El 'tito Berni', fuera del rádar del código ético del Congreso

La clase política vuelve a ponerse en entredicho por la actitud de algunos de los responsables públicos que representan a la ciudadanía en el Parlamento. El caso Mediador pone de nuevo el foco sobre los diputados y su labor en el Congreso, y la incapacidad de los partidos políticos y grupos parlamentarios para controlar sus actividades extraparlamentarias pero relacionadas de una u otra manera con su cargo. La implicación de un diputado nacional en el nuevo escándalo de presunta corrupción en Canarias, el socialista majorero Juan Bernardo Fuentes, obligado a dimitir del cargo de inmediato y expulsado del PSOE de manera fulminante, abre de nuevo el debate, recurrente en la Cámara cada cierto tiempo, sobre las relaciones de los parlamentarios con grupos de interés que tratan influir en los cargos públicos para que defiendan o tengan en cuenta sus postulados durante la elaboración, discusión o aprobación de las leyes. Desde hace años, tanto el Congreso como el Senado tratan de hacerse con una norma que regule esas relaciones pero hasta la fecha no ha sido posible por distintas circunstancias, si bien en la actualidad y desde octubre de 2020 cuentan ya con un llamado Código de Conducta de las Cortes Generales que podría garantizar una adecuada transparencia y una buena práxis parlamentaria frente a los lobbies. El problema es que, pese a ser teóricamente de obligado cumplimiento, ni los diputados y senadores están por la labor de asumirlo, ni los grupos parlamentarios o la Mesa del Congreso están dispuestos a imponer disciplina con todas sus consecuencias. De ser así, las reuniones del diputado Fuentes con empresarios de distintos sectores a los que supuestamente pretendía favorecer en sus actividades a cambio de mordidas, y con el mediador, Antonio Navarro, con visitas al Congreso incluidas, no habrían pasado tan inadvertidas ni fuera, ni dentro de la Cámara. Y es que una de la exigencias de ese código para con los diputados y senadores es la de comunicar y dejar constancia en su agenda parlamentaria de todas las reuniones o actividades que tengan que ver con su condición de diputado o senador, no solo en relación con el trabajo directo en cada una de las cámaras (comisión, plenos, ponencias, preguntas, etc), sino también las que llevan a cabo en otros ámbitos siempre que tengan que ver con su condición de cargo público. En el llamado caso Mediador, Fuentes tendría que haber agendado en su ficha de diputado todas esas reuniones, cenas, o visitas al Congreso con los empresarios en cuestión o con el mediador de la trama. Y junto al propio Fuentes, también lo tendrían que haber hecho los otros diputados socialistas que menciona Navarro Tacoronte como asistentes a esas cenas si eran conscientes de que el encuentro iba a tener alguna dimensión profesional. La aplicación del código ético está siendo una de las asignaturas pendientes de esta legislatura y salta ahora de nuevo a la palestra con el caso Mediador, más allá de que lo que mediáticamente más relevancia le esté dando a este asunto sean las fotos del tito Berni, –como apodaban a Fuentes los otros componentes de la trama–, Navarro y algunos empresarios consumiendo droga y en compañía de prostitutas, precisamente los aspectos más sórdidos del caso y que mayor reproche social causan. Las direcciones de los grupos y la Mesa del Congreso, incapaces de hacer cumplir la norma A la ineficiencia que está demostrando el Código de Conducta se une además el parón sufrido por el otro mecanismo que se trataba de poner en marcha para regular la relación de los diputados con los grupos de interés. En mayo de 2021, con el canario Héctor Gómez como portavoz del grupo, el PSOE presentó una propuesta de reforma del reglamento que regulaba estas relaciones, y definía claramente lo que es un lobbie y la forma en cómo pueden relacionarse con los diputados. La propuesta pasó el trámite de toma en consideración, pero lleva 21 meses en el cajón sin tramitarse y nadie contaba con que saliera de ese letargo hasta que el caso Mediador y el tito Berni se han cruzado en su camino. No es que lo vayan a resucitar, pero al menos se está hablando de ello. Fuentes parlamentarias de diversos