Podemos negocia con el PSOE que el permiso parental de 8 semanas sea retribuido

La legislatura está en su recta final. Apenas quedan ocho meses para las elecciones generales, con campaña autonómica y local y vacaciones de verano de por medio, y el Ejecutivo está dando el último empujón legislativo. Sobre la mesa está la ley de familias, la única norma estrella que le queda a Unidas Podemos por aprobar y todo apunta a que será en los próximos meses. Sin embargo, el texto no está cerrado del todo. Los morados siguen negociando con el PSOE para que el permiso parental de ocho semanas que recoge la norma sea retribuido. Al menos, parcialmente, aseguran fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. La norma, emanada del departamento que dirige la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, recoge la creación de un nuevo permiso parental de ocho semanas para cuidar de su hijo hasta que este cumpla los ocho años. Sin embargo, no establece que esta baja sea remunerada. El Consejo de Estado, en su informe preceptivo, señala que de esta forma no se da cumplimiento a la directiva de la Unión Europea 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar. Los morados se han aferrado a este dictamen para retomar una negociación que ya perdieron en el seno del Gobierno de coalición. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales señalan que están "presionando" a sus socios socialistas para modificar este aspecto de la norma y que esa baja de ocho semanas sea remunerada, al menos, "parcialmente" o "durante algunas semanas". La negociación podría extenderse a lo largo de los próximos días, ya que el plazo para registrar enmiendas está previsto que termine el próximo jueves. Aún así, después seguirían teniendo herramientas parlamentarias para retocar la norma. La legislación comunitaria Desde 2021, la baja por maternidad y paternidad se igualó en 16 semanas de prestación. Seis de esas semanas son obligatoriamente posteriores al parto, ininterrumpidas y a jornada completa. Las 10 restantes se pueden disfrutar por periodos semanales, de forma acumulada o interrumpidamente, dentro de los 12 meses siguientes al parto. A este respecto, España cumple sobradamente la normativa europea. Sobre todo en el caso de los hombres, dado que la legislación comunitaria solo establece que tienen "derecho a un permiso de paternidad de diez días laborables". Sin embargo, en la directiva europea de 2019 se incluye también el permiso parental. En su artículo 5.1 se establece que los estados miembros garantizarán "que cada trabajador tenga un derecho individual a disfrutar de un permiso parental de cuatro meses que debe disfrutarse antes de que el hijo alcance una determinada edad, como máximo ocho años". Más adelante, en el artículo 8.3 se detalla que respecto a este permiso "el Estado miembro o los interlocutores sociales definirán dicha remuneración o prestación económica, y lo harán de manera que se facilite el que ambos progenitores puedan disfrutar el permiso parental". Las diferencias en España El Consejo de Estado, en su informe, hace notar que "existen dos aspectos de la regulación [española] en los que no hay una plena coincidencia con lo que establece la Directiva". Por un lado, la duración, cuatro semanas inferior a la regla europea y, por otro, la remuneración. Sobre este punto en concreto detallan que se han producido muchas alegaciones al considerar que "un permiso no retribuido no favorece la conciliación como lo hace uno ligado a la percepción de una prestación económica". Además, subrayan que el incumplimiento no resulta tan flagrante en el caso de los hombres, dado que España supera en mucho el mínimo de 10 días de permiso de paternidad retribuido establecido en Europa, como en el caso de las mujeres. Con la legislación española vigente y dado que las ocho semanas de la ley de familias no son retribuidas, las mujeres pueden tener 132 días de baja con prestación, mientras que con la directiva europea se quiere alcanzar los 158 días. Con este informe en la mano, emitido a mediados de marzo, los morados han visto la "posibilidad de presionar" al PSOE y llevan varias semanas negociando. No obstante, el plazo se va acortando cada vez más dado que finaliza el proceso de enmiendas y la intención de ambos grupos es que la ley esté aprobada a la mayor brevedad posible. Aunque ahora no se alcanzase un acuerdo, la directiva europea, y así lo recuerda el Consejo de Estado, marca el 2 de agosto de 2024 como la fecha límite para poner en vigor este apartado.

Lo más visto