La Audiencia de Barcelona ha acordado acumular la causa al 'exconseller' de Acció Exterior Raül Romeva por los gastos de la "internacionalización" del 'procés' a la de la veintena de exaltos cargos del Govern procesados por el juzgado 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O. En un auto, adelantado por 'El Món' y al que ha tenido acceso EFE, la sección segunda de la Audiencia de Barcelona da la razón a la defensa del exsecretario general de Exteriores Aleix Villatoro, procesado por el juzgado de instrucción 13 y paralelamente investigado por el número 18 de Barcelona junto a Romeva por la promoción exterior el 'procés'.
Con esta resolución, se desbloquea la causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que llevaba más de un año y medio paralizada, si bien ahora se tendrá que actualizar el auto de procesamiento y convocar nuevas citaciones indagatorias, mientras la Fiscalía prepara su escrito de acusación adaptado a la reforma del Código Penal que modificó el delito de malversación que se atribuye a varios de los exaltos cargos.
La Audiencia de Barcelona considera que hay "supuestos de conexidad" entre ambos procedimientos, por lo que ordena que se acumulen en la causa inicial -la del juzgado 13- los hechos que se atribuyen a Villatoro y Romeva: una subvención de 40.000 euros concedida en 2016 a Focir, una entidad que agrupa a distintas entidades dedicadas a la proyección internacional de Catalunya y que venía siendo beneficiaria de ayudas públicas desde hacía años, en la etapa de Gobierno de Artur Mas.
A la petición de Villatoro, para acumular ambas causas se sumó el exsecretario del Diplocat Albert Royo, a quien la Audiencia también da la razón, por lo que varios de los hechos que se le atribuían en el juzgado de instrucción 18 relativos a la internacionalización del 'procés' también pasan ahora a la macrocausa del juzgado 13 en la que ya estaba procesado.
Romeva, que fue condenado por el Supremo en el juicio a la cúpula del 'procés' y posteriormente indultado por el Gobierno, compareció el pasado 24 de noviembre ante el juzgado 18 como investigado, en interrogatorio en el que se desmarcó de la subvención de 40.000 euros a Focir.
La juez del 18 investigaba a Romeva por la adjudicación de la subvención a Focir sin que supuestamente estuvieran justificadas las razones de la no concurrencia pública, pero el 'exconseller' alegó que él no entró a valorar si ese tipo de ayudas debía concederse de forma directa.
El juzgado 18 abrió su investigación a raíz de una denuncia que presentó la Fiscalía al conocer el contenido de un informe del Tribunal de Cuentas que detectó que la Generalitat había destinado fondos públicos a actividades que no entran en sus competencias y podrían "perturbar" la dirección de la política exterior española. Según la Audiencia, existe una conexión entre ambos procedimientos, porque la causa el juzgado 13 "no se limita exclusivamente a los actos preparatorios vinculados directamente con el referéndum del 2017", ya que también incluye, como la del 18, una supuesta contratación pública irregular y subvenciones directas sin licitación "cuya última finalidad era sostener el proceso soberanista y alcanzar la independencia con bienes públicos", eludiendo los controles sobre estos fondos.