¿Por qué Puigdemont echa el freno a la investidura de Sánchez?

Todo estaba preparado: foto y firma en Barcelona con Félix Bolaños; foto y firma en Bruselas con Santos Cerdán. El PSOE iba a sancionar dos pactos en un mismo día: el jueves. Las cartas se iban a levantar, ya no habría más ases en la manga: ERC y Junts iban a conocer el contenido del acuerdo del otro, dispuestos a vender que cada cual había negociado mejor sus indispensables siete síes para la reelección de Pedro Sánchez. Los republicanos empezaron a disparar en cascada partes de su alianza con los socialistas, comenzando con el que consideran su principal triunfo: el traspaso de Rodalies. Escondieron el contenido del acuerdo global y el haber atado una de las principales condiciones de Junts: el mediador. Carles Puigdemont ordenó preparar el atril para comparecer entre las 12.30 y las 13.00 horas, pero terminó desmontándolo. Después de él, saldrían Bolaños con Salvador Illa, juntos; y Oriol Junqueras y Pere Aragonès, por separado, para desmenuzar el acuerdo global. La ausencia del exjefe del Govern y el desmontaje del atril provocó que ERC continuara destapando la alianza, con el anuncio de la condonación de un 20% de la deuda con el FLA. El jueves no, el viernes sí, confiaban en el PSOE. Y tampoco. ¿Por qué Puigdemont echa el freno? Una amnistía Junts se convirtió en la pieza clave para que Sánchez continuara siendo presidente tras el escrutinio del 23-J. Puigdemont tomó las riendas de un partido del que abandonó los cargos para negociar cara a cara con el PSOE, siendo reconocido como interlocutor por los que prometieron que sería juzgado en España. Se impuso la discreción ante la magnitud de la desconfianza entre ellos. La posconvergencia tuvo claro desde esa misma noche electoral que, tras los indultos y la reforma del Código Penal, solo una amnistía "total" puede justificar que pacten con los socialistas tras años criticando que ERC hiciera lo propio. El coste para la posconvergencia es mucho mayor que para Esquerra, porque supone un giro estratégico que Junqueras ya decretó más de cuatro años atrás y, porque si no funciona, levantarán la voz los sectores más radicales de la formación. Puigdemont acaparaba todo el foco mediático cuando ERC y el PSOE, la noche del martes, lanzaron el pacto por la amnistía. El anuncio "con nocturnidad y alevosía", ironizan en JxCat, molestó, precisamente, porque la medalla de la amnistía es la más preciada. ERC y Junts compiten por la atención del PSOE, por ser su referente en el Congreso y por el Palau de la Generalitat, con la mirada puesta en las elecciones catalanas. Pactar el primero corre el riesgo de que el último eleve el precio y gane el relato, pero en la sede de Calàbria celebran la maniobra del jueves al entender que su acuerdo recoge todo lo que Junts pedía, por lo que creen que obligó al exjefe del Govern a alargar los plazos para buscar un triunfo diferencial. Y Puigdemont se hace valer, quiere marcar los tiempos y aligerar la presión del PSOE por el calendario en un señal claro de advertencia. La negociación ha avanzado en el perímetro de la amnistía, y ya incluye a sus colaboradores, Josep Lluís Alay (caso Volhov) y Miquel Buch (condenado por el escolta en Waterloo), pero no a su abogado, Gonzalo Boye, que está investigado por un delito de blanqueo de capitales en el marco de una presunta trama de narcotráfico liderada por 'Sito Miñanco'. Su círculo defiende que hay una persecución judicial por quién es, el escudero de Puigdemont, pese a que la causa nada tenga que ver con el 'procés'. Laura Borràs también queda fuera de la línea planteada como amnistiable. Dos mediadores Que ERC y Junts son dos rivales irreconciliables se palpa no solo en la descoordinación en esta negociación, sino en el hecho de que sean incapaces de acordar un mediador compartido. Habrá uno para verificar el cumplimiento de cada acuerdo, y ninguno en la mesa de diálogo, pese a la insistencia de los republicanos. El PSOE se niega, porque a ojos de la comunidad internacional supondría evidenciar el conflicto político entre las dos partes en igualdad de condiciones. La desescalada del proceso independentista en Catalunya se zanjará ya con la amnistía y la era del 1-O quedará definitivamente cerrada. Por eso ERC clamaba por la continuidad del diálogo, en una suerte de reactivación del ‘procés’ que quería encarar en una segunda fase de la negociación con el Estado. Para Aragonès eso pasa por tener una pista de aterrizaje a su acuerdo de claridad, que carece del apoyo de otros partidos, y a la que Junts, por mucho que le inviten dejando abierta la posibilidad de que aunque sea entre gobiernos se pueda sentar quien consideren los ejecutivos, no contribuirá. En las filas posconvergentes insisten en que mientras ERC luce haber negociado competencias autonomistas, por el traspaso de Rodalies, ellos perfilan forzar al PSOE en el flanco independentista y que eso no pasa por una mesa que denostan, sino por la intervención internacional vía mediador y batalla judicial europea. Tres presupuestos El apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, los de 2024, se da por descontado en ERC, aunque creyeron que no había que vincular una negociación a otra para que el diálogo sobre las cuentas pudiera ser una suerte de revisión del avance del acuerdo de investidura. El intercambio con el aval socialista a los de Aragonès puede ser evidencia de ello, y en Palau prevén que en dos semanas, a más tardar, podrán empezar a negociar con los partidos. Más dudas hay sobre las cuentas de Barcelona, porque ERC ve al alcalde Jaume Collboni dispuesto a pactar ya con Xavier Trias. ¿Y si no hay acuerdo PSOE-Junts? Los socialistas evitan valorarlo, dan por hecho que lo conseguirán, en Junts creen que les beneficiará no haber pactado y, por contra, en ERC consideran que el contenido del pacto les deja mejor preparados para una nueva cita con las urnas y para disputar su puesto en el panel de resultados.

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