Los 6 escollos en la negociación del PSOE con ERC y Junts para la investidura de Pedro Sánchez

Una semana después de que el PP fracasara en su intento de investir a Alberto Núñez Feijóo, ni el PSOE ni los independentistas disimulan que ya están negociando la investidura de Pedro Sánchez. Nadie se atreve a darla por segura, pero nadie niega que la posibilidad es muy real. El viernes incluso hubo reuniones cara a cara en Barcelona. Estos son los seis principales escollos para llegar a un acuerdo. El referéndum En la conferencia del pasado 5 de septiembre en la que fijó sus condiciones para una negociación y un pacto con el PSOE, Carles Puigdemont no reclamó el reconocimiento del derecho de autodeterminación como requisito para apoyar a Sánchez. Para el ‘expresident’, sin embargo, en el acuerdo debe constar, directa o indirectamente, el inicio de una negociación de legislatura sobre el referéndum. ERC también sitúa esta condición. En un acuerdo poco habitual entre independentistas, JxCat y los republicanos aprobaron hace 10 días en el Parlament una resolución que condicionaba la investidura a que el Gobierno "se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum". Pero en cuestión de días ambos partidos han echado agua al vino de este texto. ERC, por ejemplo, precisó que lo que estaba reclamando era reactivar la mesa de diálogo para poder hablar allí de la consulta. Los socialistas, en cualquier caso, rechazan por completo un referéndum. Como mucho, están dispuestos a aceptar, al igual que hicieron durante la legislatura pasada en su pacto con los republicanos, que el Govern pueda plantear la consulta en las reuniones de una nueva mesa de diálogo con el Ejecutivo central. En los últimos años, cada vez que la Generalitat sacaba este asunto en las reuniones, la Moncloa respondía que los independentistas tenían derecho a reclamarlo, pero al mismo tiempo cerraban el paso a la iniciativa. El PSOE y el PSC volvieron a mantener esta postura tras la resolución del Parlament. En un gesto poco habitual dentro de estas negociaciones marcadas por el mutismo, los socialistas emitieron un comunicado en el que aseguraban que con el referéndum no hay “avance posible”, abriendo la puerta a la repetición electoral. Aun así, los colaboradores de Sánchez están convencidos de que habrá investidura. La figura del mediador Es una reclamación clásica de Junts. Ya la planteó en su día el ‘expresident’ Quim Torra a Sánchez, sin éxito. El Parlament también ha apoyado esta reclamación que ahora enarbola de nuevo Puigdemont. El motivo es doble: salir al paso de la desconfianza que separa a ambos espacios políticos y tratar de dar un relieve de Estado a la delegación catalana en la negociación. Pero los socialistas rechazan de plano un enfoque de este tipo. Fuentes de Junts apuntan que ante la negativa del PSOE se pueden buscar fórmulas en las que ambas partes consideren que no han cedido, pero insisten en que debe tratarse de una figura de perfil internacional, algo que excluiría opciones como la del PNV o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La amnistía Para ERC se trata de un hecho prácticamente consumado, que además los republicanos se atribuyen como mérito propio porque consideran que el pacto de la Mesa del Congreso con el PSOE ya la incluyó cuando abordó el compromiso de la desjudicialización. El PSOE nunca lo ha interpretado así. Dice que la negociación está en marcha y que no se sabe cómo acabará. Mientras tanto, Junts apuesta porque la amnistía acoja al máximo número de causas judiciales relacionadas con el ‘procés’ desde la consulta que promovió Artur Mas en 2014. Òmnium cree que deben amnistiarse 1.432 personas, entre las que no figura Laura Borràs pese a la voluntad de JxCat, pero no a los policías que intervinieron en el 1-O. Aquí hay un nuevo choque con el PSOE, que quiere incluir a los agentes, igual que Sumar, y descarta que la expresidenta del Parlament pueda beneficiarse de la medida, ya que fue condenada por un caso de prevaricación y falsedad documental que no está relacionado con el ‘procés’. Otro escollo será definir con precisión a qué causas beneficia para que los jueces que tendrán que anular los procesos lo hagan y no busquen subterfugios para negarse a ello. Finalmente, pero no menor, habrá que afrontar la descripción de qué significa la amnistía. Para el Gobierno, una medida de generosidad para el reencuentro que demostrará que han logrado pacificar Catalunya y poner fin al conflicto. Para Junts y ERC, el reconocimiento del Estado de una injusticia y la prueba de que organizar un referéndum no es un delito. La rivalidad Junts-ERC Ninguno de los pasos que dan los dos principales partidos independentistas, ninguna de sus declaraciones, de sus decisiones o de sus estrategias se apartan de un objetivo: la victoria frente al otro partido en el combate por la hegemonía secesionista. Y por ello, para el Gobierno el encaje de bolillos es especialmente difícil. Cada medida que se acuerde con ERC subirá automáticamente el precio que ponga Junts y viceversa. El PSOE deberá ir compensando ambas balanzas y trabajando discretamente. La prueba es que en la negociación de la Mesa del Congreso, ERC desconoció hasta el último minuto que Junts arrancaba un compromiso con la oficialidad del catalán en la UE. Ambos partidos no se dan tregua y aunque estén hoy por hoy exactamente en la misma posición –es decir, negociando- siguen acusando al partido rival de haber negociado peor, de no haber logrado ningún beneficio para Catalunya y de estar entregándose al PSOE. La renuncia de la vía unilateral Para Junts este escollo, que el PSOE pone como condición para la amnistía, tiene fácil solución. Como afirmó recientemente en una entrevista el negociador de Sumar, Jaume Asens, mientras Junts entre en la vía negociadora ahora y a lo largo de la legislatura estará renunciando, de facto, a la unilateralidad. Lo que no hará Junts es firmar una declaración solemne renunciando para siempre a esa vía. Defenderán, si es necesario, que su estrategia es pacífica y democrática, que nunca han estado en la ilegalidad –a su juicio- y que no lo pretenden. Es más, pueden comprometerse a encajar sus objetivos en la Constitución en cuanto al referéndum y a ceñirse al marco legal. Pero Puigdemont ya ha avisado que ese marco legal válido para él es el de la legalidad internacional. Torra ya aceptó trabajar con un marco, el de la seguridad jurídica. Rodalies y financiación Hay un sexto escollo fruto de una demanda que Esquerra ha logrado poner en la negociación tras reclamarlo desde la campaña electoral. El acuerdo de investidura, según los republicanos, debe tener, más allá de la amnistía y el referéndum, una tercera pata social o, como lo definen ellos, del "bienestar". En ella incluyen dos grandes peticiones: el traspaso 'integral' de Rodalies acompañado de una dotación presupuestaria y, finalmente, la reducción del déficit fiscal. Sobre los trenes, el líder del PSC, Salvador Illa, evidenció que algo se estaba moviendo cuando el jueves manifestó por primera vez que él no era "contrario" a completar el traspaso de la competencia. Lo complicado será ponerle una cifra. El mismo problema tiene la cuestión del déficit fiscal. Los republicanos asumen que no se acabará de golpe -la última estimación del Govern lo sitúa en 22.000 millones anuales-, pero exigen un "mecanismo de compensación" para reducirlo.

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