El 'president' Pere Aragonès está convencido de que puede agotar la legislatura hasta febrero de 2025. Sobre todo porque a ninguno de sus principales rivales le conviene elecciones en un momento en que la necesidad aritmética para la investidura de Pedro Sánchez aprieta y nadie quiere que descarrilen unas negociaciones que echan humo. Este es el premio de consolación de un Govern que sabía que el debate de política general sería el escenario que la oposición aprovecharía para apretarle las tuercas por su debilidad parlamentaria en el primer aniversario de su ruptura con Junts. Un mal trago para un Ejecutivo en minoría que trata de amortiguar exigiendo las bases para un referéndum y una amnistía que está a punto de someterse a examen con la incógnita de qué votará el PSC.