¿Quién puede beneficiarse de la amnistía que ERC y Junts negocian con el PSOE?

El verano de 2023 y probablemente el otoño vendrá marcado por una ley de amnistía que se presume imprescindible para que los diputados de Junts apoyen la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. De su contenido concreto dependerá saber con precisión a quién beneficiará, y más si entre ellos se incluye a personas como la expresidenta del Parlament Laura Borràs, cuya condena a cuatro años de prisión obedece a delitos de corrupción, y no a haber ayudado a la celebración del referéndum ilegal el 1-O o a los altercados que se produjeron en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes independentista a penas de hasta 13 años de cárcel. A la espera de su promulgación definitiva -si finalmente esta es la vía elegida-, la propuesta de amnistía que presentaron ERC y Junts en 2021 abarcaba todo acto "de intencionalidad política, cualquiera que sea su resultado, tipificado como delito o como conducta administrativamente punible, realizado desde el 1 de enero de 2013" hasta la promulgación de la propia ley. Ello incluía "cualquier hecho vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favor, promoción, ejecución y celebración" de la consulta del 9-N -por la que fueron condenados el expresidente catalán Artur Mas y los 'exconsellers' Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, tanto penalmente como en el Tribunal de Cuentas- y del referéndum del 1 de octubre de 2017, "así como los actos de protesta en la vía pública que, con el fin de defender las citadas consultas o criticar la actuación de las autoridades gubernamentales o jurisdiccionales, hayan sido enjuiciados penal o administrativamente desde la fecha del citado referéndum". Con estas premisas las siguientes son las causas que, sea cual sea en el momento procesal en el que se encuentren, deberían ser archivadas en caso de que se acabara aprobando una amnistía del 'procés' en los mismos términos: Condenados y huidos de la justicia española Los primeros beneficiados de la promulgación de una amnistía serían los condenados por el Supremo a penas de hasta 13 años de cárcel, con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, a la cabeza. También los huidos para no enfrentarse a ese procedimiento judicial encabezados por el 'expresident' Carles Puigdemont. Aunque los primeros fueron indultados de las penas de prisión, siguen cumpliendo la inhabilitación a la que se les condenó, al entender el alto tribunal que, pese a la reforma penal realizada, que derogó la sedición y modificó la malversación, siguen siendo autores de este último delito en su modalidad más grave. En caso de que su actuación fuera amnistiada, Puigdemont y los 'exconsellers' que le acompañaron a Bélgica podrían regresar a España sin riesgo alguno de ser detenidos, puesto que ya no podrían ser castigados penalmente. Las que han regularizado su situación, como la 'consellera' Meritxell Serret, ya condenada a un año de cárcel, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, pendiente de juicio por desobediencia, también verían automáticamente anulados los procedimientos en su contra. Lo mismo ocurriría con Clara Ponsatí. Diputados de ERC y cargos intermedios del Govern Pendientes de juicio están los diputados de ERC en el Parlament Josep Maria Jové y Lluis Salvadó por su papel en los preparativos del referéndum unilateral del 1-O. Se entrentan a una petición fiscal de siete y seis años y tres meses de cárcel, respectivamente. Estas pesquisas derivan de la causa abierta contra exaltos cargos de la Generalitat, procedimiento que se retrasó al incluir a la ‘consellera’ de Cultura, Natàlia Garriga, aunque a ella solo se le imputa desobediencia por presuntamente "desatender los mandatos del Tribunal Constitucional". Por la organización del 1-O hay 28 exaltos cargos de la Generalitat y empresarios imputados. Entre ellos se encuentran la que era presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA); los exdirectores de TV-3 y Catalunya Radio Vicenç Sanchis y Saül Gordillo; el que fuera delegado del Govern ante la UE Amadeu Altafaj y el exsecretario del Diplocat Albert Royo. La amnistía supondría el archivo de estos procedimientos. Los CDR y las protestas contra la sentencia Donde se acumula el mayor número de imputados es en los distintos procedimientos abiertos por los altercados con los que fue recibida la sentencia del Supremo de octubre de 2019. Los dos procedimientos más importantes son los seguidos en la Audiencia Nacional. Uno se dirige contra una presunta célula de los Cómites de Defensa de la República (CDR) a la que se imputa terrorismo y la posibilidad de preparar sustancias explosivas. La otra es la de Tsunami Democràtic, en la que está previsto que a la vuelta del periodo estival se concrete quién está imputado y qué tribunal debe hacerse cargo de las pesquisas. Entre quienes la Guardia Civil sitúa en su cúpula está la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que espera a que se aclare su situación judicial en este procedimiento para regresar a España. Procedimientos contables ante el Tribunal de Cuentas El juicio contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros 34 encausados en el Tribunal de Cuentas está previsto para el 17 de noviembre. En él se enfrentan al pago de 3,4 millones de euros que, en caso de condena, serían devueltos a la Generalitat, por el 1-O y la acción exterior del Govern. La cantidad, abonada con fondos del Institut Català de Finances (ICF), debería darse por saldada en caso de amnistía. Los condenados por el 9-N en su día podrían recuperar los bienes que aportaron para cubrir la cantidad que se les ordenó resarcir por sentencia. Medio centenar de policías encausados por el 1-O Además de los independentistas encausados por el 'procés', hay casi medio centenar de agentes imputados por su actuación el 1-O para intentar impedir la votación. La ley de amnistía podría suponer también el fin de estos procedimientos, en función de los términos en que sea redactada finalmente. La dictada en 1977, en la transición de la dictadura franquista a la democracia, impidió perseguir judicialmente a los policías acusados de torturas por víctimas del franquismo.

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