Las 3 claves sobre el futuro político de Laura Borràs tras la retirada del escaño en el Parlament

Después de que la Junta Electoral Central (JEC) acordara retirar el escaño a la presidenta suspendida del Parlament y líder de Junts, Laura Borràs, tras ser condenada a cuatro años y medio de prisión y a 13 años años de inhabilitación por los delitos de falsedad y prevaricación, la Cámara catalana se ha reunido este jueves para ejecutar la decisión al notificar el Tribunal Supremo que desestima las cautelares. La decisión implica que Borràs sea apartada de la Cámara catalana pese a que la sentencia todavía no es firme, y marca así el futuro político de la posconvergente dentro y fuera de JxCat. El relevo en el Parlament El Parlament ha ejecutado la orden, tal y como estaba previsto. ERC ha dejado claro que este caso no está relacionado, a su juicio, con la "represión" del Estado al independentismo y no ha apoyado a Borràs en sus intentos de no ser apartada como presidenta de la Cámara ni en su respuesta a la sentencia. Los republicanos sí consideran que la JEC se extralimita, pero de ahí a desobedecer y jugarse una sanción hay un largo trecho. Además, la Mesa cuenta con dos precedentes, el caso del diputado Pau Juvillà y el del 'expresident' Quim Torra, también apartados por un sentencia y, en el caso del primero, Borràs, con funciones entonces de presidenta, no cumplió su promesa de blindar al Parlament, porque la Cámara actuó quitándole el acta de diputado. Ahora se abre el baile de sillas para relevarla al frente del Parlament, que lleva meses en interinidad. Los fieles a Borràs han lanzado la posibilidad de dejar el cargo vacante, algo que choca con las intenciones del secretario general, Jordi Turull, quien formalmente no muestra sus cartas. Si JxCat no mueve ficha podría acceder al cargo un diputado de otro partido si se forjan las alianzas necesarias, pero ERC se abre a pactar con los posconvergentes un relevo tranquilo de un perfil moderado como es Anna Erra o Marta Madrenas. La presidencia de Junts La gran batalla será la que se libre dentro de Junts, todavía más después de la victoria de Xavier Trias en las elecciones de Barcelona. Lo que ahora es una guerra de guerrillas silenciosa entre los fieles a Borràs y quienes la detestan, se puede convertir en una batalla campal. La contienda puede terminar con la convocatoria de un congreso extraordinario y con peticiones explícitas para que Borràs asuma responsabilidades. Se podría activar la comisión de garantías, que es la que ha de decidir si su caso es 'lawfare' (guerra sucia judicial) o no. La cuestión de fondo sigue siendo la existencia de dos mentalidades contrapuestas sobre qué tiene que ser Junts (un movimiento independentista o un partido moderado), sobre las vías para acceder a la independencia y sobre la posición de JxCat en el eje izquierda-derecha. Los que quieren recuperar moderación y la centralidad están hartos de Borràs y blanden sus resultados electorales. Los fieles a la dirigente denuncian que el partido se está volviendo autonomista y de derechas. La batalla judicial Pese a la desestimación de las cautelares, Borràs va a pelear por su inocencia ante el Tribunal Supremo. Sus argumentos siguen siendo no solo que es inocente, sino víctima de una "persecución política", con un caso que se ha instruido "de forma irregular" a su parecer (pese a que los Mossos llevaron a cabo parte de la investigación) y con una sentencia que cree que carece de fundamento. Sin embargo, en esta aventura no la ha seguido ningún otro partido independentista ni parte del suyo propio, que se ha desmarcado claramente cada vez que se han organizado actos de apoyo a la presidenta de JxCat. El recorrido judicial no será rápido y, mientras tanto, la sentencia hace que la JEC tome sus medidas contra el escaño de Borràs. Ella denuncia una actuación invasiva del órgano administrativo que, sin embargo, cuenta con una base legal, la LOREG, que prevé retirar el escaño sin sentencia firme. No hay un criterio homogéneo para la gestión de los casos de corrupción en política y sus consecuencias en los cargos de quienes son investigados. Los partidos convenían que la apertura de juicio por delitos vinculados a la corrupción era motivo suficiente para suspenderla en aplicación del artículo 25.4 del reglamento (lo propuso hace diez años el entonces 'president' Artur Mas), pero cuando afecta a las propias filas, las fuerzas políticas suelen cambiar su parecer. En el caso de Borràs, Junts alegó 'lawfare' y que no había enriquecimiento personal para oponerse a la suspensión.

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