El mediador y el estatus de Catalunya complican el pacto de Sánchez y Puigdemont

Cualquiera que haya practicado bicicleta estática sabe que antes de atacar la última escalada hay un tramo plano para tomar fuerzas. La negociación entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez está ahora mismo justo ahí: en una pausa, un punto muerto previo a la decisiva fase final. Ambas partes insisten en mostrar confianza y expectativas de acuerdo. Los puentes siguen abiertos a la espera de dedicar las próximas semanas (hay tiempo hasta el 27 de noviembre, momento en el que se convocarían nuevas elecciones) a intentar llegar a la cima. Ambas partes aseguran no tener prisa para sellar un pacto con el que Sánchez tendrá casi asegurada la reelección, ya que los socialistas dan por hecho que el acuerdo con el resto de formaciones, de Sumar a ERC, pasando por Bildu, el PNV y el BNG, será más sencillo. El tramo recorrido ha requerido mucho esfuerzo y se ha basado en consolidar una medida hasta hace muy poco impensable para el PSOE y anhelada por el independentismo: la amnistía sobre el ‘procés’. Asumida por los socialistas esta compleja decisión, Junts pone ahora sobre la mesa dos tramos de escalada exigentes: la figura de un mediador para guiar las negociaciones durante la legislatura y una declaración política que, en palabras de Carles Puigdemont, plasme el carácter “histórico” del acuerdo y el “reconocimiento nacional” de Catalunya. Junts alega que ya ha hecho importantes cesiones en la primera fase del recorrido negociador. Sobre todo, entiende que renunciar a la autodeterminación como exigencia previa a la investidura fue un paso notable por parte del ‘expresident’. Una parte no menor del independentismo (incluida la propia formación posconvergente durante la campaña de las elecciones generales) la han situado como condición imprescindible para un pacto con el PSOE que sirviera para reelegir a Sánchez. Siguiendo con este razonamiento, Puigdemont considera que ahora debería ser el PSOE el que ponga de su parte. Las dudas socialistas Ambas exigencias despiertan muchísimas dudas en el entorno de Sánchez. Sobre todo, la del mediador, que Junts quiere que sea una figura extranjera. Algo así daría una imagen de España como Estado “fallido”, casi una “república bananera”, explican los colaboradores del presidente en funciones, que aseguran que no lo aceptarán e insisten en una comisión de seguimiento del hipotético acuerdo, formada por dirigentes socialistas y posconvergentes. Se trataría de una fórmula similar a la que Sánchez pactó con Pablo Iglesias cuando ambos firmaron la coalición de la pasada legislatura. El PSOE, de momento, continúa instalado en el silencio. Han pasado casi tres semanas desde que su líder fue designado candidato por el Rey y continúa sin decir nada sobre el desarrollo de las negociaciones de investidura. Ni con Junts, ni con ninguno de los otros partidos. La dirección socialista insiste en que la “discreción” resulta indispensable para alcanzar un acuerdo que contempla con optimismo, pero al mismo tiempo, ante la posibilidad de que todo se acabe frustrando y haya repetición electoral, evita aclarar nada en público. Los posconvergentes, mientras tanto, leen el momento actual de pausa en el diálogo como algo necesario para que el socialismo español pueda digerir lo ya alcanzado: la amnistía. Acumular en poco tiempo todas las exigencias de Junts sería complicado para las bases socialistas y buena parte de la opinión pública española, argumentan. Críticas sin recorrido Al mismo tiempo, Puigdemont ha logrado algo decisivo para el soberanismo: que apenas haya ruido en contra de su voluntad de acuerdo con el PSOE. Las críticas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), los mensajes en las redes sociales de los sectores más radicales del independentismo e incluso las voces más unilateralistas y beligerantes de Junts apenas han hecho mella. Puigdemont se siente tan avalado que ni la resolución del Parlament firmada por Junts y ERC para poner sobre la mesa la autodeterminación ya mismo, ni tampoco un eventual mandato del Consell de la República para bloquear las conversaciones han tenido ni tendrán efectos prácticos sobre las negociaciones, explican sus colaboradores. Pero Junts no se mueve de sus dos exigencias pendientes. Respecto al mediador, el partido independentista está dispuesto a que el PSOE lo denomine como considere oportuno y que nombre una comisión de seguimiento, pero no quiere ceder en la idea de que una personalidad o entidad “neutral” y de fuera del Estado tome nota de los avances que pueda haber en los próximos años. El “reconocimiento y respeto a la legitimidad democrática del independentismo”, según las palabras del ‘expresident’ el 5 de septiembre, es también vital para los posconvergentes. Primero, para desmarcarse de la estrategia de ERC, que consideran equivocada porque no ha logrado avances en el meollo del conflicto. Segundo, para dar trascendencia “histórica” al camino que se quiere emprender en los próximos años para “resolver el conflicto”. Aquí, explican en Junts, hará falta que tanto Sánchez como Puigdemont repasen cada palabra, en el último repecho antes del hipotético acuerdo. El cálculo electoral Las expectativas de pacto son altas, pero en el partido independentista recuerdan que, a diferencia de lo que sucede con Sumar, Bildu o incluso ERC, solo Junts puede permitirse forzar la repetición electoral y no la descarta, porque cree que no le supondría un desgaste en votos. Al contrario. Aun así, resulta muy significativo que los posconvergentes hayan asumido que la ley de amnistía no estará aprobada antes de la investidura y también que el catalán probablemente tampoco logre el estatus oficial en las instituciones europeas antes de ese momento. Eran dos condiciones muy firmes en agosto por parte de los portavoces de Puigdemont, para hacer ver que ellos “cobran por adelantado”. Ahora esa contundencia ya no existe, en beneficio del acuerdo final.

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