"La mejor forma de defender la Constitución es poner freno a cualquier quiebra unilateral", dijo tras aplicarse el artículo 155 con el apoyo del PSOE en octubre de 2017. "Seré coherente con la política de normalización en Catalunya, y ya estoy diciendo mucho", dejó caer el pasado 20 de septiembre. Entre las dos afirmaciones de Pedro Sánchez hay un trecho temporal y político. Seis años en los que se ha pasado de la entrada en prisión de los líderes del 'procés' con una Moncloa bajo la batuta del PP a la negociación de una suerte de amnistía con un PSOE que busca dar continuidad a su mandato a un poder que recuperó en la moción de censura de 2018 y que ahora brega por mantener. La desjudicialización se ha abierto paso a golpe de necesidad aritmética para la gobernabilidad, así como del cambio de estrategia de un independentismo cercado por los tribunales. Hasta el punto de que, ahora, con el fracaso ya consumado de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, el PSOE y los partidos independentistas entran en una nueva dimensión desconocida con la exoneración de las causas judiciales en el epicentro.