Un anónimo desató la investigación de la Guardia Civil sobre corrupción en obras de sus cuarteles

Un escrito sin remitente llegó a la Secretaría de Estado de Seguridad en mayo de 2018. Contaba que en la comandancia de la Guardia Civil de Ávila se hacían chanchullos con la contratación de obras. Y ese aviso anónimo dio inicio a las pesquisas sobre el que se ha convertido en el mayor asunto de corrupción en el instituto armado desde tiempos de Luis Roldán. Fuentes cercanas a la investigación del 'caso Cuarteles' atribuyen a un guardia de esa comandancia la autoría del primer aviso con el que arrancarían pesquisas que desde Ávila se han extendido por otras doce comandancias de la Guardia Civil. El escrito llegó a manos de Asuntos Internos del instituto armado el 29 de mayo de aquel año, según recoge un informe de los agentes de esa sección al que ha tenido acceso este diario. La secretaría de Estado se lo había pasado a la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil, y esta se lo remitió a Asuntos Internos en un correo, clasificado con el número 12.159. El email llevaba el anónimo como documento adjunto. La denuncia, según las fuentes mencionadas, ya hablaba no solo de sobreprecios y de la extraña concurrencia de un empresario de fuera de Ávila en pequeñas obras en casas-cuarteles de esa provincia. También apuntaba a la posibilidad de que se hubieran pagado trabajos que no se habrían realizado. El alférez El supuesto cobrador resultó ser Ángel Ramón Tejera de León, conocido en Lanzarote por su mote, Mon, y hoy citado en las investigaciones del caso Mediador. Asuntos Internos solo sabría a partir de enero de 2019 que se trataba del empresario al que, por aparecer tanto por los cuarteles y tanto tratar con oficiales, los guardias de las comandancias canarias lo llamaban "el alférez". Aún no habían recibido las confesiones que señalarían al teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava como su protector. En el ministerio del Interior estaba a punto de producirse una situación de interinidad, estando en ciernes la moción de censura contra el gobierno Rajoy. Al ministro Juan Ignacio Zoido y su equipo le quedaba menos de un mes en el cargo. Coincidiendo con ese periodo de cambio, la investigación de Asuntos Internos se demoró unos meses, hasta que, el 22 de enero de 2019, les llegó a sus guardias un informe pedido al comandante de cuerpos comunes del Ejército interventor de asuntos económicos de la comandancia de la Guardia Civil de Ávila. El documento ya hablaba, por primera vez de forma oficial, de "determinados expedientes de gasto en los que resultaron facturados trabajos presuntamente no ejecutados o ejecutados solo de manera parcial por las empresas ANGRASURCOR SL, SOLOCROCHO SL Y CANARYCORK SL", dice el informe de Asuntos Internos. Aquello sacó del ralentí a la maquinaria indagatoria de Asuntos Internos. Entre tanto, los agentes ya habían obtenido información de que "prácticas de similar naturaleza, trabajos en acuartelamientos del Cuerpo con partidas de obra no ejecutadas o ejecutadas de manera parcial" habían sido cometidas en "en el ámbito territorial de otras comandancias". Coincidía en el tiempo una investigación de la Fiscalía de Las Palmas por un delito contra la Hacienda Pública que habría cometido ANGRASURCOR SL. precisamente en su facturación a la comandancia grancanaria de la Guardia Civil. A la fiscalía se lo había contado... Asuntos Internos. Nieto recuerda "Se recibieron algunos escritos de este tipo en la Secretaría de Estado", recuerda a este diario el entonces titular del departamento y mano derecha del ministro Zoido, José Antonio Nieto. Según rememora el exsecretario de Estado de Seguridad, esos escritos se sometían a un mero examen de solvencia y se enviaban a la Guardia Civil o la Policía, según el cuerpo al que se refirieran. En este caso, el escrito "llevó a que se pidiera información a la Dirección General sobre actuaciones". Y la dirección general le dijo "que se iba a abrir una investigación aclaratoria". En cierto modo llovía sobre mojado, porque en ese nudo de Interior se sabía que "había procedimientos poco rigurosos" en la contratación de obras, recuerda Nieto. De entonces quedó pendiente por encargar desde la secretaría alguna aclaración sobre gastos de mantenimiento en la flota de embarcaciones de la Guardia Civil. Fuentes del Cuerpo niegan que sobre esa línea de gasto se abriera ninguna investigación. El mismo responsable de las obras lo era de la contratación de servicios para los barcos: el teniente general Pedro Jarava Vázquez, jefe del Mando de Apoyo, un veterano de la vieja escuela en el generalato de la Guardia Civil, con buena parte de su carrera ligada a la gestión de los asuntos económicos del Cuerpo. Hoy Jarava está investigado en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción 3 de Madrid por el 'caso Cuarteles', el amaño e inflado de obras en instalaciones del Instituto Armado. Nieto y Jarava coincidieron por última vez el 19 de diciembre de 2017. Fue en la academia de guardias Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid). Juraban bandera los 177 jóvenes integrantes de la 100ª promoción de la Guardia Civil y recogían diplomas también 119 gendarmes franceses que habían compartido aulas. En la misma ceremonia se rindieron honores de despedida al teniente general, cuyo cese por jubilación firmaría Zoido en el Boletín Oficial de Estado el 18 de enero siguiente. Semanas antes de aquel desfile en Valdemoro ya había tratado la secretaría de Estado con el entonces director de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, "el cambio de procedimientos en el Mando de Apoyo o el cese de su responsable". No se recurrió al expediente disciplinario: a Jarava le tocaba ya el retiro.

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La Secretaría de Estado de Seguridad trató en 2017 con la dirección del Cuerpo la falta de transparencia en las contrataciones y el cese del teniente general Jarava, hoy imputado

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