La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido por la Constitución. Y, además, tiene una protección reforzada en el caso del discurso parlamentario. Sin embargo, puede tener límites. Así lo apuntan los letrados del Parlament en un informe del pasado mes de enero, elaborado a petición de la Mesa, y al que se acogen ERC y CUP para reformular el reglamento del Parlament e incluir la prohibición de los discursos de odio. Su intención es frenar los postulados que la extrema derecha de Vox despliega en la Cámara catalana.