El delito de malversación ha sido la otra gran reforma del Gobierno que no ha tenido los efectos que el PSOE y Unidas Podemos buscaban, como ha ocurrido con la ley del ‘solo sí es sí’. La modificación, basada en atenuar las penas en aquellos casos en que no haya existido un lucro personal con el dinero malversado, iba aparejada con la eliminación del delito de sedición, por el que fueron condenados a prisión los nueve líderes del 1-O. Según el Barómetro de España del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para el grupo Prensa Ibérica, prácticamente la mitad de los ciudadanos (49,3%) rechazan el cambio penal en la malversación. Y la otra mitad está repartida a partes iguales entre quienes apoyan la modificación (25,2%) y quienes evitan pronunciarse al respecto (25,5%). De todas las medidas del Gobierno por las que ha preguntado el sondeo, la reforma de la malversación es, con diferencia, la que genera un porcentaje más alto de indecisos.