Los funcionarios paran la Justicia hasta lograr arrancar al ministerio una subida salarial

Sin haberse aún podido recuperar de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los juzgados y tribunales españoles se han visto inmersos en otro conflicto laboral: los funcionarios empezaron este lunes con paros en las horas en que se celebran los juicios, lo que provocó la suspensión de muchos, entre ellos, uno de los que tienen más visibilidad: el del caso Gürtel, en el que se está juzgando al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps.

Con la amenaza encima de la mesa de que los jueces se unan a las protestas a partir de mayo, cuando tienen previsto una reunión de la mesa de retribuciones, los funcionarios procedieron a visibilizar el conflicto que mantienen con una manifestación para reclamar mejoras salariales y laborales con independencia, dicen de lo acordado con los letrados de la Administración de Justicia tras tres meses de huelga.

Alrededor de 10.000 trabajadores, según los sindicatos, y 7.000, según las autoridades, marcharon desde el Ministerio de Justicia hasta el de Hacienda y Función Pública para exigir que, en la reunión que mantendrán este jueves con el equipo de Pilar Llop les hagan una oferta económica y otra que incluya las labores que aseguran estar realizando sin que les corresponda, así como las previstas en la ley orgánica de eficiencia organizativa, anunciada por el Ministerio de Justicia.

El sindicato Csif asegura que la huelga de 24 horas, que ha convocado para este miércoles junto a STAJ, CCOO y UGT ha tenido un seguimiento cercano al 90%, una media de 700.000 procedimientos y actuaciones paralizadas, así como decenas de miles de juicios suspendidos. Calcula que la Justicia necesitará dos años para ponerse al día tras estos paros. El Ministerio cifra el seguimiento en un 28'39%; el lunes lo calculaba en un 18,23, mientras que los sindicatos en más del 80%.

Tres millones sin realizar

"Todo el trabajo judicial pasa por nuestras manos. En el día de hoy podemos estar hablando fácilmente de 100.000 juicios suspendidos, y de millón y medio, dos millones o tres millones de actuaciones procesales que no se van a realizar", afirmó el responsable de Justicia de CSIF, Javier Jordán.

Con pancartas, banderas y chalecos de los sindicatos, algún disfraz y al grito de "no más funciones sin retribuciones", los funcionarios recorrieron la Gran Vía y la puerta del Sol hasta llegar al Ministerio de Hacienda, donde los portavoces de CSIF, CCOO, STAJ y UGT han celebrado el "éxito" de la marcha a la que han acudido trabajadores de toda España.

"Ya está bien de que el trabajo que realizamos nosotros se retribuya a otros cuerpos", ha abundado Antonio Lozano, de UGT, en referencia a la subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes firmada con los letrados de la administración de Justicia, informa Efe.

Pese a que los sindicatos se movilizaron justo después de su acuerdo, Jordán ha defendido que sus reclamaciones se remontan a hace "más de veinte años". "Hoy se puede comprobar que la Justicia está parada y que nadie está trabajando, porque sin nosotros no hay Justicia", ha asegurado.

La Consejería de Justicia de Madrid cifra el seguimiento de la huelga en el 48% de los funcionarios convocados en esta comunidad autónoma. Entre los juicios suspendidos, uno por una estafa a octogenarias, que tendrán que volver para declarar otro día.

Aún sin datos de la última jornada, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) calcula que se ha suspendido el 21% de los juicios previstos para los dos primeros días de paros. Añade que con un 87,5% de vistas suspendidas, los juzgados de lo Social fueron los más afectados el lunes, que se saldó con un total del 30% de señalamientos suspendidos en Madrid. El martes se suspendieron el 12% de los señalamientos. En la Audiencia Provincial apenas se celebraron el 3% de las vistas.

Fuentes del Ministerio no ven cercana una propuesta retributiva y argumentan que se trata de una negociación en la que deben intervenir también las comunidades autónomas con competencias en Justicia. Son todas, salvo Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.