La batalla de Doñana de PP y Vox enreda a la Comisión Europea

No es extraño que los partidos españoles trasladen su pelea política a Bruselas. Es incluso habitual en el Parlamento Europeo y, particularmente, en su comisión de peticiones, uno de esos espacios destinados a dar voz al ciudadano que se convierten demasiado a menudo en un ring de boxeo para las formaciones españolas. Sin embargo, pocas veces una disputa entre el Gobierno de un Estado miembro y el principal partido de la oposición había escalado tan rápido y generado una onda expansiva a tan alto nivel como la que ha salpicado y enredado de lleno esta semana a la Comisión Europea, a quien el líder y presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, para malestar de la institución ‘guardiana de los tratados’, ha acusado directamente, en una declaración sumamente inhabitual y muy en clave electoral, de “comportamiento partidista” entorno al plan de regadíos para la zona norte del Parque Nacional de Doñana. ¿Cuándo arrancó el caso? Las denuncias por la existencia de más de un millar de pozos ilegales y la “extracción abusiva e insostenible de agua” en el entorno de Doñana para el cultivo intensivo de fresas empezaron a llegar hace casi una quincena de años, alrededor de 2009. Pero no fue hasta 2014, y tras una larga investigación, cuando el Ejecutivo comunitario abrió un procedimiento de infracción por vulneración de varias directivas europeas, entre ellas la normativa sobre agua y la directiva de hábitats que culminaba en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE y una condena a España dos años más tarde, en 2021, por no proteger el humedal, no haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las extracciones para el abastecimiento urbano en la elaboración del plan hidrológico del Guadalquivir 2015-2021 y no haber previsto ninguna medida correctora. ¿Por qué ha resurgido ahora? El caso ha vuelto a estallar a raíz de la toma en consideración en el Parlamento andaluz de una proposición de ley del PP y Vox, presentada el pasado 3 de marzo, a tres meses de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, que cambiará la clasificación de 1.600 hectáreas de suelo forestal para considerarlas agrícolas regables con agua superficial lo que de facto supondrá ampliar la zona regable en un humedal ya sobreexplotado y bajo presión. Un plan que ha sido objeto desde hace meses de cartas y reuniones y, sobre todo, de una ola de advertencias de Bruselas, tanto de la directora general de medio ambiente, Florika Fink-Hooijer, como del comisario del ramo, sobre posibles multas de no cumplir la sentencia del TJUE de 2021. ¿Cuál es el diagnóstico de Bruselas? Tanto por carta como en respuesta parlamentaria y de viva voz la Comisión Europea ha trasladado al PP andaluz que el plan de regadíos que plantea no va en la buena dirección, sino que podría tener efectos “desastrosos” en la conservación del ecosistema del humedal. “Si se adopta tal y como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana, uno de los mayores de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000”, decía el lunes el portavoz de medio ambiente tras el viaje relámpago del consejero de medio ambiente andaluz, Ramón Fernández-Pacheco. Esta respuesta fue la que activó la maquinaria popular. ¿Desde cuándo se ha convertido en parte el PPE? Dos días después del jarro de agua fría recibido por Fernández-Pacheco en el despacho del comisario de medioambiente, Virginijus Sinkevicius, la jefa de filas del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, volvía a la carga denunciando la actitud de la Comisión. Esta vez secundada por el presidente del Partido Popular Europeo, la formación a la que también pertenece también la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. “Lo que necesitamos es una Comisión que intente aportar soluciones, que intente unir a la gente, y no dividir por un trasfondo político partidista”, reclamaba Manfred Weber en un tono duro que escala precisamente a un mes de las elecciones municipales, a tres meses de la presidencia española de la UE el próximo 1 de julio y a año de las próximas europeas. “Tengo que ser muy claro: veo al comisario con una camisa roja haciendo campaña por (Pedro) Sánchez en vez de ser un verdadero creado de soluciones”, añadía quien fuera la primera apuesta del PPE en 2019 para presidir el Ejecutivo comunitario y que finalmente fue relegado por los líderes europeos en beneficio de su compatriota alemana. ¿Cuál ha sido la reacción de la Comisión? El propio comisario Sinkevicius marcó el terreno el mismo miércoles: “Doñana es importante para España y para la UE. Me he reunido con Ramón Fernández-Pacheco, Teresa Ribera, Manfred Weber, Iratxe García y Dolors Montserrat para escuchar a todas las partes. Mi mensaje es el mismo: la Comisión Europea actúa como guardiana imparcial del Tratado y la implementación de la sentencia del Tribunal es una prioridad”. Veinticuatro horas después la presidenta en persona, a través de su portavoz, avalaba a su equipo. “Por supuesto que tiene confianza en el conjunto de miembros del colegio de comisarios”, afirmaba con rotundidad el portavoz Eric Mamer evitando entrar en la disputa política. “Lo que podemos decir muy claramente es que la Comisión aquí cumple su papel de gestión de un expediente basándose en la legislación en vigor y las sentencias del TJUE en este ámbito. Y se ciñe estrictamente a este papel institucional”, añadía. En el equipo de Von der Leyen entienden perfectamente el juego político del Parlamento Europeo, la única institución europea elegida por sufragio universal, y que el cruce de reproches se haya disparado en vísperas de los próximos procesos electorales, pero insisten en queda al margen de esos juegos. "La Comisión es un órgano institucional, cuyos miembros vienen de diversos partidos y países, y cuyo cometido es hacer una gestión neutra como guardián e intérprete de los tratados", insisten.

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