El grupo de ERC en el Parlament ha pedido este jueves la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de varios representantes de la empresa Forestalia -entre los que están 'exconsellers' y altos cargos de CiU- por la aprobación de las tres líneas de Muy Alta Tensión (MAT) proyectadas en territorio catalán por parte de esta compañía y autorizadas por el Gobierno, a pesar de los informes contrarios de la Generalitat. Algo que los republicanos ven como una "deslealtad hacia las instituciones catalanas".
Entre los representantes de Forestalia citados a comparecer en el Parlament, están los 'exconsellers' de CiU Josep Grau y Felip Puig, además de Pere Palacín, exdirector general de Energia, que llegó a la Generalitat de la mano de Artur Mas y permaneció en la institución hasta que fue cesado por Quim Torra. La petición se ha realizado a la comisión parlamentaria de Acció Climàtica y deberán conseguir una mayoría para que salgan adelante.
Así lo ha anunciado la portavoz del grupo, Marta Vilalta, en una comparecencia acompañada del diputado Eugeni Villalví y algunos alcaldes de las poblaciones afectadas -Castell del Mur, Llorenç del Penedès y Vinaixa-. Según Vilalta, la construcción de estas MAT reproduce un modelo "caduco" y responde a los intereses de los "oligopolios de siempre", por lo que acusa tanto al PSC como a Junts de actuar en favor de los "intereses" de las grandes empresas y de "no ponerse al lado de la gente".
Además de las comparecencias, los republicanos han registrado también una moción que obligará a socialistas y posconvergentes a mojarse y adoptar públicamente una posición en la materia. El texto se votará en el pleno de la semana que viene y, además de oponerse a estas MAT, también exige al Gobierno "lealtad" y a la Generalitat que adopte medidas "legales y administrativas" para frenar los proyectos.
Se trata de tres líneas de Muy Alta Tensión diseñadas para transportar la energía producida en diversos parques eólicos de Aragón y promovidas por la empresa Forestalia. Una trascurre entre Grañén (Huesca) y Pierola (Anoia), la otra iría de Laluenga (también en Huesca) hasta Isona (Pallars Jussà) y una última de Valmuel (Teruel) hasta Begues. Según el diputado Villalbí, se trata de 338 quilómetros que afectarían 74 municipios y hasta 13 comarcas.