Los letrados judiciales paran la huelga tras acordar una subida salarial con Justicia

Tras dos meses de huelga y un resultado de más de 350.000 juicios y vistas suspendidos en toda España, los letrados de la Administración de Justicia pondrán previsiblemente este martes fin a los paros, tras alcanzar un acuerdo con Justicia que les supondrá un aumento mensual de salario superior a los 400 euros brutos, según

confirman a El Periódico de España

, del grupo Prensa Ibérica, fuentes de la negociación.

La propuesta realizada a finales de la pasada semana por el

Ministerio de Justicia

ha sido sometida este lunes a votación en todas las jurisdicciones, obteniendo un resultado total de 1.530 votos a favor (aproximadamente un 76 por ciento de la carrera), 418 en contra y 81 abstenciones según el comunicado oficial del comité de huega. Añade que este apoyo mayoritario les respalda para que en la reunión que tiene previsto celebrarse este martes con el Ministerio "se pueda firmar el acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia, una vez que se aclaren algunos términos del acuerdo final que quedan por matizar".

El apoyo al acuerdo, sin embargo, no ha triunfado en todas las plazas, y en algunas tan destacadas como Madrid la propuesta del Ministerio liderado por Pilar Llop ha fracasado por un estrecho margen de cinco votos.

En otros lugares, como los juzgados de Denia (Alicante), los antiguos secretarios judiciales han llegado a calificar la opción por el acuerdo de "traición al esfuerzo económico y funcional" realizado por los seguidores de las protestas, proponiendo incluso que la continuidad de los integrantes del comité de huelga fuera sometida a consideración.

La razón es que el acuerdo alcanzado dista mucho de la adecuación salarial -llegaron a pedir ganar un 85 porciento de lo que ingresan jueces y fiscales- por la que se luchaba desde el inicio de la protesta el pasado 24 de enero.

Estas posturas han sido en todo caso minoritarias, y la gran mayoría de estos funcionarios han optado por renunciar a las peticiones de máximos y acoger la propuesta de Justicia, que prevé subidas máximas de hasta 450 euros en función del nivel que tengan estos funcionarios en la carrera. Estas cantidades se incorporarán además a un nuevo complemento de eficiencia vinculado a la creación de los denominados tribunales de instancia; y el 40 por ciento se percibirá con carácter retroactivo desde enero de 2023, otro 40 por ciento desde enero de 2024 y 20 por ciento restante desde julio de 2024.

En cuanto a las consecuencias, la última valoración realizada por este colectivo el pasado lunes señalaba que ese mismo día llegarían a los 356.000 juicios y podían contabilizarse ya unas 424.000 demandas paradas pendientes de llegar a los juzgados de toda España, de las que 41.500 corresponderían solo a Madrid.

Las cuentas de los letrados cifraban también en 1.280 los millones de euros paralizados en las cuentas de consignación judicial (los depósitos desde los cuales se pagan las multas, indemnizaciones, pensiones de alimentos etc.) en espera del fin de la huelga. "En este escenario no será posible durante este año 2023 recuperar la normalidad", añadían.

Las asociaciones convocantes, que son el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) se han mostrado por su parte satisfechas "ante el desarrollo, sin incidente alguno, de esta jornada de votaciones, en toda España", donde los LAJs han manifestado su voluntad de forma directa.

Rechazo de otros funcionarios

El acuerdo ha despertado, sin embargo, el rechazo de parte de otros funcionarios. Desde CCOO lo llegan a tildar de "atentado contra la dignidad del resto de cuerpos de la Administración de Justicia", para los que esta central reclama los mismos incrementos retributivos que los comprometidos con los letrados. Por ello anuncia movilizaciones en el marco de la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa "hasta que no queden garantizados los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones y las funciones en todos los cuerpos y puestos de trabajo de la Administración de Justicia". 

El sindicato afirma que reclamará en este proceso de movilizaciones, que se abrirá de inmediato, "el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente se realizan en cada puesto de trabajo y la mejora de las retribuciones y demás condiciones de trabajo de todo el personal de la Administración de Justicia, sin privilegios, sin clasismo y sin discriminaciones".