Irene Montero: "Los bulos de la extrema derecha sobre la ley trans hacen dudar a mujeres que defienden los derechos humanos"

La ministra de Igualdad, , llega a la redacción de Diario de Ibiza, del grupo Prensa Ibérica, pasado el mediodía, mientras en el mismo recinto en el que ella va a participar en un mitin de Podemos, Pedro Sánchez arenga a sus seguidores y compañeros de partido. Esta semana se aprueba la ley de vivienda. En Ibiza ciudad , por ejemplo, se ha hecho recientemente un estudio que revela que hay 1.000 pisos vacíos y otros 4.000 de los que se desconoce la situación, probablemente porque también están vacíos. ¿Cree que la nueva ley servirá para sacarlos al mercado? Sin duda, pero para eso hay que aplicarla hasta sus últimas consecuencias y eso solamente lo va a hacer Unidas Podemos. En un territorio como las Baleares y especialmente en Ibiza, donde se ve muy magnificado. Efectivamente hemos hecho y hemos conseguido una cosa que parecía imposible: que está ley de vivienda reconozca la necesidad de intervenir en el mercado de la vivienda. Hablo de limitar los pisos turísticos, crear una inmobiliaria pública que garantice que la vivienda está a un precio asequible y dejar de dar manga ancha a los buitres que han convertido la especulación con la vivienda en el principal problema de muchos ciudadanos y ciudadanas en toda España, pero particularmente en Balears y en Ibiza de una forma muy acentuada. Con estas medidas, ¿cómo hacemos para que los propietarios de estas 5.000 viviendas las alquilen o las vendan a quien las necesite? Evidentemente hay muchos detractores a una ley de vivienda que es histórica en nuestra democracia. Por primera vez se plantea la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda desde lo público para que sea antes un derecho que un bien con el que los especuladores puedan especular. Entiendo que hay miedo y eso siempre lleva a lanzar bulos, a decir que el modelo de la intervención no funciona, pero en las principales capitales europeas está siendo lo que permite que en las zonas tensionadas no suban abusivamente y por tanto haya una regulación. Evidentemente para eso hace falta valentía y la intervención del mercado de la vivienda es la política pública que permite garantizar la vivienda como un derecho y no como un bien con el que especular. ¿Que va a molestar a la patronal rentista?¿Que va a molestar a aquellos que han hecho el negocio más gordo de sus vidas a costa de que desde lo público se mirase para otro lado para no garantizará la vivienda como un derecho? Lo entiendo. Pero, desde luego, ahora mismo lo que necesitan las familias en Balears, en Ibiza y en toda España es que haya una limitación clara de los precios de los alquileres. PP y Vox hablan de un favorecimiento de la okupación a raíz de esta ley, ¿cómo se debe actuar con las okupaciones? Desmontando los bulos. El otro día veía un vídeo de un periodista, Javier Ruiz, explicando cuáles son los datos reales de la okupación en nuestro país. Con los datos en la mano, el problema de nuestro país y de la vivienda en nuestro país tiene que ver con la especulación, no con la okupación, que representa según datos algo muy marginal. El problema de la vivienda en nuestro país es que hay miles de familias que tienen que invertir más del 50% de la renta total que tienen en pagar un alquiler o en afrontar el pago de su hipoteca. Siendo un problema minoritario, ¿existen suficientes herramientas para luchar contra la okupación en España? Hay que actuar para garantizar la vivienda como un derecho. Si eso fuese fácil, seguramente no sería el principal problema que tienen muchas familias. Pero que no sea fácil no quiere decir que no tengamos que intentarlo y que no se pueda conseguir. Prueba de ello es que allí donde Unidas Podemos gobierna, estoy pensando por ejemplo en Valencia, se están haciendo políticas públicas históricas en materia del derecho a la vivienda. Un año antes de que el PSOE anunciara que iba a poner las viviendas de la Sareb a disposición para el alquiler social, el vicepresidente del País Valencià, Héctor Illueca, ya había negociado la cesión de casi 600 viviendas de la Sareb para el parque público de vivienda. ¿Cree que deberían comprometerse todos los condenados por delitos relacionados con ETA que integran las listas de EH Bildu a renunciar al acta de concejal? Creo que Bildu ha dado un paso importante que contrasta con una derecha y una extrema derecha que son incapaces de hacer una campaña electoral sin sacar todos los clásicos: ETA, Venezuela... Al final esta derecha y extrema derecha hablan de ETA porque no quieren que hablemos de las mordidas que la señora Ayuso le estaba regalando a su hermano Tomás Díaz Ayuso. Necesitamos que haya campañas electorales en las que se hable de los problemas que están