Las cuentas pendientes tras la exhumación de José Antonio

Ya está casi, es inminente... El último rumor que circula entre las familias que han solicitado rescatar restos de sus parientes inhumados en el Valle de los Caídos indica que a finales de mayo se llegará a la primera caja en las criptas objeto de discretos trabajos estos días, en el silencio del enorme recinto monumental y funerario excavado en el risco madrileño de Cuelgamuros Pero el “ya está a punto” ya lo ha oído otras muchas veces Fausto Canales, el decano de los litigantes contra los monjes del Valle y Patrimonio Nacional, que busca los huesos de su padre, Valerico, y su tío Víctor, asesinados el 20 de agosto de 1936 cerca de Pajares de Adaja (Ávila) y llevados años después al monumento. “Aunque ahora parece que sí, que puede ser antes de que acabe el mes… Pero nadie nos dice nada”, comenta este jubilado, que a sus 88 años lleva más de 20 de terca pelea. “No hay constancia oficial ni se nos ha comunicado nada”, dice el abogado Eduardo Ranz, que consiguió hace siete años de un tribunal de San Lorenzo de El Escorial la primera sentencia favorable a exhumaciones privadas en Cuelgamuros -un permiso judicial para sacar de allí a los hermanos Antonio Ramiro y Manuel Lapeña, anarquistas fusilados en Aragón- y que hoy lleva los casos de los ocho primeros peticionarios de un total de 120 que esperan restos. Cuestión de tiempo Los huesos de José Antonio Primo de Rivera salieron del Valle con destino a un tumba privada en Madrid el pasado 24 de abril, y después de este gesto del Gobierno le quedan aún cuentas pendientes a la Memoria Democrática. La principal de ellas es el tiempo, la prisa en los hallazgos y exhumaciones que quedan por realizarse, no todas las que podrían ser, pues los expertos de la Secretaría de Estado de Memoria calculan que hay cerca de 20.000 restos de desaparecidos irrescatables. El calendario pasa más rápido cuando se tienen ya 88 años, como los que cuenta Canales. Su madre murió a los 99 en 2005 sin poder recuperar el cuerpo del esposo, y su hermano falleció el año pasado con el mismo deseo incumplido. Ya murió también, hace dos años, Manuel Lapeña, descendiente de los hermanos Lapeña, esperando que se ejecute la sentencia que le dio la razón. “Hay que darse prisa. Se van muriendo aquellos que una vez jugaron en las rodillas que hoy son huesos enterrados en cunetas”, advierte Matías Alonso, veterano activista de la Memoria Histórica en Valencia, y uno de los edificadores de la actual Ley de Memoria Democrática. Alonso ha impulsado una de las más recientes exhumaciones de republicanos fusilados en Valencia. En Enguera, nueve habían sido enterrados poniéndoles encima el mausoleo del médico fascista José María Albiñana, asesinado en la Cárcel Modelo de Madrid. Al homenaje tras el rescate de los republicanos acudió el pasado 1 de mayo desde Terrassa Manuela Claumarchirant. Su padre, Carlos, era un jornalero de Enguera. Cuando ella nació, el padre quiso volver al pueblo a conocer al bebé, “y ahí lo engancharon”, cuenta a este diario su nieta, María Dolores. Al Carlos Claumarchirant le quitaron la vida en el paredón de Paterna. “Cuando vino la pandemia, mi madre lloraba -relata Dolores-, porque pensaba que ya no le iba a dar tiempo de ver enterrar a su padre”. Manuela Claumarchirant tiene 84 años. Ley por cumplir El tiempo vital apremia, y también el político. La legislatura se agota sin que a la fiscalía especial que establece la Ley de Memoria de momento se haya dado más contenido que una aprobación del Consejo de Ministros, más allá de lo que ha trascendido acerca de la ex fiscal general y exministra María Dolores Delgado como elegida para el puesto. El final de la legislatura se aproxima también sin que se haya constituido el Consejo Estatal de la Memoria y el Registro Estatal de Entidades que lo acompaña. De momento hay un texto de real decreto, sometido a evaluación ciudadana hasta el próximo 16 de mayo. “A esta ley lo que le falta es que se cumpla”, ironiza Emilio Silva, coordinador de la Agrupación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), pionero en la búsqueda de fusilados y una de las figuras del memorialismo más escépticas con la ley, de la que denuncia carencias. Silva se tema que la Fiscalía de Memoria “se limitará a recoger archivos. ¿De