La amnistía pactada por PSOE y ERC acabaría con las acusaciones de terrorismo a los CDR y al Tsunami Democràtic

En una democracia no se persigue a ninguna persona por sus ideas políticas, sino por los delitos que haya podido cometer para defenderlas. De ahí que la inminente ley de amnistía deba referirse a procedimientos abiertos por la presunta comisión de delitos, incluidos los de terrorismo. El pacto alcanzado este martes entre el PSOE y ERC, según fuentes de este último partido, abarca los flecos del procés que aún siguen abiertos en la Audiencia Nacional: el procedimiento abierto contra una célula de los CDR a la que se le encontraron sustancias susceptibles de convertirse en explosivas y la causa del Tsunami Democràtic. Ambos procedimientos se encuentran en el mismo juzgado, en el central de instrucción número 6, cuyo titular es Manuel García-Castellón. El relativo a los CDR es el más avanzado, porque su instrucción ya se ha concluido y el magistrado ha dictado el auto en el que propone juzgar a 12 presuntos miembros del Equips de Resposta Tàctica (ERT) por los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista. El juez considera que los miembros del ERT "habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía en dos domicilios particulares” con el objetivo de lograr la independencia de Catalunya. Los procesados por pertenencia a organización terrorista son Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, mientras que suman a ese delito también el de tenencia, depósito y fabricación de explosivos de carácter terrorista, Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina Barberan, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado López. Todos ellos serán exonerados de cualquier responsabilidad penal si finalmente los hechos que se les atribuyen se incluyen en la ley de amnistía, como señalan las fuentes consultadas. Solo un imputado El procedimiento del Tsunami Democràtic, en cambio, se encuentra en una fase más incipiente y ni siquiera está claro si seguiría siendo investigado en la Audiencia Nacional con independencia de la promulgación de la ley de amnistía, ya que para ello la imputación, que aún está por concretarse, debería mantener el delito de terrorismo en su modalidad de subversión del orden constitucional, que es por el que el juez abrió diligencias en su día. Tras estar años investigándose en secreto, el juez García-Castellón levantó el sigilo en mayo. Desde entonces se espera que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronuncie sobre de qué delitos son constitutivos los hechos investigados y, con ellos, determinar qué tribunal es competente para investigarlos. El último movimiento que se ha producido en la causa, por parte del magistrado, ha sido permitir la personación como acusación popular de Vox y de Dignidad y Justicia. Fuentes fiscales señalaron a EL PERIÓDICO que, a la espera de emitir un dictamen definitivo, se inclinan por remitir las actuaciones a los juzgados de Barcelona al haberse derogado la sedición y no entender enmarcables en los de terrorismo las cinco acciones atribuidas a Tsunami Democràtic en protesta por la sentencia del procés. Se trata del bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el corte de la frontera con Francia a la altura de la Jonquera, la desobediencia a la Junta Electoral Central durante la jornada de reflexión de las elecciones generales de diciembre de 2019, acciones contra empresas del Ibex y los disturbios que se vivieron durante el clásico en el que se desplegó una pancarta y se lanzaron pelotas al campo con el lema "Sit and Talk". Aunque la Guardia Civil ha apuntado a la responsabilidad de determinadas personas en la actividad de Tsunami Democràtic, las imputaciones solo las propone el ministerio público y las acuerda el juez. De momento solo hay un imputado formal en el procedimiento: el empresario Oriol Soler, que en gran medida forzó su imputación con recursos para conocer las actuaciones, cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, en el que se investiga el caso Voloh, remitió a la Audiencia sus pesquisas respecto a media docena de personas, entre las que también estaban el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el empresario David Madí o Josep Lluís Alay, al que se considera el nexo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. A lo largo de la investigación se intervenieron conversaciones mantenidas por distintas plataformas de mensajería instantánea. En una de ellas, según uno de los informes de la Guardia Civil existentes en la causa, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, le aseguró a Vendrell estar "reclutando gente" para sus "acciones", en referencia a las convocadas por Tsunami Democràtic. Rovira, que utiliza el alias de 'Matagalls', se mensajeaba a través de la aplicación Threema con Vendrell, al que el instituto armado atribuye "un cargo directivo y con mando sobre las diferentes personas que integran la plataforma". En la conversación con 'Matagalls' el 'exconseller' de ERC afirmaba: "Mi gente puede hacerlo sin el apoyo de la estructura, pero no con la estructura en contra". Sin ley de amnistía, las actuaciones incluso podrían acabar en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que sería el competente para investigar, en su caso, al diputado de ERC y secretario cuarto de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg Ramon, que, según la Guardia Civil, utiliza el alias de 'Konan' y dirigía con Soler la comunicación de Tsunami Democràtic. Los investigadores también identifican otras aplicaciones entre las empleadas por las personas que sitúan en la cúpula de la plataforma, como Signal, en la que detectaron el grupo 'Harley Davidson', en el que participaba la propia Rovira y a través del que se coordinaba la actividad independentista.

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