afectando a la vida de los millones de personas que viven en nuestro país. Respecto a lo que me preguntaba, creo honestamente que la sociedad vasca lleva muchos años construyendo paz y construyendo convivencia. Su partido en Euskadi calificó este hecho de situación "grave y lamentable" después de que usted no le diera importancia. Creo que todos los partidos hemos dado contundentemente nuestra opinión. Bildu ya ha dado una respuesta y creo que lo que tenemos que hacer es respaldar ese proceso de construcción de la paz y la convivencia que la sociedad vasca lleva ejercitando durante tantos años. También denunciar la desvergüenza que supone, por parte de la derecha y la extrema derecha, usar el dolor de las víctimas para intentar que en la campaña no se hable de los problemas reales de los ciudadanos y de las ciudadanas, ni de la desvergüenza que implica la derecha cuando gestiona con recortes, privatizaciones y mordidas de la señora Ayuso a su hermano Tomás Díaz Ayuso. ¿Pueden generar desconfianza en su partido las continuas discrepancias dentro de la coalición de gobierno? Creo que la gente no es tonta y tiene mucha más cultura democrática de lo que muchas veces los poderes mediáticos quieren dar a entender. La gente sabe que el gobierno de coalición en España, también el gobierno de coalición en Baleares, son gobiernos que están garantizando y permitiendo el avance en derechos. La gente es muy consciente de que estos son gobiernos que avanzan en derechos y que si avanzan en derechos es fundamentalmente porque Unidas Podemos está con fuerza en esos gobiernos. Si ya hemos conseguido todo esto siendo la fuerza minoritaria, la gente tiene que imaginarse lo que podríamos conseguir teniendo más fuerza o siendo incluso la fuerza mayoritaria en esos gobiernos. Una de esas leyes que generó división en el gobierno, y en el colectivo feminista, es la conocida como Ley Trans por aspectos como la autodeterminación de género, ¿faltó diálogo? Fíjese que, precisamente, la libre determinación de la identidad de género es una demanda unánime de todas las personas lgtbi, no sólo de las personas trans. Además la Unión Europea está reconociendo que es la única forma de garantizar los derechos humanos de las personas trans. Para mí ha sido tremendamente doloroso ver cómo el PSOE dudaba. Unidas Podemos, las feministas y las personas lgtbi muchas veces muy solas haciendo frente a los malditos bulos de la derecha y de la extrema derecha. Usted defiende que las más de 1.000 reducciones de penas y excarcelaciones de condenados por delitos contra la libertad sexual ha sido por una mala interpretación de la ley del ‘sólo sí es sí’, otra norma polémica dentro de la coalición, ¿su partido ha actuado contra alguna de estas decisiones judiciales? Lo primero, esto no lo digo solo yo. Esto lo dice también la Fiscalía General del Estado con consenso de todos los fiscales y las fiscales de sala. Plantean claramente que hay una aplicación inadecuada y que, además, esta aplicación inadecuada la lleva a cabo una minoría de tribunales. Según los datos del propio Consejo General del Poder Judicial, dos tercios, es decir la inmensa mayoría de las revisiones de condena, no se saldan con rebajas de pena, se mantienen las penas en adecuada aplicación de la ley y del derecho transitorio. A partir de ahí, evidentemente yo no solamente me quedo en el rechazo rotundo a esas decisiones judiciales de rebajas de condenas aunque sea minoritarias. Con solo una víctima que esté sufriendo por una decisión judicial de rebaja de condena ya tendríamos motivos suficientes para actuar. Precisamente por eso, durante meses trabajé con todo lo que tenía a mi alcance, para tratar de alcanzar un consenso y un acuerdo con el PSOE y con la mayoría de investidura, para dar una respuesta adecuada al dolor y al sufrimiento de las víctimas y a la alarma social que se había generado. Desgraciadamente el PSOE decidió pactar un recorte en derechos en esa ley con el PP. Creo que es necesario decirles a las mujeres de nuestro país que los derechos feministas no se negocian con el PP y que había margen suficiente para tener una propuesta de acuerdo que diese respuesta a las víctimas y nos permitiese a la vez sostener el consentimiento como centro del código penal. ¿Se planteó dimitir de su cargo tras la enmienda de su propio gobierno a una de las banderas de su ministerio? Lo que pensé es que era más importante que nunca que hubiese gente que, desde el gobierno, dijese con claridad que los derechos feministas no se pactan con el PP. En una misma legislatura se ha producido un avance de derechos y después un retroceso en el consentimiento como centro del código penal que han pactado el PSOE y el PP, con mucho dolor para mí como ministra. Así que es más necesario que nunca que exista