La otra cara de la amnistía: los policías procesados por lesiones en el 1-O también se verán beneficiados

La amnistía no solo se aplicará en una dirección. La futura ley para dar carpetazo judicial al ‘procés’, cuyos detalles ya están prácticamente perfilados, también servirá para que se vean beneficiados los policías procesados por delitos de lesiones durante las cargas en el referéndum del 1-O, según fuentes de las negociaciones entre el PSOE, ERC y Junts per Catalunya. Los mismos interlocutores explican que la futura norma, que los socialistas quieren registrar esta semana con el resto de grupos que apoyarán la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, diferenciará entre los agentes imputados. Quienes han sido acusados por lesiones serán amnistiados. En cambio, los casos más graves, aquellos que debido a la presunta desproporción en el uso de la fuerza están procesados por torturas y delitos contra la integridad moral, se quedarán fuera. El motivo de esta distinción se encuentra en la legislación internacional adoptada por España, que ha suscrito tratados (como el convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales) en los que las torturas tienen el carácter de delitos no amnistiables. Las cesiones La inclusión de los agentes procesados por lesiones supone una cesión por parte del independentismo catalán. Con dificultades, ERC logró en su negociación con el PSOE, que culminó el martes por la noche, que la futura ley se aplique también a las causas que la Audiencia Nacional ha abierto (por el delito de terrorismo, entre otros) a una célula de los Comitès de Defensa de la República (CDR) a la que se le encontró material susceptible de convertirse en explosivos, así como al llamado Tsunami Democràtic, la plataforma que protestó, causando graves disturbios, contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O. Los republicanos, que todavía tienen que desencallar con el PSOE la pata económica del pacto (financiación y Rodalies) para garantizar su apoyo a la investidura de Sánchez, se habían opuesto hasta ahora a que los agentes entraran en la amnistía. “La ley tiene que servir para que aquellos que han sido perseguidos injustamente dejen de serlo. El referéndum no es un delito porque no está en el Código Penal. Votar no es un delito, pero golpear a ciudadanos que quieren votar sí lo es”, argumentó a finales de septiembre el presidente de ERC, Oriol Junqueras. La reelección de Sánchez Con el pacto sobre la amnistía con los republicanos ya suscrito, los socialistas se encuentran volcados ahora en la negociación con Junts sobre la futura norma. Pero aquí las conversaciones no están tan centradas en el articulado como en la exposición de motivos, en la que se hará un recuento de lo ocurrido en otoño de 2017 y se justificará la necesidad de una ley como esta. El acuerdo, coinciden los colaboradores de Sánchez y los de Carles Puigdemont, es inminente. Puede comunicarse “en cualquier momento”, señalaron fuentes de la dirección del PSOE este miércoles, dos días después del crucial encuentro en Bruselas entre el número tres del partido, Santos Cerdán, y el expresident de la Generalitat. La idea de los socialistas es registrar la proposición de ley en los próximos días (a poder ser, este jueves, o si no el viernes) y después anunciar la fecha de la investidura. Salvo cambios de última hora, la semana que viene tendrá lugar el debate en el Congreso, en el que Sánchez será en principio reelegido en primera votación con mayoría absoluta, gracias al apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNV, el BNG y quizá también Coalición Canaria. Tras meses de negociaciones marcadas por el secretismo, cada vez hay menos escollos en la travesía hacia ese destino.

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