sus líderes que esta amnistía no se negociaría a cambio de una renuncia explícita a la vía unilateral de acceso a la independencia. Esta renuncia no consta tampoco en el preámbulo de la ley, como se debatió meses atrás. En cualquier caso, ni el 'lawfare' consta en la ley ni tampoco se deja de apelar de forma concreta a una legalidad, la estatal, y a una democracia, la española, que Junts ha cuestionado durante los últimos años con vehemencia.

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