'Fact-check' al Gobierno: los compromisos incumplidos del PSOE y Podemos

A la legislatura le quedaba poca vida, pero aún la suficiente para aprobar una veintena de leyes. Sin embargo, la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones el 23 de julio, tras el batacazo que sufrió la izquierda en las urnas autonómicas y locales, ha dado carpetazo a todas estas iniciativas. El Gobierno de coalición se deja así sin realizar varios de los compromisos que el propio Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en diciembre de 2019. A finales de 2022, la Moncloa calculaba que habían cumplido el 66,7% de todas las promesas adquiridos desde la investidura de Sánchez. Esto es todo lo que faltaba en el tercio restante: Fortalecimiento democrático En el acuerdo de coalición, PSOE y Unidas Podemos señalaron la que iba a ser una de sus primeras medidas. Ambas formaciones se comprometieron a modificar la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', que aprobó el PP en 2015, "a la mayor brevedad". Hasta marzo de este año no se llegó a lo que parecía un acuerdo del Gobierno con sus socios para retocar el texto. Sin embargo, la negativa del PSOE a prohibir el uso de pelotas de goma, entre otros asuntos, llevó a ERC y EH Bildu a votar en contra. La ley sigue igual que hace nueve años. Además, el Gobierno ni siquiera empezó a trabajar en la ley de libertad de conciencia que prometió y la ley de secretos oficiales, de la que el Ejecutivo dio algunas pinceladas este verano, no se ha terminado de redactar. En un punto muy similar ha terminado la legislatura la reformar el sistema electoral para que este resultara más proporcional. El Estatuto del Becario y la reforma laboral Uno de los grandes logros del Ministerio de Trabajo ha sido cumplir con la promesa de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros mensuales. Sin embargo, en el tintero se ha quedado la elaboración del estatuto del becario, cuyas negociaciones estaban muy avanzadas, y la actualización del estatuto de los trabajadores, la cual apenas se había comenzado a hablar. También quedó pendiente algunas medidas que no se incluyeron en la reforma laboral de 2021 como endurecer las causas de despido, limitar la capacidad de las empresas para modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo o establecer que el descuelgue salarial debe ser por causas económicas graves. Sanidad y educación Más allá de los considerables aumentos que se han hecho en los presupuestos de sanidad y educación, alcanzando cifras récord en ambas cuestiones, el Ejecutivo bicolor se comprometió a eliminar el copago de medicamentos y blindar el sistema de salud ante futuras privatizaciones. Ambas iniciativas se recogían en un proyecto de ley que llevaba meses bloqueado en el Congreso y que estaba provocando tiranteces entre los socios. Con la disolución de las Cortes, la iniciativa ha decaído. En materia de educación, ha quedado pendiente implementar un plan para universalizar la educación de 0 a 3 años. Aun así, el Gobierno ha estado transfiriendo una mayor dotación presupuestaria a las comunidades autónomas para que puedan poner en marcha esta medida. En el apartado cultural, también queda pendiente la elaboración del estatuto del artista o la aprobación de la ley por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales, que se iba a debatir la pasada semana. Competencias y financiación El Ejecutivo ha cerrado la legislatura con una deuda pendiente con la Generalitat de Catalunya, el traspaso de las competencias en materia de formación sanitaria especializada, salvamento marítimo y gestión de las becas y ayudas al estudio. Además, a nivel territorial, tampoco ha encarado uno de los principales retos, acordar con las comunidades un nuevo modelo de financiación autonómica que reemplace al actual, que lleva siete años caducado. En diciembre de 2021, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, envió a las comunidades una propuesta y les dio hasta finales de enero de 2022 para presentar alegaciones, desde entonces ha pasado casi un año y medio y no se han producido avances significativos. Derechos Sociales El Gobierno se ha dejado también en el tintero la ley de familias que aprobó el Consejo de Ministros a mediados de diciembre. La norma, que incorpora ayudas y permisos para facilitar la conciliación y reconoce la diversidad familiar, establece dos bajas laborales retribuidas de nueve días y una de ocho semanas sin sueldo, aunque en las últimas semanas se estaba negociando que fuera parcialmente retribuida. No obstante, las conversaciones por la falta de financiación paralizaron la norma. Por último, ha quedado pendiente que el Consejo de Ministros diera el visto bueno al anteproyecto de ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos.

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