El exdiputado Juan Bernardo Fuentes blanqueó las ‘mordidas’ a través de un club de fútbol

El exdiputado socialista por la provincia de Las Palmas, Juan Bernardo Fuentes, blanqueó las mordidas que recibía de los empresarios ganaderos y queseros de Gran Canaria a los que presuntamente extorsionaba, en una trama de corrupción que se continúa investigando, a través de la Asociación Deportiva Vega de Tetir, de la que era presidente. Los investigadores fueron desenredando el modus operandi con el que actúaba en esta red, en la que hay una docena de personas investigadas que en su mayoría declararon este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. El político majorero solicitaba una transferencia por valor de 5.000 euros a estos propietarios como una aportación para ayudar a los niños de la escuela de fútbol de la entidad deportiva a que pudieran seguir desarrollando su pasión. La operativa arrancaba con una visita de los empresarios al Congreso de los Diputados a cargo del que fuera diputado -renunció al escaño la noche del martes, tras destaparse la trama-. Fuentes les llevaba por las dependencias de la sede legislativa nacional a modo de tour, después de recibirles en su propio despacho de diputado. Posteriormente, iban a comer en algún restaurante de Madrid, momento ese en el que arrancaba la fiesta, que duraba horas y que era sufragada por los propios queseros y ganaderos, que llegaban a desembolsar hasta 3.500 euros por cada juerga. El alcohol, la cocaína, la viagra y las prostitutas fueron protagonistas de esas noches en la capital española. Para evitar sorpresas y proteger la imagen del político majorero, se intentaba que todo fuera muy discreto. Este era el primer paso para entrar en la trama, que tenía una doble vertiente. Por un lado, se extorsionaba a distintos ganaderos y queseros de Canarias con la promesa de suprimir las sanciones que pesaban en su contra o de gozar de mayores subvenciones para desempeñar su trabajo. Por otro, acercaban a empresarios peninsulares que estaban interesados en instalarse en la Zona Especial Canaria (ZEC) a cambio de sobornos y otros pagos en efectivo, así como sufragando vuelos, comidas o estancias en hoteles. De la primera pata, se encargaban Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taishet, también investigado y ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias. De la segunda, el general de la Guardia Civil y excoronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Francisco Espinosa Navas. La investigación de esta trama muestra que hasta siete queserías y ganaderías de Canarias efectuaran pagos, seis de ellas utilizando el mismo modus operandi que se ha detallado ya, con una transferencia a la asociación deportiva de la que era presidente Juan Bernardo Fuentes. Lo que el exdiputado socialista decía a estos empresarios cuando les pedía el dinero es que contribuirían con la aportación al equipo de fútbol, para ayudar a los niños que hacían deporte. Utilizaba para enmascarar sus verdaderos propósitos formas de expresión sutiles y cariñosas. El exdiputado amenazaba a las empresas con quedarse sin subvenciones si no entraban en la trama, y, al contrario, les prometía archivar posibles sanciones o llegar a otras ayudas si terminaban cediendo a sus propósitos. Juan Bernardo Fuentes es para los investigadores la cúspide de toda la trama, y por debajo de él se encuentra su sobrino Taishet; Marco Antonio Navarro Tacoronte, apodado como el Mediador porque actuaba como intermediario entre los distintos actores, y Francisco Espinosa Navas. Cuatro de los empresarios que entraron a la presunta trama corrupta, entre ellos los catalanes Esteban Banús Ricoma e Inmaculada Roca Enriche, ‘Mima’, -que en 2016 compraron la industria que produce Leche Sandra-, fueron puestos este jueves en libertad con cargos tras prestar declaración ante la jueza María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo, que instruye el caso, y continúan como investigados en el mismo, por lo que tendrán que comunicar cualquier cambio de domicilio. Otra de las personas investigadas en la red es Miguel Ángel Robayna García, el administrador de la empresa Hispano Robysa, la cual se encargaba de proporcionar a los empresarios que abonaban las mordidas una serie de facturas fraudulentas para que pudieran justificar en la contabilidad de sus queserías y ganaderías los pagos ilícitos que llevaban a cabo. Su cometido era imprescindible para otorgar un soporte contable al blanqueo de capitales, una compañía pantalla que «cobraba» las cantidades en base a falsos conceptos que nunca se obtuvieron en realidad, mientras se hacía pasar por ingeniero y redactando informes que luego sellaba él mismo. En alguna ocasión, también hicieron uso de cupones premiados de la ONCE para que los empresarios pudieran cobrar algunas cantidades. Acusación particular La Asociación Unificada de Guardias Civiles anunció ayer que se iba a presentar en la causa del caso Mediador como acusación particular «por el daño que hace a la institución» la entrada en prisión del general de división retirado y excoronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Francisco Espinosa Navas, por presuntamente extorsionar a ganaderos canarios y aprovecharse de su cargo para cobrar sobornos para asesorar en la entrada de capital peninsular en la Zona Especial Canaria (ZEC). Ya la AUGC, al tener conocimiento de su detención el pasado martes, exigió a través de un comunicado a la Dirección General de la Guardia Civil que aportara «mayor transparencia». «Es una responsabilidad de todos que se creen las herramientas adecuadas dentro del Consejo para que la corrupción no adentre en la institución». Francisco Espinosa, ya en situación de retiro, no formaba parte de la estructura orgánica de la Guardia Civil, pero sí colaboraba en el proyecto europeo GAR-SI Sahel de formación de agentes de países africanos. Los agentes policiales también detectaron cómo los empresarios llegaron a utilizar en ciertos momentos algunas tarjetas bancarias de tipo prepago como Rebelion o Bnext, con las que sufragarían gastos de diversa índole -comidas en restaurantes, vuelos, estancias de hotel, puros...- para los negociadores, sin dejar ningún rastro en sus cuentas bancarias cuya pista pudiera seguirse hasta los principales cabecillas. Precisamente, fueron este tipo de tarjetas el detonante que dio paso a la incoación de las diligencias previas por esta presunta trama por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. La jueza también investiga en esta pieza separada que surgió como una casualidad a otros dos empresarios queseros y ganaderos de las Islas, además de los actuales propietarios de la explotación de Leche Sandra, que son Alberto Montesdeoca, de la Quesería Montesdeoca de Tenerife, y Julián Santa Bárbara, de la Quesería Rosa de la Madera, en la localidad majorera de Tuineje. Igualmente, están encausados Antonio Bautista, de Cleanergetic Seers Solutions, y Juan Suárez Esteve, de Asesoramiento y Servicios de Drones S.L. -ambos de origen peninsular-. Por último, el abogado Plácido Alonso Peña, que llevaba los expedientes contenciosos de toda la red.

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