El Supremo no descarta que la negociación para investir a Sánchez retrase el fallo del TJUE sobre Puigdemont

Los tiempos de la política y los de la justicia no suelen coincidir, y, cuando lo hacen, no suele ser lo más conveniente para los encargados de protagonizar los primeros. A veces tampoco para los segundos. En el escenario político español actual, donde los diputados de Junts se han convertido en imprescindibles para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez, la situación judicial de su líder, Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde 2017, para evitar su responsabilidad penal por el 'procés', tendrá una especial relevancia tanto en un lado como en el otro del campo de juego. Tras el varapalo que supuso la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para las pretensiones del expresidente catalán de volver a España sin riesgo a ser detenido, Puigdemont ha visto cómo sus cartas para jugar la batalla política mejoraban sensiblemente por los buenos resultados obtenidos por su formación en las últimas elecciones. De ahí que, aunque negara a través de sus redes sociales la existencia de negociaciones propiamente dichas con el partido de Pedro Sánchez, tras escuchar sus condiciones desde Waterloo, la redacción de una ley de amnistía que ponga patas arriba las reglas del juego vigentes hasta ahora se presenta como inevitable. El Tribunal Supremo no descarta que esas negociaciones hagan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) retrase su dictamen sobre las medidas cautelares que planteará el propio Puigdemont en su recurso contra la sentencia del Tribunal General de la UE que le negó la inmunidad, al validar la concesión del suplicatorio cursado por el instructor del 'procés' en el Supremo, el juez Pablo Llarena. Mientras lo previsto era que la justicia europea se pronunciara en el plazo de un mes desde la interposición de la impugnación, ahora fuentes jurídicas creen que la actualidad política española retrasará la sentencia sobre el mantenimiento cautelar de la inmunidad del 'expresident'. Señalan que la visita de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, a Waterloo y el conocimiento público de que se prepara una ley de amnistía puede hacer al tribunal europeo no considerar prioritario la resolución de las cautelares planteadas en el recurso y retrasar su decisión. Agotar los tiempos El abogado del 'expresident', Gonzalo Boye, tiene previsto agotar el plazo para recurrir la sentencia del TGUE, lo que supone que no interpondrá la impugnación hasta el próximo día 15. Lo primero que resolverá el TJUE son las medidas cautelares; si las rechaza, el juez Llarena tenía previsto reactivar las euroórdenes, como le pidió la fiscalía nada más celebradas las elecciones del pasado 23 de julio. No obstante, en su decisión definitiva será determinante si para cuando lo haga ya se ha promulgado una ley de amnistía o se conoce el alcance que tendrá, porque él estaría obligado a aplicarla y a archivar el procedimiento que espera en estado latente en el Supremo a que el expresidente catalán esté algún día a disposición de la justicia española. Solo si la ley del perdón se retrasa o finalmente se frustra, y el TJUE rechaza devolver la inmunidad a Puigdemont mientras resuelve el fondo del recurso, el juez del Supremo volverá a solicitar la colaboración de los países europeos para detenerle, en esta ocasión, por un delito de malversación de caudales públicos, uno de los incluidos en el abanico de la corrupción y para los que está previsto la entrega de los reclamados de forma prácticamente automática. El juez Llarena quería evitar volver a cursar una euroorden contra Puigdemont para tener que retirarla unos meses después, si el TJUE le devolvía la inmunidad de forma cautelar. Por eso prefirió esperar a la resolución de las medidas cautelares que incluirá el recurso. En el caso de que la decisión del tribunal pase por concederle la inmunidad cautelar, el magistrado esperará a la resolución definitiva del TJUE sobre la protección de la que gozan los parlamentarios europeos. Y, en función del contenido concreto de la sentencia europea, determinará si mantiene la orden nacional de detención o si se ve obligado a levantarla. En cualquier caso, todo apunta a que para cuando la justicia europea adopte una decisión definitiva sobre el suplicatorio cursado por Llarena, el campo de juego habrá cambiado en España con la promulgación de una ley de amnistía que suponga el fin de la causa seguida en el Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés' huidos. Ese procedimiento acabó en condenas de hasta 13 años de prisión para los que prefirieron responder ante la justicia española, lo que obviamente haría innecesario ya cursar eurooren alguna. De promulgarse esa amnistía, Puigdemont y a los 'exconsellers' huidos (Toni Comín y Lluís Puig) podrían regresar a España sin riesgo alguno de ingresar en prisión con independencia de la resolución final de la justicia europea sobre el alcance de la inmunidad de los parlamentarios europeos.

El Supremo no descarta que la negociación para investir a Sánchez retrase el fallo del TJUE sobre Puigdemont

El juez Llarena solo reactivará las eurórdenes contra Puigdemont si el TJUE rechaza su inmunidad cautelar

¿Puede Sánchez conceder una ley de amnistía y el referéndum a Junts? Opinan los expertos

Lo más visto