¿Por qué ni la fiscalía ni el juez Llarena tienen prisa en cursar una nueva euroorden contra Puigdemont?

Tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en la que se le retiró la inmunidad, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se apresuró a solicitar al Parlamento Europeo que se le garantizara que no sería detenido cuando se desplazara a su sede, en Estrasburgo. Al no lograrlo, no fue. Pero las euroórdenes contra él y el 'exconseller' que huyó con él aún no se han dictado y todo apunta a que ni la fiscalía ni el propio juez Pablo Llarena tienen prisa alguna en reactivarlas. Desde que se produjo la sentencia del TGUE desde fiscalía se transmitió un mensaje común a todo aquel que preguntaba: "no hay prisa" para instar una nueva euroorden. En un principio la máxima se relacionó con la necesidad de estudio de la resolución, pero transcurrida más de una semana desde que se dio a conocer el dictamen de la justicia europea quedó claro que la explicación debía ser otra, por lo que empezó a trasladarse la posibilidad de que el ministerio público hubiera decidido no actuar por la proximidad de las elecciones generales del próximo día 23. Cautelares Sin embargo, fuentes del alto tribunal explican a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA que el motivo es otro: esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie, no sobre el fondo del recurso anunciado por Puigdemont desde que conoció el revés que el Tribunal General había dado a sus pretensiones de garantizarse una protección para poder regresar a España, sino sobre las medidas cautelares de suspensión que incluirá la impugnación. Dichas fuentes explican que para recurrir la sentencia del TGUE tanto Puigdemont como Comín disponen de dos meses y 10 días, lo que supone que pueden interponer el recurso ante el TJUE hasta mediados de septiembre. En él plantearán la solicitud de que cautelarmente, hasta que el TJUE dicte su sentencia definitiva sobre la inmunidad y el suplicatorio que cursó Llarena para poder actuar penalmente contra ellos, se les mantenga una protección que impida su arresto en sus desplazamientos por Europa, como ya se decidió tras su arresto en Cerdeña. Antes de las europeas La decisión sobre estas medidas cautelares se espera que tarde alrededor de un mes en producirse. De ahí que no sea nada descabellado esperar a entonces para reactivar la euroorden. Hacerlo antes puede suponer volver a tener que dejarla en suspenso en octubre o noviembre, si el TJUE decidiera devolver cautelarmente la inmunidad a los dos eurodiputados. En el momento en que se rechazaran las medidas cautelares, se cursarían las euroórdenes y aún habría tiempo suficiente para hacerlo antes de que se celebren las próximas elecciones al Parlamento Europeo a las que Puigdemont ya ha dejado ver su intención de volver a concurrir. En esta ocasión la reclamación se centrará en el delito de malversación en su modalidad más grave, que puede penarse con hasta 12 años de cárcel. Los delitos propios de la corrupción como el de malversación están previstos entre los que cuentan con entrega automática a través de euroórdenes, aunque no sea lo más previsible en un caso con las circunstancias de este. En manos belgas En cualquier caso la última palabra la tendrán las autoridades belgas, que nunca se han caracterizado por ser muy favorables para las solicitudes españolas, ni en el caso del 'procés', ni con miembros de la banda terrorista ETA. De hecho, el instructor del 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, tuvo que elevar una serie de cuestiones prejudiciales al TJUE ante la negativa de aquel país a entregar a Lluís Puig. Con la sentencia que salió de esa consulta, en la que se estableció que un país no puede rechazar una entrega por euroorden salvo vulneraciones sistémicas de derechos por el país reclamante, lo que no era el caso de España, el juez Llarena podría cursar en cualquier momento una nueva para tratar de que el 'exconseller' de Cultura sea entregado a España, ya que es el único de los procesados declarados en rebeldía que no es eurodiputado. La que lo es también es Clara Ponsatí, pero su situación es radicalmente distinta a la de Puigdemont y Comín, puesto que ella solo está procesada por desobediencia, lo que impide que sea enviada a prisión provisional e incluso intentar reclamar su entrega por euroorden. El juez Llarena ha ordenado su detención si vuelve a España ante su incomparecencia a la citación en el Tribunal Supremo que le dirigió el pasado 24 de abril.

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