La 'era Laura Borràs' en el Parlament: batalla con los funcionarios, dimisiones y condenas

La elección de una nueva presidencia del Parlament pondrá este viernes fin a la era de Laura Borràs al frente de la institución. Poco más de dos años de mandato convulso que ya arrancó a sabiendas de que un juicio podía truncar su trayectoria como segunda autoridad de Catalunya, pero al que se han sumado también otras polémicas relacionadas con la gestión y con el perfil político del que ha hecho gala. Presentada a sí misma como "hija del 1-O", una de las voces que más ha ejercido de ariete independentista contra ERC, propensa a la retórica inflamada, partidaria de la salida de Junts del Govern y con un carácter que, pese a haber generado adhesiones incondicionales, le ha supuesto tener cada vez más detractores en su propio partido, Borràs, que también se ha consolidado como un verso libre emancipado de Carles Puigdemont, asumirá de forma definitiva el título de expresidenta de la Cámara catalana. En su mochila carga con una sentencia de cuatro años y medio de prisión por prevaricación y falsedad documental por su etapa en la Institució de les Lletres Catalanes que atribuye a una "persecución política" y que todavía no es firme, motivo al que se acoge para reivindicar que este no es su ocaso porque piensa continuar siendo la presidenta de Junts. Pero la huella que deja en el Parlament -y fuera de él- va más allá de su situación judicial y se concentra en seis episodios que radiografían hasta qué punto la Cámara ha continuado atrapada en la excepcionalidad también cuando se han dejado atrás los años álgidos del 'procés'. Una investidura sin unidad Para ERC, la presidencia de la Generalitat; y para Junts, la del Parlament. Es el acuerdo al que llegaron los dos grandes partidos independentistas para el reparto del poder tras las elecciones del 14 de febrero de 2021. Borràs declinó entrar en el Govern y apostó por un atril desde el que concibió que podía ejercer de contrapeso a Pere Aragonès. Los republicanos, que sudaron para apuntalarse en la presidencia, no discutieron entonces que en su historial arrastrara una causa judicial que podía dar al traste con su mandato. Eran conscientes de ello y así lo admitían fuera de foco, pero se priorizó desencallar la investidura y la formación de gobierno. La CUP advirtió de los riesgos y se negó a darle un voto afirmativo, pero se abstuvo para impedir que un candidato no independentista asumiera el cargo. Los equilibrios eran frágiles desde el principio porque partían de estrategias irreconciliables, por lo que era cuestión de tiempo que la triangular acabara saltando por los aires. Polémica con los funcionarios La tormenta más inesperada que recayó sobre Borràs fue su gestión del escándalo sobre las licencias por edad, que permitían a los funcionarios de la institución prejubilarse con 60 años y seguir cobrando sin ir a trabajar y que suponían un coste de 1,7 millones para la institución. La dirigente intentó apuntarse el mérito de haber ordenado su supresión sin negociación con los trabajadores después de un intento inicial de acotarlas, pero el caso ha acabado judicializado porque algunos de los que tenían ya concedido este privilegio tuvieron que regresar a su puesto y aún hay otros pendientes de hacerlo. A esta patata caliente se sumó la dimisión de la secretaria general del Parlament Esther Andreu después de que su hijo obtuviera una plaza de ujier y que no quedara claro si intervino o no en el proceso de selección. Andreu fue nombrada por Borràs en substitución de Xavier Muro, de quien el 'expresident' Quim Torra había pedido el relevo por sus resoluciones sobre el 'procés' y la retirada del escaño a orden de la Junta Electoral Central, y la polémica sobre su hijo se sumó al enfrentamiento que mantuvo con el exletrado mayor Antoni Bayona por cómo proceder con las licencias de edad. Hace más de un año que el cargo de secretario general está vacante y el órgano de transparencia fue renovado por dimisiones. La pérdida del escaño de Pau Juvillà Desde su nuevo atril recién estrenado, Borràs proclamó en su primer discurso como presidenta que iba a "mantener la inviolabilidad del Parlament, su independencia, no permitiendo injerencias