Corrupción en Catalunya: ¿qué se ha hecho y qué no 10 años después del plan de Artur Mas para combatirla?

Impulsado por la proliferación de casos de corrupción que afectaban también a su partido, el 'president' Artur Mas convocó a las máximas instituciones en el Palau de la Generalitat para aprobar 51 medidas para combatir esta lacra. Diez años después de aquel cónclave, EL PERIÓDICO ha consultado a varios protagonistas de la cita el balance de ese plan y la conclusión es que la lucha contra las irregularidades de gobiernos y partidos en Catalunya necesita mejorar, concretarse y evaluarse. Es, probablemente, la eterna asignatura pendiente de la clase política. Y no solo de la catalana. Las medidas incluyeron mejoras en la transparencia de los ejecutivos y los partidos, reformas en el sistema de contratación (muchos casos de corrupción tienen que ver con procedimientos fraudulentos de trato de favor) y delimitaciones de la figura del imputado (ahora investigado). "De las medidas que se acordaron, algunas se han cumplido, otras no, pero lo que ha fallado es no tanto la norma como su implementación. Por ejemplo, en el caso de la transparencia, la ley está muy bien, pero cuando quiero buscar una cosa no la encuentro", asegura Miguel Ángel Gimeno, quien participó en la cumbre como presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y hoy es el director de la Oficina Antifrau de Catalunya. "En la lucha contra la corrupción, se tiene que estar constantemente alerta. Cuando te descuidas, vuelve a subir", añade. La propuesta de sancionar el enriquecimiento injustificado de los cargos se acaba de impulsar en el Congreso, pese a que el mandato de Naciones Unidas existe desde 2006. "Algo se ha hecho", opina el fiscal del ministerio público de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, quien también asistió a esa reunión como fiscal superior. "Una de las asignaturas pendientes son los criterios de eficiencia y eficacia para ver si la lucha consigue o no resultados", apunta. Núria de Gispert, quien acudió la cita como presidenta de la Cámara catalana, opina: "Fue positiva, ya en el Parlament estábamos trabajando en la ley de transparencia, pero no se si se nombró a la comisión de expertos que preveía la ley [...] Hay un antes y un después de la ley de transparencia", indica Jaume López, director general de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat. Transparencia... opaca Catorce de las medidas que se pactaron tienen que ver con la mejora de la transparencia. El Congreso y el Parlament han aprobado las respectivas leyes al respecto, pero los expertos alertan de que queda mucho camino por recorrer. "Hay información en las webs que no hay quien la encuentre o que las entienda, sobre todo, en el ámbito local, porque no tienen medios", describe Gimeno. Y pone deberes: los códigos éticos "no sirven para nada sin una praxis de integridad de la institución"; los 'lobbies' registrados en Catalunya "son pocos", y en las decisiones o leyes de los gobiernos "hace falta tener la huella normativa, con qué estudios se toma la decisión". En cuanto a las obras o contratos que adjudica la administración, "los criterios son claros, ahora bien, el ámbito corruptivo de la contratación no ha desaparecido: ¿Cómo es posible que solo se presente una empresa a un contrato? Incluso cargos locales hacen alarde de fraccionar contratos para dar servicio más rápido al ciudadano", hurga Gimeno. Además, falta controlar el cumplimiento de las subvenciones y, en general, auditar como se aplican las normas y leyes, recuerda. Para López, el acceso a la información está garantizado, y también existe un nivel alto de publicidad activa, de información que sale de la administración. Ahora toca la tercera fase: que los datos sean comprensibles y de fácil acceso, comparables con otros datos de otras administraciones, asegura. "Se trabaja en ello con la gente de administración digital del Govern, para usar un lenguaje comprensible para la ciudadanía", explica. López afirma que el Govern trabaja en una ley de alertadores para cumplir con el mandato de la Unión Europea de proteger a las personas anónimas que denuncian casos de corrupción y apuesta por llevar a cabo una ley de grupos de interés incorporando cuestiones como la divulgación de la agenda de los altos cargos, y modificar la de transparencia. Deberes pendientes que demuestran que en la lucha contra la corrupción "hay que ir aumentando" las medidas, según López. Joan Ridao, jurista, director del Institut d'Estudis de l'Autogovern y experto en corrupción, considera que los avances en transparencia y contratación con parámetros evaluables son notables, pero apunta que en el objetivo de que el acceso a la función pública fuera más meritocrático, no hay mejoras. Gimeno denuncia que los partidos siguen colocando a sus fieles en lugar de a técnicos, cuando llegan al poder institucional. Tampoco hay avance en la autolimitación de los gastos electorales, con compromisos como un buzoneo de propaganda electoral conjunta que no se ha llegado a hacer. La percepción ciudadana Tras la aplicación de algunas de estas medidas, el fiscal Rodríguez Sol asevera que "hay menos causas judiciales por corrupción" y que "los controles funcionan y han mejorado, pero hay que ver no solo las causas que se abren sino las que consiguen condena". También la financiación de los partidos "es más ajustada a derecho, no se si por miedo o por conciencia", añade. "Quien quiere lo hace, pero no es tan fácil como antes, se tienen que poner muchas barreras porque si no las tienes es muy fácil corromperse", concluye De Gispert. En cambio, la percepción ciudadana no cuadra con estas valoraciones. El último barómetro de la Oficina Antifrau hecho público en diciembre de 2022 revela que la mitad de los catalanes creen que la corrupción ha aumentado y se eleva la percepción de corrupción de la ciudadanía en Catalunya hasta situarse en un 80,2% las personas encuestadas que creen que hay mucha o bastante corrupción, una cifra que ha escalado más de 13 puntos respecto al 2020, que se situaba en un 67%. Esta cifra alcanzó su punto álgido en 2014, llegando al 82,3%. Rafael Ribó, quien también acudió a la cumbre de hace diez años como Síndic de Greuges de Catalunya, ha declinado atender a EL PERIÓDICO. Ribó estuvo tres años con el cargo caducado y viajó en un avión privado de un empresario vinculado al caso de corrupción del 3% para ver la final de la Champions del FC Barcelona. Calificó lo sucedido de "error y exceso de confianza". Toda la oposición reprobó su actitud. También acudió a la reunión con Artur Mas Daniel de Alfonso, entonces responsable de Antifrau. De Alfonso cobró indebidamente 258.000 euros de la Oficina, según la fiscalía.

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