un Ministerio de Igualdad con un claro compromiso de aplicar toda la ley del sólo sí es sí hasta las últimas consecuencias. Está ley es una ley pionera en la lucha contra las violencias sexuales. Por primera vez en España el Estado tiene obligaciones con las víctimas de violencia sexual. Con el 8% que denuncia y también con el 92%, la inmensa mayoría, que nunca denuncia las violencias, precisamente por miedo a no ser creídas o por miedo a una inadecuada respuesta judicial. ¿Y no cree que hubiera errores en el texto que llevaran a que los jueces aplicaran así la ley? Fíjese que, como le digo los datos que le doy no son míos, los da el CGPJ y la propia Fiscalía General del Estado. Esos datos indican, como le digo, que la mayoría de los jueces están aplicando bien la ley y que hay una minoría que está rebajando penas, en inadecuada aplicación tanto de la ley como el derecho transitorio. Pero en todo caso. El PP y el PSOE, cuando defendieron ese retroceso en derechos de las mujeres, dejaron claro que ni su reforma ni ninguna otra reforma iba a poder evitar las decisiones judiciales minoritarias de rebajas de condenas. No hay ninguna reforma de la ley que vaya a evitar las decisiones judiciales, aunque sean minoritarias, de rebajas de condenas. ¿Qué opina del baile de partidos a los que apoya Yolanda Díaz en estas elecciones? Bueno, nosotras le hemos pedido hace muchos meses a Yolanda que hiciese campaña por Unidas Podemos. Hemos llegado a más acuerdos de unidad que en ningún otro proceso electoral en esta convocatoria de municipales y autonómicas. Ella toma sus decisiones y la ciudadanía puede opinar al respecto. Nosotras celebramos que apoye a los candidatos y a las candidatas de Podemos, porque creemos que son los mejores candidatos y candidatas. En el terreno personal, ¿cómo es su relación? Sé que eso genera mucha curiosidad, pero tenemos una relación normal. Lo importante de la actividad política, más allá de que podamos tener mejores o peores relaciones, es que seamos capaces de armar buenas propuestas. Creo que tampoco hace falta engañar a la gente, porque no es idiota. Tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo, nosotras se lo hemos dicho con claridad a Yolanda, querríamos haber tenido un acuerdo antes de que empezase este ciclo electoral y que queremos un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar. Eso me parece lo más relevante. No quedan para tomar cañas. Bueno últimamente no quedo para tomar cañas con nadie (ríe). Espero tener algo de tiempo después de la campaña. ¿Por qué creen necesario un supermercado público? Porque creemos que es una necesidad y que funcionaría una empresa pública de supermercados, Precios Justos, con precios justos para los productores y también para los consumidores. Y que nos permita plantar cara a un oligopolio alimentario que sube los precios muy por encima de las posibilidades de las familias y también poniendo en riesgo a muchos pequeños y medianos productores de nuestro país. Eso se afronta desde lo público, en estricto cumplimiento del artículo 128 de la Constitución, que dice que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, es decir pública o privada, está siempre en manos del interés general. Me habla de oligopolio pero su discurso se centra en Joan Roig, ¿y los demás? En este país estábamos acostumbrados a que a los grandes empresarios no se les pudiese nombrar. No era ser un buen político nombrar a quienes se están lucrando a costa de vulnerar el libre mercado y también de generar sufrimiento y precios altos para las familias y convertir por tanto la alimentación en un negocio en lugar de un derecho.. ¿Cree que Joan Roig vulnera el libre mercado? El señor Joan Roig es propietario de Mercadona y Mercadona tiene por sí solo el 25% de la cuota de mercado en el sector. Hay otras grandes empresas como Carrefour, que también controlan buena parte, pero ninguna como Mercadona. Creo que no pasa nada por decir que Joan Roig forma parte del oligopolio alimentario. Él mismo reconoció que estaban subiendo desproporcionadamente los precios y eso no puede tener cabida en nuestra democracia. Él podría argumentar que la subida de precios es generalizada por la inflación y que Mercadona es un negocio. Es legítimo hacer negocio, sí, pero no a costa de poner en peligro un derecho fundamental como es la alimentación y que haya miles de familias que no pueden darles a sus hijos e hijas la comida que quieren o que creen que es mejor para ellos. Por suerte, hay mecanismos que funcionan desde lo público, desde lo común, para garantizar que los derechos sean antes que los bienes con los que especular. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer negocio, pero la garantía de derechos es lo primero.

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