del ejecutivo ni del judicial". Se comprometió a no actuar de la misma manera su antecesor, Roger Torrent, a quien señalaba por haber impedido la investidura a distancia de Puigdemont y de haber permitido que Torra perdiera su condición de diputado. Su retórica chocó con la realidad cuando el diputado de la CUP Pau Juvillà fue condenado por negarse a retirar unos lazos amarillos de la Paeria y la Junta Electoral ordenó la retirada de su escaño. Su destino acabó siendo el mismo que el de Torra pese a que Borràs defendió que sin sentencia firme seguiría siendo diputado. A sabiendas que desobedecer supondría abrir otra causa penal contra ella, la dirigente de Junts no opuso resistencia a la orden de pérdida de su condición de diputado, aunque atribuyó la responsabilidad de su salida de la Cámara a la voluntad de los funcionarios. Una suspensión inédita Terminó llegando el día en que se le abrió juicio oral a Borràs. De poco le sirvió que proclamara a los cuatro vientos que no había cometido "ningún delito" y que señalara que era víctima de "'lawfare'", ya que ni ERC ni la CUP secundaron sus argumentos y votaron junto con el PSC su suspensión como presidenta de la institución en julio del año pasado. Se le aplicó el artículo 25.4 del reglamento, que hace referencia a la pérdida del cargo cuando se afronta un juicio vinculado a la corrupción. Tanto Borràs como Junts han señalado que se trata de una norma que vulnera la presunción de inocencia y que debería de desaparecer, motivo por el que se negaron a un relevo que ha supuesto casi un año de interinidad en la Cámara. La dirigente redobló entonces su ofensiva contra ERC y su apuesta por la salida del Govern: "Han venido vestidos de jueces hipócritas, no de diputados". Desde su suspensión, ha asistido desde el palco de invitados a los plenos con actitud desafiante ante la republicana Alba Vergés, que siendo vicepresidenta primera del Parlament asumió también las funciones de presidenta de forma coral con la socialista Assumpta Escarp, vicepresidenta segunda. La caída de su mano derecha Las semanas previas a la suspensión estuvieron precedidas por un episodio que situó a Borràs en el ojo del huracán y aumentó los decibelios del conflicto al entorno de su figura tanto dentro como fuera de Junts. Su mano derecha, el diputado Francesc de Dalmases, agarró por el brazo y abroncó a puerta cerrada a una periodista que trabajaba en el programa 'Preguntes Freqüents' de TV-3 después de una entrevista con la que la dirigente de Junts se mostró molesta. Eso le acabó costando la dimisión de Dalmases de la vicepresidencia del partido, así como una amonestación pública y una multa del Parlament, situación que erosionó el poder de Borràs en la dirección. El malestar interno fue 'in crescendo'. Y más cuando, después de haber sido apartada de la presidencia de la institución, en el homenaje de los atentados de La Rambla acabó mostrando complicidad con un grupo de manifestantes que boicotearon el minuto de silencio, hecho que enojó a las víctimas. La misma dirección del partido envió un comunicado lamentando la situación. Sola ante la condena Sola la dejaron el resto de partidos independentistas cuando afrontó el juicio y sola estuvo también cuando encajó la condena de cuatro años y medio de cárcel. De hecho, incluso dentro de la dirección de Junts su apoyo es reducido pese a que el secretario general, Jordi Turull, ha procurado acompañarla en los momentos de más tensión a la espera de que las consecuencias de la causa judicial cayeran por su propio peso y mientras ya se pensaba en su relevo. La defensa de su escaño por parte de la Mesa del Parlament cuando llegó la orden de retirada de la Junta Electoral ha seguido los mismos derroteros que la de Torra y la de Juvillà, aunque con poco entusiasmo por parte del independentismo. Todos los partidos de la institución, a excepción de Junts, le había pedido que se marchara por su propio pie considerando que ha sido condenada "por corrupción". No lo hizo y alargó tanto como pudo el bloqueo de una presidencia que quienes la auparon sabían que podía ser corta y explosiva, pero que no calculaban hasta dónde llegaría su onda expansiva.

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