Govern y partidos tratan de aislar la crisis de la sequía de las elecciones municipales

El Govern y los partidos con representación en el Parlament se reunirán en el Palau de la Generalitat este viernes con el objetivo de hallar soluciones consensuadas para combatir la sequía que padece el territorio tras más de 30 meses con una pluviometría bajo mínimos. A dos meses de la celebración de las elecciones municipales, cabía tener fe en un gran milagro para que el déficit hídrico no se convirtiera en arma arrojadiza entre formaciones y entre algunos de estos y el Govern. Huelga decir que el milagro no se ha producido y la bronca por la gestión de la sequía, en particular por la promulgación de un decreto por parte del Executiu sin consultarlo con las fuerzas parlamentarias (según sostienen PSC y Junts, contra las afirmaciones republicanas) ha saltado ya a la primera línea de la tensión informativa, tras algunas semanas agazapada tras otros asuntos. ERC ha visto las orejas al lobo y cree que la reiteración del mantra de que gobiernan sin ningún tipo de apoyo (más allá de sus 33 escaños) y, a pesar de eso, evitan el diálogo con los otros partidos mayoritarios, PSC y Junts, les puede pasar factura. El objetivo del Govern para esta cumbre pasa por lograr algún tipo de acuerdo que desactive cualquier tentación de convertir la sequía en arma electoral. Por mor de favorecer el pacto, los republicanos se han abstenido, incluso, de difundir a los cuatro vientos sus propias propuestas, tanto el Govern como ERC, para evitar la confrontación directa con la oposición. La medida tiene un segundo efecto. Si lo aprobado no funciona, ni el rastro de miguitas de pan entre el acuerdo y los partidos políticos, para ver quién es el autor moral, no conducirá hasta los republicanos. Sombra alargada En el Govern son conscientes de que las municipales condicionan el debate político y también la crisis del agua. Explican fuentes del Executiu que aislar la precampaña de la gestión del agua supone un desafío importante. Reconocen que todos los partidos quieren tener satisfechos a los municipios en los que son hegemónicos, por lo que intentarán llevar las medidas hacia su terreno. De todas formas, en la Agència Catalan de l'Aigua (ACA), reivindican el hecho de que ningún alcalde se haya puesto en contacto con ellos para quejarse de las restricciones activadas, por mucho que en los medios hayan aparecido declaraciones exigiendo más diálogo. El motivo principal del enrarecimiento ambiental en este asunto es el decreto de sequía aprobado por el Govern el 28 de febrero, tanto, como ya se ha explicado, por la forma como por el contenido. En concreto la parte sancionadora del mismo que, a pesar de las amenazas, no ha servido para multar a un solo ayuntamiento de los 900 que hay en Catalunya. Y esta es una de esas paradojas propias de la política catalana. Se incluye una parte sancionadora con la esperanza (y no solo, pues los datos lo corroboran) de que el simple anuncio de multas modifique el comportamiento de los ayuntamientos en aras de un mejor ahorro del agua. Es decir, no se sanciona, por el momento. Ninguna sanción Fuentes de la ACA remarcan precisamente esto: hasta el momento no se ha hecho llegar ninguna sanción al 25% de ayuntamientos que no está obedeciendo las actuales restricciones. Solo les han enviado expedientes informativos para que expliquen el porqué de su incumplimiento. Aun así, estas mismas fuentes se preguntan qué sentido tiene imponer este tipo de medidas si no son obligatorias. Advierten de que si los ayuntamientos se pueden permitir el lujo de incumplir a la ligera sin repercusión, se llegará antes al estado de emergencia por sequía. A pesar de eso, PSC y Junts (y también Ciudadanos) claman al cielo por lo que entienden injusto. El PSC propone una especie de moratoria de varios meses, antes de que se pueda multar y Junts huye de las medias tintas y pide la derogación de las sanciones. El Govern no cierra la puerta a esta propuesta, según detallan fuentes del ejecutivo. Señalan que ahora no están multando, por lo que en el fondo, la moratoria, de facto, ya se está aplicando. Aun así, no se niegan a negociarlo e incluirlo en el decreto por escrito, ya que creen que el principal objetivo es llegar a consensos y evitar que se libre la "batalla del agua". En la cumbre de este viernes se plantearán otras medidas, como una dotación de recursos para que los municipios puedan arreglar fugas de agua, una mayor inversión en desalinizadoras y la recuperación de pozos en desuso forman parte del paquete de exigencias al Govern. Solo de la capacidad de pacto de los partidos dependerá que se conviertan en acuerdos.

Govern y partidos tratan de aislar la crisis de la sequía de las elecciones municipales

La cumbre en Palau abordará la moratoria de sanciones, más recursos para que los municipios puedan arreglar fugas de agua y una mayor inversión en desalinizadoras

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