Fraude en los cuarteles: las preguntas y respuestas del caso de corrupción en las obras contratadas por la Guardia Civil

La causa judicial por el fraude en las obras de los cuarteles de la Guardia Civil, con el teniente general Pedro Vázquez Jarava y un teniente coronel imputados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de trabajos de reforma, pintado o reparación en acuartelamientos de hasta 13 provincias, ha supuesto un duro golpe para la imagen del instituto armado, golopeada a su vez por la investigación abierta a otro general, Francisco Espinosa, dentro del caso Mediador. De hecho, ambos procesos judiciales convergen en un mismo punto, el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como ‘Mon’, quien ya aparecía en el sumario de la trama de presuntas corrupciones en favores y adjudicaciones en Canarias y que es la pieza clave del fraude en los cuarteles: sus empresas eran las que realizaron las obras que ahora están bajo lupa, ya que en muchos casos o bien no se llegaron a llevar a cabo o no se ejecutaron del todo. Además, el general Espinosa fue quien puso en contacto al constructor canario con el teniente general Jarava. El caso, destapado en exclusiva por El Periódico de España, este diario y los medios del Grupo Prensa Ibérica, está siendo instruido por el juzgado de instrucción 3 de Madrid, que todavía está a la espera del peritaje que se haga en cuarteles de toda España para comprobar si los importes que se pagaron a las empresas de ‘Mon’ se corresponden con las obras realizadas. La jueza tendrá que atar los supuestos delitos cometidos por los cuatro imputados en un caso del que todavía se mantienen tantas dudas como certezas. El más importante es el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue uno de los cargos con mayor rango del Instituto Armado hasta que entró en la reserva a finales de 2018. Según el informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil que abrió el caso, el que era responsable de la Subdirección de Apoyo ordenó a comandancias de hasta ocho provincias contratar con las empresas de Tejera de León. Además, paró un primer intento de investigación de Asuntos Internos argumentando que no apreciaba la existencia de delito en las obras. Otro de los imputados es el teniente coronel Carlos Alonso, responsable de la Comandancia de Ávila desde mayo de 2015 a noviembre de 2017, una época en la que el empresario canario consiguió 27 contratos por valor de 170.000 euros. Alonso, según el testimonio de varios testigos, habría ordenado a su vez contratar con 'Mon' y habría llegado a dar luz verde a pagar facturas de obras no ejecutadas. El tercer imputado es el propio 'Mon' , que en Arrecife tiene otro procedimiento abierto acusado de fraude fiscal por 162.000 euros. Hay además un cuarto imputado: un profesional alicantino autónomo de la pintura subcontratado por 'Mon' para realizar los trabajos, Salvador G. E. En principio están acusados de malversación y falsedad documental, aunque los agentes del Asuntos Internos atribuyeron a Jarava en un principio hasta cinco delitos: los dos citados, más cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. No está descartado, aunque parece poco probable. La jueza está pendiente de que arquitectos periten los acuartelamientos donde se hicieron las obras investigadas, en concreto decenas de instalaciones en Algeciras, Albacete, Ávila, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, A Coruña, Toledo, Tenerife y Valladolid y Murcia. Por ahora, la jueza se inclina por no imputar a los jefes de las comandancias investigadas que dieron el visto bueno a las obras realizadas pese a que en algunos casos no se llegaron a acabar. Tampoco les ha citado como testigos por ahora. La sección de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha puesto la lupa sobre corruptelas en 193 obras con un importe total de 2.964.761,05 euros, aunque el importe total que facturó el empresario canario fueron 3,3 millones de euros. Las reformas se ejecutaron entre el 12 de marzo de 2014 y el 10 de abril de 2019. Los contratos más grandes se gestionaban siempre para que no superasen los 50.000 euros que marca la diferencia entre un contrato menor y una adjudicación ordinaria. Sin embargo, el método preferido fue el ‘troceo’ de las obras en adjudicaciones inferiores a 5.000 para aprovecharse de un mecanismo de la Guardia Civil llamado anticipos de caja fija en el que el jefe de la Comandancia puede adjudicar a dedo cantidades pequeñas para gastos corrientes. En los contratos de cierto volumen, concurrían simulando competir las empresas Solocorcho, Canarycork, Impermecork y Angrasurcor... todas del mismo empresario: 'Mon' Tejera. Compitiendo solo contra sí mismo, siempre ganaba el concurso. La investigación de Asuntos Internos no ha podido determinarlo. En el caso de Carlos Alonso, la Guardia Civil sí estimó que el teniente coronel ingresó 21.000 euros en efectivo cuya procedencia "no ha podido ser determinado", algo negado por su defensa, que considera acreditado el origen del dinero. Los agentes sí comprobaron que Jarava recibió prebendas del empresario canario en forma de viajes a Cádiz y Canarias y a dos finales de las Champions League. Unos peritos de la Dirección General del Patrimonio (dependiente del Ministerio de Hacienda) certificarán la principal sospecha elevada por Asuntos Internos: que los trabajos encargados no se realizaban, o se hacían deficientemente, o se presupuestaban y cobraban más metros de muro pintado, pared demolida o cubierta arreglada de los que realmente se hacían. La cuestión es que la juez trataba desde hace al menos ocho meses de obtener información de estas comprobaciones, imprescindible para poder seguir avanzando en la investigación. El peritaje se ha retrasado en el juzgado porque al principio se contrató a una arquitecta para hacer las comprobaciones en Ávila, y al ampliarse a 13 comandancias el asunto debe corresponder al departamento de Hacienda al ser el competente en controles del gasto por obras en servicios públicos. Sí. El PSOE pactó el pasado martes con ERC y EH Bildu que no se va a crear una comisión ad hoc para tratar el fraude en los cuarteles, sino que se profundizara en las comisiones ordinarias del Congreso de Interior y Calidad Democrática, adonde serán citados a declarar cargos de Interior y de la Guardia Civil. El caso ha ido adquiriendo relieve político con las inculpaciones que altos cargos del actual equipo del Ministerio del Interior han realizado públicamente contra sus antecesores en el ministerio que dirigía el ministro del PP Juan Ignacio Zoido.

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¿Quiénes son los investigados? ¿Cuántos contratos se dieron? ¿El caso se investigará en el Congreso?

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