La fiscalía pide siete años de prisión para Jové y seis para Salvadó por el referéndum del 1-O

La Fiscalía Superior de Catalunya reclama siete años de prisión, 32 años de inhabilitación para cargo público y multa de 30.000 euros para el diputado de ERC y exsecretario general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y seis años de cárcel, 27 años y tres meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para al exsecretario de Hisenda y ahora presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, por los preparativos del referéndum unilateral del 1-O y la creación de las "estructuras de estado". La acusación pública, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, les atribuye los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación agravada (en base a la reforma que entró en vigor el pasado enero pactada entre el PSOE y ERC y siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo). La 'consellera' de Cultura, Natàlia Garriga, que era directora de servicios del Departament d'Economia, está imputada por desobediencia, por lo que no se le reclama prisión, pero sí un año de inhabilitación y multa de 18.000 euros. A Jové y Salvadó, además, se le reclama que indemnicen con 754.920 euros al erario público por el perjuicio causado. Ese escrito de acusación marcará la senda a seguir en otro proceso: el que instruye el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona contra una treintena de altos y exaltos cargos, empresarios e informáticos por la consulta soberanista, de los que unos 18 están procesados por malversación. El fiscal Pedro Ariche relata que Jové, Salvadó y Garriga eran "personas de máxima confianza de su superior", Oriol Junqueras, y de "larga trayectoria en la asunción de responsabilidades relevantes" en ERC. Por lo tanto, estaban "plenamente comprometidos" con el programa electoral redactado por la coalición de Junts pel Sí y que proponía la declaración de independencia y la apertura de un proceso constituyente, "lo que se posibilitaría a través de las denominadas estructuras de estado". Dicha voluntad, agrega, se vio "afectada por la incapacidad" de obtener una mayoría parlamentaria que permitiera aprobar los presupuestos en 2016. Esta situación originó los acuerdos con la CUP que implicaban la celebración de un referéndum. En esos pactos, según la acusación, "tuvo una singular relevancia la actuación de Jové". EnfoCats y la agenda Moleskine El escrito de acusación precisa que en esas fechas es cuando Jové, "en solitario o con auxilio de terceras personas", procede a redactar el documento EnfoCats, considerado la hoja de ruta del independentismo y en el que se recoge la creación de las estructuras de estado, como la hacienda catalana y el poder judicial. Ese documento, más unas agendas de marca Moleskine, donde apuntaba las reuniones y que fueron incautadas en el domicilio del diputado republicano, son algunas de las pruebas que menciona la acusación. Pero el punto de inflexión fue la aprobación, el 6 de octubre de 2016 en el Parlament, de una resolución en el que se instaba a celebrar un referéndum soberanista. Este acuerdo fue suspendido por el Tribunal Constitucional, que advirtió a los altos cargos de que debían paralizar cualquier iniciativa que supusiera contravenir esta decisión. El fiscal recuerda que también fue suspendida una disposición adicional de los presupuestos de la Generalitat para 2017 que destinaba una partida para la "gestión del proceso refrendario". Esta resolución del alto tribunal fue notificada a altos cargos, incluido Jové. Ariche agrega que "incumpliendo" las resoluciones del TC, "de las que tenía pleno y cabal conocimiento" también Salvadó y Garriga, los tres procesados tuvieron una "participación activa" en un acto celebrado el 21 de abril de 2017 de "compromiso con el referéndum". Tanto a Garriga como a Jové se les implica directamente en las gestiones para crear un centro de prensa en el que se irían recogiendo los datos del referéndum y la adjudicación de varios contratos para ese fin. Disponer de fondos públicos El fiscal alude, además, que a partir de unos decretos de julio de 2017 se restructuraron las competencias de los departamentos de la Generalitat y la competencia sobre la administración de los procesos electorales, que estaba en manos de Governació y después de Economía, "de modo que toda la actividad de preparación y ejecución del referéndum comprometido pasó a ser contralada por el secretario general", el procesado Jové, quien "bajo la inmediata dirección de Junqueras, disponía además de los necesarios recursos económicos y logísticos" para la consulta. A Garriga también la vincula con unas naves para almacenar material electoral que fue intervenido. "No obstante la suspensión y nulidad de los decretos para la celebración del referéndum, los órganos ejecutivos de la Generalitat de Catalunya continuaron con las actividades programadas" tanto para llevarlo a cabo como "para divulgar el proyecto e impulsar su apoyo por parte de la ciudadanía y la comunidad internacional", subraya el fiscal. La acusación recalca que en los meses anteriores al "referéndum ilegal", comenzaron los preparativos para celebrarlo, "destinando para ello fondos con los que hacer frente a los gastos que su ejecución comportaba", como material electoral, publicidad, aplicaciones informáticas o promoción exterior. "Tales preparativos y gastos" se "hicieron burlando el control estatal de las cuentas de la Generalitat", subraya. En este sentido, describe que Jové, a pesar de las resoluciones del TC, dedicó "su actividad, de forma consciente y a sabiendas de su ilicitud", a coordinar las acciones "precisas" para "materializar" el referéndum", autorizando determinados gastos, destinando fondos, "como si fueran propios", a fines "ajenos a la función pública". Aquí enumera las campañas de publicidad (Civisme y el anuncio de las vías del tren), y el suministro de papeletas, censo y citaciones a personas de las mesas electorales, servicio que al final no fue cobrado por la empresa Unipost. Además, se implica al diputado de ERC en la creación de una base de datos que sería utilizada como censo electoral, con "el que se pretendía obtener una apariencia de legitimidad institucional". Recaudación de impuestos A Salvadó, la fiscalía le vincula a la constitución de una hacienda catalana como "nuevo estructura de estado" y que, a su entender, sería una "herramienta de financiación inmediata" de la "pretendida república" de Catalunya. La acusación alude que tanto él como Jové, "en ejecución de la hoja de ruta ideada para quebrar el orden constitucional, tomaron la decisión ejecutiva de llevar a la práctica las programadas estructuras de estado" y, de modo paralelo, "conseguir una suficiente financiación para cuando Catalunya alcanzase la independencia". Estos dos procesados procedieron a "intensificar la sustitución" del programa de gestión de la Agencia Tributaria de Catalunya e impulsaron otro proyecto con el que pretendían ingresar en las cuentas de la Generalitat "la totalidad de las cuotas satisfechas de los impuestos estatales" no cedidos correspondientes a todo el sector público de Catalunya, al que se pretendía incorporar entes locales, universidades y las cotizaciones sociales de los trabajadores de tales sectores. La cifra oscilaba, aclara la acusación, entre los 4.500 y los 5.000 millones de euros anuales. Con este dinero y ante una eventual declaración unilateral de independencia por falta de acuerdo con el Estado permitiría, señala, que la "nueva" administración catalana pudiera financiarse temporalmente. El valor de esos programas es la cantidad que se reclama a Jové y Salvadó.

La fiscalía pide siete años de prisión para Jové y seis para Salvadó por el referéndum del 1-O

La acusación pública les atribuye los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación agravada, mientras que a la 'consellera' Garriga solo le acusa del primer delito y pide para ella multa e inhabilitación

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