El Gobierno deja pendiente igualar a 500.000 euros las indemnizaciones por asesinatos de ETA

Un agravio histórico de las víctimas del terrorismo tenía los días contados... de no haber mediado el adelanto electoral: la diferencia de más de un 100% en la indemnización a los familiares de asesinados en atentados terroristas si el crimen tiene o no tiene sentencia. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido la voluntad del Gobierno este lunes ante las víctimas del terrorismo asociadas en la plataforma vasca COVITE, que llevan 13 años haciendo esta petición, pero el asunto se queda pendiente.

"Es la injusticia de que unas vidas valgan el doble que otras. Si el atentado tuvo autor conocido y sentencia judicial, el tope de indemnización es de 500.000 euros. Si fracasó la Justicia y no avanzó la investigación policial y por tanto el atentado no tiene aún sentencia judicial, el Estado indemniza con 250.000". Así resume Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, la situación creada por la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que topa a medio millón de euros las indemnizaciones por los asesinatos.

Mayoritariamente la ley mira a las víctimas de ETA y atentados posteriores a 2011. Los familiares de las personas a las que mataron las bombas de los trenes de Atocha -el atentado del 11-M-, recibieron 900.000 euros por fallecimiento. Pero fue una excepción que marcó la sentencia de la que fue ponente el magistrado Javier Gómez Bermúdez, fallo emitido cuando aún no estaba en vigor la restricción de la Ley de Víctimas.

El sí de Hacienda

Del encuentro de Covite con el ministro Marlaska ha salido un compromiso del titular de Interior a promover ante el comité electoral del PSOE que este compromiso vaya en el programa electoral. El asunto estaba encima de la mesa antes del final de la campaña del 28-M. "Estábamos muy cerca de conseguirlo", cuentan en Interior, al tiempo que recuerdan fuentes de ese ministerio que Marlaska promovió ante el grupo parlamentario que se trabajara en una proposición de ley.

En abril Covite pidió a Interior cuentas del compromiso, e Interior pidió a las víctimas tres semanas más de espera. El plazo se acababa el pasado 28-M... y al día siguiente se produjo el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocando elecciones generales.

En los días de espera se trataba de revisar con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, cómo podría abordarse presupuestariamente esta petición. Es de 400 millones de euros el montante que estima Covite para 379 crímenes reivindicados por ETA, considerando además la estela de heridos pendientes aún de indemnización. Las víctimas ofrecieron a Interior que fueran pagaderos en diversos ejercicios futuros. Hacienda no ha transmitido oposición alguna. La ministra Montero tiene desde hace meses una carta de las víctimas de Covite sin responder.

Se hace cada vez más estrecho el margen para incumplir esta petición, independientemente de quién gane las elecciones: si los socialistas logran formar gobierno tras el 23-J, hay un apoyo de Marlaska expresado antes de la campaña electoral; si son los populares quienes gobiernan tras los comicios, se verían en la tesitura de cumplir o incumplir una petición crucial de dos más de 1.000 damnificados por ETA, contando viudas, viudos y huérfanos, y que el Gobierno anterior estaba estudiando.

Medio millón como máximo

Fue precisamente un huérfano, el hijo de un policía nacional asesinado en Vitoria, el primero en advertir del agravio económico. Antonio Recio, abogado de la Seguridad Social y víctima del terrorismo de ETA, había leído en 2010 un borrador del entonces proyecto de ley de víctimas. En su actual redactado, la ley establece en su artículo 20: "La cantidad total a abonar por el Estado, en concepto de responsabilidad civil fijada en sentencia, no podrá exceder de las siguientes cuantías: Fallecimiento: 500.000 €. Gran Invalidez: 750.000 €. Incapacidad permanente absoluta: 300.000 €. Incapacidad permanente total: 200.000 €. Incapacidad permanente parcial: 125.000 €. Lesiones no invalidantes: 100.000 €. Secuestro: 125.000 €".

La clave está en la condición fijada en el mismo artículo: las indemnizaciones son pagaderas "en concepto de responsabilidad civil fijada en sentencia". Los damnificados por crímenes mortales de ETA que la banda reivindicó, y que las Fuerzas de Seguridad certificaron como atentado terrorista, pero que no han sido aún juzgados, han percibido 250.000 euros... los que lo han conseguido.

Ese mismo criterio es el que se aplicó en las indemnizaciones del Estado a las víctimas de los atentados yihadistas del 17-A en Barcelona y Cambrils: tope de 500.000 euros, sin contar mejoras autonómicas.

El asunto de las diferentes percepciones se trató en diciembre pasado en una reunión del Patronato del Memorial Víctimas del Terrorismo, en el que, además del presidente del Gobierno, están los titulares de Interior, Defensa, Presidencia y Hacienda. En aquel encuentro, Pedro Sánchez tuvo conocimiento directo del agravio. También el exalcalde de San Sebastián y entonces diputado, Odón Elorza.

Fue este parlamentario el que se puso a trabajar en el tema en el seno del grupo socialista. Pero poco tiempo después, el 31 de enero, Elorza dejó su escaño.

El PP presentó en el Congreso el pasado 3 de mayo una proposición de ley orgánica "sobre crímenes de ETA sin resolver y sus víctimas para el cumplimiento del informe de 21 de abril de 2022 del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo". El proyecto hace cuatro menciones a la "humillación" de las victimas del terrorismo en actos públicos, pero ninguna a la indemnización.