grupos no creen sin embargo que se acabe retomando en esta legislatura. También la asociación APRI, que defiende los intereses de los lobbies, recordó esta semana que lleva más de una década reclamando una regulación frente a la interacción que tienen con las Cortes y apunta que ante casos como el de Fuentes la presidenta del Congreso puede aplicar dicho código. El último informe del que disponía el Congreso sobre el cumplimiento del Código de Conducta, el que sí está en vigor pero con una normativa muy laxa e inconcreta y sin régimen disciplinario para quien lo incumpla, señalaba que sólo siete diputados de los 349 que hay actualmente en la Cámara baja –consta la baja del ex diputado tinerfeño Alberto Rodríguez cuyo escaño está aún sin cubrir– publican sus reuniones con grupos de presión en la web de la institución. En el Senado la cifra asciende a 17. Por ello, la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes, el órgano parlamentario que vigila este ámbito de las normas de transparencia, recordó haces meses a todos los grupos que sus señorías deben hacer pública esa información, algo que se sigue incumpliendo ante la pasividad de las direcciones de los grupos, de la presidencia de la Cámara y de su órgano de gobierno, la Mesa. Prevenir influencias indebidas En dicho informe consta que seis de los 14 diputados y todos los senadores de las Islas tienen un enlace desde sus fichas parlamentarias a sus agendas, pero en la mayor parte de los casos se limitan a dar publicidad previa de la propia actividad parlamentaria de cada semana. En esta situación se encuentran los socialistas Héctor Gómez, Luc André Diouf y Ariagona González; los populares Guillermo Mariscal y Ana Zurita; y el diputado de Vox por Las Palmas Alberto Rodríguez, pero únicamente Gómez y Diouf agendan otro tipo de actividades, aunque no consta entre ellas reuniones con lobistas u grupos de interés. La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes ha elaborado un primer informe sobre la aplicación del código ético de sus señorías con un resultado que le ha obligado a elevar a las instituciones parlamentarias una llamada de atención a los grupos políticos para que obliguen a sus integrantes a cumplir con la norma. La Oficina defiende la necesidad de imprimir transparencia a esas citas para prevenir y evitar «una influencia oculta, indebida o extralimitada». Desde plantaneros a cineastas isleños a los que le afectaban ley del Estado han pasado las Cortes Los diputados y senadores canarios deberían por tanto incluir en sus fichas toda la información de sus muchos y variados contactos con personas o colectivos que han llamado a sus puertas para hacer valer sus posiciones e intereses y las leyes estatales, en muchos casos coincidiendo con los postulados defendidos por una mayoría de formaciones políticas canarias. Casos llamativos han sido, por ejemplo, las reuniones de varios diputados que se entrevistaron con el sector platanero durante la tramitación de la Ley de Calidad Alimentaria para defender sus intereses; con los pescadores durante la elaboración de la Ley de Pesca; con el sector audiovisual en Canarias, cuando se rebajó el porcentaje de ayudas a las producciones realizadas en las Islas respecto a las del resto del Estado, o con el sector del transporte en la actual tramitación de la ley de Movilidad Sostenible. Los parlamentarios restan importancia a este incumplimiento del Código de Conducta y señalan que las reuniones importantes con colectivos de todo tipo, y con representantes del mundo económico se comunican suficientemente a través de sus redes sociales o gabinetes de prensa, y que casi siempre se da cuenta de sus resultados. Muchos de estos diputados y senadores son ahora candidatos a las elecciones del 28-M y cada día celebran varias reuniones de este tipo que tendrían que comunicar en su ficha parlamentaria, pero ninguno lo hace entre otras cosas porque se llevan a cabo en Canarias y lo creen desvinculado de su cargo en las Cortes.

El 'tito Berni', fuera del rádar del código ético del Congreso

La mayoría de los diputados incumplen, como hizo Fuentes, la exigencia de comunicar a la Cámara sus reuniones con 'lobbies'

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