En estos tiempos hay muchos que consideran que todo lo que no gusta es delito y puede ser llevado a los tribunales. Afortunadamente estas iniciativas pocas veces prosperan, porque lo contrario significaría que los jueces tendrían la última palabra en todas las decisiones, incluidas las adoptadas por cualquier gobierno. Eso es lo que ha ocurrido con la querella presentada por dos abogados contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el director de Justícia Global i Cooperació Internacional, David Llistar, por la ruptura de relaciones de la capital catalana con Israel por la ocupación de Palestina, que ha sido rechazada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.