La propuesta de amnistía de Sumar plantea exonerar todas las "acciones" para lograr la independencia desde 2013

Sumar, la formación que lidera Yolanda Díaz, presentará el próximo martes en Barcelona el informe sobre el que articulará su propuesta de ley de amnistía, el núcleo central de las negociaciones para que ERC y Junts apoyen la investidura de Pedro Sánchez, evitando así la repetición de elecciones. El documento, de 39 páginas y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, aboga porque esta medida de gracia se aplique a "todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Catalunya tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta ley". Al mismo tiempo, la iniciativa también defiende que sean amnistiados los agentes de policía procesados por las fuertes cargas durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. Redactada por un equipo de reconocidos penalistas, el borrador de norma solo consta de dos artículos. En el primero, deja claro el perímetro de la futura norma en relación con el movimiento independentista. “Tendrá en cualquier caso dicha consideración todo acto relacionado con la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo relativo a la consulta sobre el futuro político de Catalunya de 9 de noviembre de 2014, como del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017, así como todo el desarrollado en la vía pública o por cualquier otro medio en defensa de dicho referéndum o realizado como protesta contra las decisiones gubernamentales o judiciales encaminadas a impedir su celebración o a perseguir penal o administrativamente a sus responsables”. Eso quiere decir que procedimientos como el que afecta a Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad por trocerar contratos, quedarían excluidos de una eventual amnistía. El texto, en cambio, sí incluye expresamente un total de 13 causas, entre las que figuran una de las diligencias que dieron origen al sumario abierto contra los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo y fabricación y tenencia de sustancias explosivas. La elección de la fecha a partir de la que se aplicaría la amnistía obedece, explican los autores, a que fue “el 23 de enero de 2013 cuando se produjo la resolución del Parlament por la que se aprobó la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya”. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Pero el documento también amplía la medida de gracia a los agentes policiales. “También serán amnistiados los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por las actuaciones realizadas para impedir la celebración del proceso participativo y el referéndum mencionados en el apartado primero del artículo anterior o el desarrollo de actos en defensa de dicho referéndum o realizados como protesta contra las decisiones gubernamentales o judiciales encaminadas a impedir su celebración o a perseguir penal o administrativamente a sus responsables, susceptibles de ser calificados como delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales y como delitos de lesiones de los artículos 147 y 148 del Código penal causadas por un uso desproporcionado de la fuerza”, señala el dictamen, que va más allá de proponer un articulado de la ley y expone los motivos por los que considera beneficiosa una amnistía que sus autores consideran que sería perfectamente constitucional. La propuesta, sin embargo, deja fuera de la futura norma “las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales de autoridad o funcionario público”. El marco temporal La fecha de enero de 2013 que recoge el documento encargado por Sumar coincide con el marco temporal de la propuesta que registraron en el Congreso en marzo de 2021 los partidos independentistas de la mano de las entidades. Entonces aún no se habían aprobado los indultos y exigían la libertad de los presos y la retirada de las acusaciones, cargos y condenas por “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado”, desde el 1 de enero de 2013, un margen que incluye a los encausados del 1-O, pero también de la consulta del 9-N de 2014. Cifraron entonces en 2.800 personas las personas que podían quedar amnistiadas. El pasado 11 de septiembre, Òmnium Cultural situó esta cifra en 1.432 personas. Lo que tampoco incluía la propuesta de los independentistas es a los policías que están procesados por las cargas durante el 1-O, a diferencia del informe que desde Sumar se ha puesto sobre la mesa. La apuesta de ERC, Junts, CUP y PDECat planteaba que la liberación de los presos fuera inmediata, mientras que para la retirada de condenas y causas fijaba un plazo de dos meses y el retorno de las fianzas y multas pagadas, así como que los afectados no tuvieran que responder más por estas acciones en el futuro. Los delitos y acusaciones que quedarían sin efecto con su propuesta de amnistía, detallaban, iban de la rebelión y la sedición, a los delitos contra el orden público, así como los delitos económicos, la malversación, prevaricación, falsedad, desobediencia, revelación de secretos y actos de expresión y de opinión que hayan sido vinculados a delitos de incitación al odio relacionados con el conflicto político. La presentación, el martes El informe será presentado el martes en Bacelona y está previsto que, además de Díaz, Jaume Asens, que ha pilotado el documento, suba también al escenario junto a la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar. A partir de este dictamen, que ya se ha trasladado a los grupos independentistas, el socio minoritario del -de momento- hipotético Gobierno de coalición articulará su propuesta de ley. El objetivo del dictamen es que haya unas bases para que la ley que finalmente se apruebe pueda pasar el filtro del Tribunal Constitucional. "No se trata de hacer la amnistía que guste a cada uno, sino una amnistía que pase el filtro de la Constitución", dijo Asens esta semana. El de Díaz, es el primer gran movimiento de la contrarreloj de las negociaciones para la investidura, mientras los socialistas continúan con sus discretas negociaciones con ERC y Junts y evitan pronunciar siquiera la palabra “amnistía”. Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno en funciones en La 2 y Ràdio 4, sus movimientos son previamente comunicados a Sánchez y ha defendido que los socialistas empiecen a hablar "con claridad" del asunto.

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