El 21 de diciembre de 2018, Ignacio, de 19 años, participaba en una concentración contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona cuando efectivos de la Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra comenzaron a disparar proyectiles foam. Cuando se encontraba en la calle Fustería, uno de esas balas viscoláticas le impactó directamente en el testículo derecho. Tras ser trasladado a un centro sanitario, fue operado y se le amputó este órgano. El colectivo Irídia de defensa de los derechos humanos ha identificado al escopetero de la policía que lanzó el proyectil y ha entregado al juzgado de instrucción que investiga el suceso un detallado informe pericial con su identificación. El análisis se ha realizado a partir de las imágenes incorporadas a la causa.

La investigación corre a cargo del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona y se inicio a raíz de la querella presentada meses después de los hechos por Ignasi. El colectivo Irídia, que ejerce la acusación particular, pidió de entrada que se oficiara a la División de Asuntos Internos de los Mossos para que informara sobre lo sucedido y aportara las indagaciones internas para identificar al autor del disparo y quién le dio la orden de disparar, que ahora ya se sabe quien fue.

La policía de la Generalitat aportó a la causa las imágenes grabadas por el propio cuerpo policial en el momento de la lesión, así como datos sobre los cinco agentes del grupo de antidisturbios que actuaron y que ya han declarado como imputados ante el juez, pero no identificó al que había efectuado el disparo. A través de esos vídeos, el peritaje impulsado por Irídia sí que ha podido reconocer al escopetero. Este colectivo denuncia que los agentes no iban identificados con el número operativo policial (NOP), algo que incumple la normativa.

Irídia sostiene que la manifestación en la que participó Ignasi fue pacífica y que en el momento en que se disparó el proyectil no había desórdenes en la calle. Sin embargo, los agentes declararon ante el juez que tuvieron que hacer uso del foam por los altercados que se estaban produciendo. "En las imágenes se ve la separación entre los manifestantes y la policía", asegura un miembro de este colectivo. Desde la entidad se estima que la actuación de los Mossos es "especialmente grave" porque causó una "lesión severa" y porque se efectuó "sin que se dieran las circunstancias" para poder hacerlo.

Según el protocolo policial, inciden, no se puede disparar a un manifestante si no se está poniendo el riesgo la vida o la integridad física de los agentes o de terceras personas y, en su opinión, no es el caso de Ignasi, que no fue detenido ni acusado de delito alguno.

La prohibición

El colectivo considera que, como ya pasó en el caso de Roger Español (perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma lanzada por la policial), "en que también la sociedad civil fue quien llevó a cabo esta investigación e identificó al responsable", los mecanismos de investigación interna de los Mossos "no son suficientemente efectivos" y, según ha precisado Sonia Olivella, miembro del colectivo de derechos humanos, "no funcionan".

De ahí que soliciten una creación de un grupo de control público externo e independiente, a la vez que reclaman su prohibición y que el Ejecutivo catalán cumpla con la recomendación del Parlament de que se dejen de usar por parte de la policía catalana proyectiles peligrosos de foam SIR-X. "Son armas que no son de precisión y que vulneran las recomendaciones internacionales", ha apuntado Irene Udalgo, de Irídia. Julia Pérez, de Amnistía Internacional, y Carles Guillor, de Stop Bales de Goma, han insistido en la necesidad de mejorar los mecanismos de control.

Sobre esta falta de colaboración por parte del departamento de Asuntos Internos de los Mossos, Irídia pone el ejemplo del caso de la mujer que recibió un disparo de foam en fin de año de 2019 y que sufrió, como consecuencia, un traumatismo craneoencefálico grave, con pérdida de oído y epilepsia permanente. Según el colectivo de defensa de los derechos humanos, a pesar de "la gravedad de los hechos, que además constituye una mala praxis y un posible delito" (está prohibido apuntar a la cabeza), no consta ningún expediente sancionador.