verdad va a investigar a los malos?” Y con esto hace referencia a una de las exigencias de la ARMH que no están contempladas en la ley: un censo de autores de las matanzas del franquismo. Papeleo En torno al altar de la basílica de la Cruz de los Caídos ya no están las tumbas de Franco y José Antonio, pero, recuerda Ranz, “queda una gran cantidad de elementos de la simbología de exaltación franquista en las calles”. El sector más crítico del mundo memorialista percibe como blanda la Ley de Memoria, desprovista de elementos coercitivos. Por ejemplo, “¿va esta ley a suponer la demolición de un arco de triunfo franquista que se levanta a un kilómetro de la residencia del presidente del Gobierno?”, desafía Silva. Ranz asiste en su trabajo diario a otro tipo de renuencias. Aplicar el mandato de la Ley en materia de concesión de nacionalidades a los hijos del exilio “está siendo muy complicado -relata el abogado-. Los consulados piden citas presenciales. Algunos, como el de La Habana, no ha concedido aún ninguna cita. Y los trámites son muy difíciles en los consulados de México DF, Guadalajara, Montpellier, Chicago…” Puede que la razón para la lentitud sea el desconocimiento. Al despacho de Ranz ha llegado a llamar algún cónsul preguntando en qué consiste esta medida y cómo se cumple. Un nuevo valle Las actuaciones más inmediatas tras el traslado de los restos de José Antonio tendrán como objeto al Valle de Cuelgamuros, para su transformación en un centro de interpretación del nacionalcatolicismo franquista, como se ha propuesto la Secretaría de Estado de Memoria. Antes llegaría la salida de la comunidad de benedictinos que actualmente custodia el recinto, para lo cual es preceptiva una reunión previa del consejo de administración de Patrimonio que aún no tiene fecha. La resignificación del Valle, como también los trabajos de exhumación, calcula Canales, “quedarán ya fuera de esta legislatura. Y si hay cambio de gobierno, se acabó”. La conversión del monumento en un cementerio civil y un museo enlaza con el flanco pedagógico de la ley, y con una de las acciones pendientes en materia de Memoria: “Falta la adaptación de los currículos educativos”, apunta Ranz. Aunque para eso también falta materia que enseñar. La ARMH quiere censar las víctimas de todos los bombardeos que sufrió Madrid en la Guerra Civil, pero no puede. Hay 32.000 fichas en el Archivo Regional de Madrid, pero “no hemos podido acceder; no nos deja la Comunidad esgrimiendo la Ley de Protección de Datos”, lamenta Silva. “Hay una parte importante de la juventud que no está informada ni pedagógica ni políticamente -lamenta Canales-. Es un déficit tremendo de educación cívica y democrática, especialmente ante la ola revisionista del franquismo, que no es mera resistencia conservadora, es una batalla cultural”. La falta de didáctica y el paso del tiempo juegan contra la Memoria, cree Matías Alonso. “El nexo sentimental entre generaciones desaparece. Los que vivieron la exclusión se mueren, y los nietos y bisnietos ya no tienen esa visión”. Provisionalidad A la ley le faltan también medidas que la afiancen, “o le podría pasar como a la Constitución -advierte Alonso-, que ordena cosas como que todos tengamos vivienda digna pero no se cumple”. Se trata, indica, de impedir la provisionalidad de sus mandatos si, tras unas elecciones, accede al poder un gobierno de signo contrario a la coalición que ha sacado adelante este texto legal. En materia de Memoria no se han producido derogaciones, pero sí sustituciones de organismos por otros acorde a la nueva ideología en el poder (en Castilla y León o Andalucía), cierres de grifo presupuestario (Galicia) o, simplemente, interrupción total de una actividad emprendida. Carlos Urkijo, veterano activista de Gesto por la Paz en los años duros de Euskadi, fue el director de la Oficina de Atención a Damnificados por Crímenes Franquistas en el ayuntamiento de Madrid bajo gobierno de Manuela Carmena. Hoy gobierna ese consistorio el popular Martínez-Almeida, que desmontó esa oficina al llegar. No sabe Urkijo dónde habrán ido a parar las diez grabaciones de testimonios de represaliados que le dio tiempo a recoger a aquel organismo. El programa, simplemente, fue parado. “Estarán en algún disco duro”, supone.

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