La Fiscalía pide tres años de cárcel a 'Mon' por las obras para la Guardia Civil

La Fiscalía de Las Palmas ha formulado querella contra el constructor lanzaroteño, Ángel Ramón Tejera de León -conocido como Mon-, por un delito contra la hacienda pública al considerar que dedujo como gastos ciertas cantidades que no estaban justificadas de forma suficiente. Es el resultado de la investigación que inició el Ministerio público por una serie de obras que llevó a cabo en cuarteles de la Guardia Civil en Península y Canarias entre 2013 y 2019. Solicita para él la pena de tres años de prisión y una multa de 488.000 euros, así como la pérdida de derecho a gozar de incentivos o beneficios fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de cuatro años. El juicio tendrá lugar el próximo 12 de abril. La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía provincial formuló un escrito de acusación contra Tejera de León el 11 de enero del año pasado, después de concluir su investigación sobre los múltiples trabajos que llevó a cabo su empresa, Angrasurcor S.L., en dependencias del Instituto Armado, no solo de Canarias, sino también de otras provincias españolas. El constructor lanzaroteño es amigo íntimo del general de división Francisco Espinosa Navas, el único de los doce investigados por el denominado caso Mediador que se encuentra en prisión provisional por delitos de cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a grupo organizado y blanqueo de capitales. Pese a que su nombre aparece en el sumario del caso Mediador, lo cierto es que Tejera de León no es uno de los doce investigados de la trama. Esta pretendía que los cabecillas -el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, y el general Espinosa Navas- obtuviesen beneficios ilícitos a cambio de utilizar sus influencias para facilitar los intereses de los inversores implicados. Esta actividad la hacían en una doble vertiente, contando con la intermediación de Marco Antonio Navarro Tacoronte, que da nombre al caso. Por un lado, extorsionaban a ganaderos canarios para quitarles sanciones o facilitarles subvenciones. Por otro, cobraban mordidas por ayudar a instalarse en la Zona Especial Canaria (ZEC) a empresarios peninsulares. El nombre de Tejera de León ya apareció en su momento en un juzgado de Ávila, que abrió diligencias en base a una denuncia anónima que llegó a la Dirección General de la Guardia Civil en la que se advertía de presuntas irregularidades en la contratación de obras menores en la comandancia de la provincia castellano y leonesa, beneficiando siempre al mismo constructor. Una versión que ratificó el entonces coronel jefe de la Comandancia de Ávila, Carlos Alonso Rodríguez, quien declaró en la instrucción que Mon había sido recomendado directamente por el teniente general Pedro Vázquez Jaraba, que en la actualidad está retirado. La excusa para esta sugerencia: su empresa utilizaba un producto novedoso de impermeabilización, el corcho, que tenía un mantenimiento más económico, según vende el propio empresario. Fraude de 162.000 euros Según el Ministerio Público, la cantidad que habría defraudado Mon asciende a 162.000 euros. Es la cantidad que le exige como indemnización en concepto de responsabilidad civil en el proceso judicial en su contra. Se encargará de dilucidar la posible responsabilidad del constructor el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife, presidido por la jueza Margarita Gómez Martín. El señalamiento está previsto, huelga de letrados mediante, para el próximo 12 de abril. En la investigación de Fiscalía que dio pie a la querella por fraude a la Hacienda pública, también participaron la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Las Palmas. Las varias empresas de Tejera de León -Angrasurcor S.L, Solocorcho SL y Canarycork- facturaron cerca de 200 obras menores en dependencias de la Guardia Civil de todo el país, según el informe de la Policía Judicial. Aunque fue la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife la que mayor cantidad de dinero abonó al industrial lanzaroteño entre los años 2008 y 2019. Investigación en Madrid La investigación que comenzó en Ávila pasó al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid al ahondar en los hechos que se instruían. Así, se detectó un presunto delito de falsedad documental que se atribuye al empresario conejero y a otro industrial, pero también a altos cargos de la Benemérita. Entre ellos, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que prestó declaración ante el juez junto con otro comandante en calidad de investigados. El Ministerio Público considera que el constructor defraudó hasta 162.000 euros por estos trabajos Estos trabajos en los cuarteles del Instituto Armado dieron pie a que la Dirección General de la Guardia Civil interviniera la tesorería de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ante las sospechas de que se hayan producido irregularidades con los pagos de obras menores y otros servicios, así como en los movimientos de caja. Este movimiento de Asuntos Internos se da desde hace al menos un año, pero en los últimos días, a raíz de las informaciones publicadas por el caso Mediador, ha pedido más documentación de las cuentas de las diferentes unidades del Instituto Armado en la provincia para verificar si todas las reformas en los cuarteles recepcionadas han sido realmente ejecutadas y si el actual coronel jefe, José María Tienda Serrano, favoreció la adjudicación de contratos al constructor lanzaroteño.

La Fiscalía pide tres años de cárcel a 'Mon' por las obras para la Guardia Civil

El empresario lanzaroteño Tejera de León se enfrenta a un delito contra la Hacienda pública por deducirse como gastos cantidades que no estaban justificadas

Lo más visto