Vox pierde su poder judicial y mediático, por Ernesto Ekaizer

El retroceso de Vox desde los 52 diputados en 2019 a los 33 actuales es parte de la verdadera pérdida de posiciones. Si se quiere, es la verdad aritmética, una parte de la verdad. ¿Por qué? Porque la fortaleza del partido de Santiago Abascal, que no oculta algunas pretensiones preconstitucionales, procedía del beneficio que le otorgaban los artículos 162 y 113 de la Constitución. Artículo 162 Están legitimados: Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. Artículo 113 El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. Abascal y su grupo de asesores comprendieron mejor que el Partido Popular de Pablo Casado la importancia jurídica, judicial y mediática, de los tribunales en lo que puede llamarse el Estado Judicial. “Los escritos de Vox han sido en la legislatura que arrancó en 2020 documentos redactados por juristas duchos, algunos de ellos abogados del Estado jubilados. Hay que reconocer que la calidad de esos recursos era muy superior a los que presentaba el PP”, dice una fuente judicial a El Periódico de Catalunya. Nada más formarse el primer gobierno de coalición del PSOE-Unidas Podemos, Vox hizo uso de la prerrogativa que permite a 50 diputados presentar estos recurso y elevó su primer recurso de inconstitucionalidad el 13 de febrero de 2020 contra la fórmula de juramento de la Constitución de 29 diputados de Esquerra Republicana de Catalunya, ΕΗ Βildu, Junts, CUP, y Unidas Podemos al constituirse el Congreso de los Diputados de la XIV legislatura porque “conjuraron contra” ella. Su acatamiento resultó, según el recurso, “irregular”. No era la primera vez que se presentaba un recurso de inconstitucionalidad contra los juramentos. Ya el PP lo había hecho en la XIII, la anterior legislatura, un recurso que seguía pendiente cuando Vox presentó el de la XIV legislatura. El del PP era un recurso testimonial que podría abrir paso al que realmente importaba ahora, en el arranque del Gobierno de coalición, en el umbral de la pandemia del coronavirus. Si esos 29 escaños fuesen declarados inconstitucionales, la XIV legislatura en curso quedaría en el aire, aparte de que quedarían cuestionadas las resoluciones adoptadas durante estos meses. El impacto de Vox fue inmediato. Seis magistrados conservadores solicitaron por escrito que el recurso de Vox también, como el del PP, se llevase a un Pleno del Tribunal Constitucional. Toda la actividad de Vox estuvo orientada durante la pandemia a desgastar al gobierno de Pedro Sánchez con recursos de inconstitucionalidad. El 28 de abril de 2020 recurrió el primer estado de alarma y el 11 de mayo la suspensión y los plazos de prescripción y caducidad de los procedimientos administrativos en el Congreso de los Diputados. También, como era previsible, recurrió con el antecedente positivo -admisión de la inconstitucionalidad- del primer estado de alarma, Vox recurrió la prórroga de seis meses el 6 de noviembre de 2020. Los cataclismos internos entre la mayoría conservadora y la minoría progresista fueron provocados por la habilidad de Vox y la eficacia de los recursos que fueron presentados en terreno fértil. Tanto Vox como los magistrados del sector conservador apostaban por la caída de Pedro Sánchez, producto de la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición y de los efectos devastadores en términos de vidas humanas, por un lado, y como resultado de las consecuencias económicas y sociales -caída de la actividad, desempleo- de la pandemia del covid-19. Las deliberaciones de los recursos dentro del TC eran objeto de filtraciones a la derecha mediática, que presentaba las resoluciones posteriores como los “varapalos” propinados por el tribunal al Gobierno de Pedro Sánchez. Vox consiguió amplificar notablemente el poder que le daban los 52 diputados, presentándose como una maquinaria arrolladora. A ello se sumaba la presencia del partido en la justicia ordinaria, a través de la personación directa o de asociaciones afines en todos los procedimientos judiciales en los que se desgastaba al socio de la coalición: Unidas Podemos. Su capacidad de atracción, por ejemplo, llegó al punto de que su recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del reglamento del parlamento de Asturias que permitía el uso de lengua bable, en marzo de 2021, consiguió el voto a favor de Encarna Roca, vicepresidenta del TC, quien hizo el correspondiente voto particular. Unos meses más tarde, al debatirse en el TC el estado de alarma decretado por el gobierno para combatir el coronavirus, Encarna Roca inclinó la votación hacia una mayoría favorable a la ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano, que admitía el recurso de Vox, de 6 contra 5. El viaje de Encarna Roca hacia la derecha y hacia Vox fue progresivo, producto, según fuentes judiciales consultadas, porque sus aspiraciones futuras, como por ejemplo ser la primera mujer presidenta del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras dejar el TC, no serían satisfechas. Era magistrada del TC desde julio de 2012, cuando fue propuesta por el parlamento catalán para serlo por el PSOE y CiU. La prédica de Vox había influido notablemente en la magistrada. “Cuando he visto el anteproyecto de ley de Seguridad Nacional le he dicho a mis letrados que ya estábamos en el momento del incendio del Reichstag”, explicó la entonces vicepresidenta del TC al intervenir el 14 de julio en las deliberaciones sobre el estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 por el gobierno de Pedro Sánchez y aprobado por 321 votos a favor el 25 de marzo de 2020 por el Congreso de los Diputados. ¡El incendio del Reichstag! Había, pues, comprado avant la lettre lo que sería bautizado como el régimen del sanchismo, tras el felipismo y el zapaterismo. Con las mociones de censura, Vox consiguió ocupar el centro de la escena parlamentaria el 20 de octubre de 2020, siete meses después de declararse el estado de alarma, con Abascal como candidato a la presidencia del Gobierno. Y la segunda en marzo de 2023, con la candidatura del exdirigente comunista, exdiputado de Izquierda Unida y exdiputado del CDS. Quizá con esta última pirueta Abascal inició el declive de Vox. Por tanto, privado de los derechos de los 50 y 35 diputados, respectivamente, que la Constitución otorga a los grupos parlamentarios para recurrir al TC y proponer mociones de censura, que Vox ha instrumentalizado, con la buena disposición de jueces y magistrados, su baja de peso en el Congreso se hará sentir de manera evidente en una XV legislatura. Siempre, claro, según los últimos resultados y hasta nuevas elecciones.

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La caída de los 52 a 33 diputados priva al partido de Santiago Abascal de instrumentos que utilizó con habilidad y disposición cómplice de jueces y magistrados durante la XIV legislatura como recurrir al Constitucional o lanzar mociones de censura

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