'Tito Berni' estuvo imputado por el uso de facturas falsas en Fuerteventura

El exdiputado nacional y cabecilla de la trama del caso Mediador, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, estuvo imputado por el presunto uso de facturas falsas para la obtención de subvenciones del Cabildo de Fuerteventura, aunque se libró del juicio porque los hechos de los que se le acusaban habían prescrito. 'Tito Berni', como era conocido dentro de la organización delictiva que formaba junto a su sobrino y exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, es ahora investigado por los delito de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y grupo organizado al supuestamente exigir mordidas para retirar sanciones o agilizar las ayudas de ganaderos.

La Fiscalía señaló en el escrito de acusación que el ya exdiputado nacional por el PSOE supuestamente presentó en 2009 una factura falsa en el expediente administrativo número GAN 20/09 del Cabildo de Fuerteventura. Por este motivo, el Ministerio Público procedió a acusarlo de presunta falsedad de documento público, oficial o mercantil. Este delito, tipificado en el artículo 392.1 del Código Penal, está castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión. Al no superar los cinco años, los hechos prescriben cinco años después de haberse cometido, como se recoge en el artículo 131.1 del Código Penal. Esto hizo que tito Berni, quien por entonces era propietario de una ganadería para la elaboración de quesos situada en la localidad majorera de Tetir, se librara del posterior juicio al extinguir su causa y no quedar acreditada su participación en los hechos.

Retribución sin compra

En la operación desarrollada desde 2012, el entonces jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, Casto Berriel Martínez, era a su vez administrador único de la empresa Microtón Fuerteventura SL que, a partir del citado año, pasó a denominarse Servicios Agrarios Capraria y quedó en manos de su sobrino. Ambas empresas eran la misma, lo único que cambiaba era el nombre y el administrador único, pero «de hecho» Berriel Martínez seguía siendo el dueño, como se señala en la sentencia del Tribunal Supremo.

El funcionario obtuvo una subvención de 9.000 euros por la adquisición de un tractor a través de Servicios Agrarios Capraria. Como jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca él mismo ratificó en el expediente para la ayuda que se había «girado visita de comprobación y visto que el beneficiario ha cumplido con los requisitos exigibles en las bases reguladoras para la concesión de subvenciones». Casto Berriel firmó la propuesta de resolución en la que declaraba «justificada» la retribución pública para su propia empresa sin que en ese momento se hubiese producido la compra.

Factura confeccionada

Agentes del Seprona de la Guardia Civil acudieron a la finca para ratificar la veracidad de la compra. Sin embargo, comprobaron que por las instalaciones "no aparece el tractor" que se había presentado en la factura, de la marca Deutz-Fahr y modelo Agrokid 40TD. Con posterioridad apareció otro vehículo "que a pesar de contar con siete años [de antigüedad] al comprador le parece nuevo", apunta la sentencia. Para intentar dar legalidad a la adquisición del tractor, un empresario confeccionó una factura "cuando la sociedad vendedora nunca fue titular del referido vehículo agrario".

Casto Berriel fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial de Las Palmas, pero presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que redujo la pena de cuatro a tres años de prisión, con una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años y dos meses por un delito de falsedad en documento mercantil y público y otro de prevaricación. Asimismo, le condenó a pagar una multa de 1.800 euros.

Indulto

El sobrino del funcionario público, Rafael Berriel, fue sentenciado a tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público por prevaricación, mientras que el empresario José Jesús García Sánchez fue condenado a seis meses de prisión y otros seis de multa como autor de un delito de falsedad en documento mercantil. 

La sentencia del alto tribunal datada del 16 marzo de 2022 también obligó a Casto y Rafael Berriel al pago de una indemnización de 9.000 euros al Gobierno de Canarias por la ayuda que le fue concedida por la adquisición de un tractor que nunca se realizó.

El anterior grupo de Gobierno que conformaba en junio de 2022 el Cabildo de Fuerteventura, compuesto por Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF), PP y CC, solicitaron el indulto para el funcionario condenado por la "plena integración social" del funcionario. En la actualidad, de los 23 consejeros de la institución insular sólo hay dos, Sergio Lloret (AMF) y Juan Nicolás Cabrera en el grupo de los no adscrito.