Carta abierta a Feijóo: "La prueba de un hombre de Estado es su capacidad de renovar el CGPJ"

Estimado presidente del Partido Popular, señor Alberto Nuñez Feijóo, he considerado útil dirigirme también a usted después de hacerlo en su día al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presidente saliente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y al nuevo presidente, Cándido Cónde-Pumpido, para interesarle por la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la cual usted y su partido, permítame decirlo sin ambages, deberían dar un giro inmediato. Ha sido después de reflexionar en voz alta con magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, integrantes del actual CGPJ y jueces que forman parte del elenco pactado -y frustrado- entre el Gobierno y el PP para renovar el Poder Judicial en fechas recientes que me decido a escribirle estas líneas. Y aclaro que ha sido una reflexión transversal al universo político. Porque estamos, me decía uno de ellos, ante un auténtico drama del cual la sociedad no parece ser consciente. El destrozo, la ineficacia, la ineptitud del sistema judicial ya lo tiene asumido gran parte de la población como un mal endémico. Y eso es así, salvo para pocos iniciados. Nadie va a salir a la calle, reconocía, para denunciar que la justicia es lenta. Pero eso no quiere decir que no se sufra: se llora porque a uno le han quitado a sus hijos, le han echado de su vivienda, le han despedido de manera injusta, no cobra una deuda a la que tiene derecho porque la sentencia no sale o porque después no se ejecuta, esto arrastra muchos dramas personales y familiares. Y nadie protesta públicamente por todo eso. Y merecería movilizarse tanto como lo merece -muy bien merecido- la defensa de nuestro sistema de sanidad pública. Cuando he comentado con uno de los presidentes que una sentencia en una sala de lo social se acababa de retrasar un mes y veinte días el mismo día en que se debía deliberar y votar y que, bueno, en términos relativos eso no era mucho, me replicó: “Un mes y veinte días para una sentencia que debía estar deliberada y votada hoy me parece excesivo. Si tú piensas que no es mucho, imagínate lo que pensará la gente de la calle”. A lo cual me excusé: “Es la anestesia a la que te rindes”. Asunto amortizado La renovación del CGPJ es un asunto amortizado. Y no es cierto que ya falta mucho menos tiempo. Porque incluso, señor Nuñez Feijóo, porque en el caso de que el PP ganase las elecciones generales a finales de 2023 o en enero de 2024, no sería así. “A ver con qué cara, por ejemplo, el PP va a decir en enero de 2023 o febrero de 2024, si es que consigue formar Gobierno, oiga ahora me interesa renovar el Poder Judicial por el sistema vigente, sin cambiarlo”, señala un magistrado de tendencia conservadora. “Esto sería, como se suele decir en lenguaje cotidiano, para ponerles una querella. Mire usted si ha estado demorando el asunto durante cinco años diciendo que apostaba por un cambio de sistema pues ahora la coherencia no le puede conducir a otro resultado que impulsar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -mayoría absoluta mediante- para sacarla adelante, modificar el sistema y poner la elección de los doce vocales judiciales, establecer una ley que sea pseudo reglamentaria porque como dependa después de un reglamento, y claro con la oposición del principal partido de la oposición, el PSOE, diciendo ahora no me vengas con prisas”. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha descrito hace pocos días la situación de catástrofe con un tribunal con 30% de vacantes, es decir, 19 magistrados de la plantilla legal de 79 (24%) y dentro de pocos meses sumarán 24 vacantes sobre esas 79 plazas (un 30,37%) Los magistrados de la Sala de Gobierno adoptaron este acuerdo tras hacer suyo un informe del director del Gabinete Técnico del tribunal, solicitado por el CGPJ, donde se concreta el impacto en la actividad de cada una de las cinco salas del tribunal derivada de la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales por parte del Consejo General del Poder Judicial, en este caso para cubrir las vacantes del alto tribunal. En las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán en el año 2023 unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), “con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone”, y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al colapso de ambas salas. Situación crítica Ante la “situación crítica” en que se encuentran actualmente las Salas IV (de lo Social), con 5 vacantes en una plantilla de 13; y III (de lo Contencioso-Administrativo), con 10 vacantes en una plantilla de 33, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha solicitado la dotación de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico, 8 para la Sala III y 7 para la IV, con retribución de letrado coordinador y para ser cubiertas preferentemente por magistrados. El informe subraya que el Supremo debe contar por previsión legal con un presidente y 79 magistrados, y se encuentra sin presidente titular y con un total de diecinueve vacantes de magistrados, distribuidas así entre sus salas: dos vacantes en la Sala Primera, diez en la Sala Tercera, cinco en la Sala Cuarta y dos en la Sala Quinta, lo que supone que el Tribunal ha de desarrollar su tarea con una plantilla inferior en un 24,05% a la legalmente prevista. Y en los próximos meses de 2023 tendrán lugar cinco vacantes más por jubilación (una en la Sala Civil, una en la Sala de lo Penal, una en la Sala de lo Contencioso, una en la Sala de lo Social y otra en la Militar), es decir 24 vacantes de 79 plazas, lo que hace un porcentaje de un 30,37% menos. Además, están vacantes (y ocupadas en funciones) las plazas de presidente y vicepresidente del tribunal, y las de presidentes de las salas III y IV. Respecto de las peticiones de magistrados para el Gabinete Técnico, el informe subraya que apoyarían a las salas en las fases de decisión, donde se genera el cuello de botella más relevante, para elaborar bajo la supervisión de los ponentes los borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia estable y consolidada. Los miembros del CGPJ fueron elegidos por cinco años y debieron ser renovados en diciembre de 2018. Ya han entrado, pues, en su décimo año. Esto no se arregla devolviendo a un CGPJ en funciones su capacidad de nombramientos. La renovación del Tribunal Constitucional ha costado lo suyo pero el órgano no está al completo. Según la Constitución son 12 los magistrados. Y ahora son 11 miembros. El magistrado Alfredo Montoya dimitió en julio de 2022, y corresponde al Senado sustituirle. Según la Constitución, además, el CGPJ y el Tribunal Supremo deben tener un presidente. Ahora ambos órganos tienen en las personas de Rafael Mozo y Francisco Marín Castán presidentes en funciones. Politización de la justicia Hace ya más de un mes que su partido anunciaba llevar a la Comisión Europea una denuncia contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que denominan “politización” de la justicia. Pero trascendió que precisamente usted, señor Nuñez Feijóo, decidió paralizar esa campaña a pocos meses de comenzar, el próximo 1 de julio. No se hará por coincide con el comienzo de la presidencia española de la UE. “Vamos a actuar con sentido de Estado” fue la explicación en el cuartel general del PP de la madrileña calle de Génova. Actuemos, por tanto, con sentido de Estado. El escritor Francis Scott Fitzgerald escribió: “La prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad para retener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo y seguir conservando la capacidad de funcionar. Uno debería, por ejemplo, ser capaz de ver que las cosas son irremediables y, sin embargo, estar decidido a hacer que sean de otro modo”. Vivimos, sostengo, en un Estado Judicial apoyado por la judicialización de la política. Usted estima, señor Nuñez Feijóo, que se trata de la “politización” de la justicia por culpa de su rival, el PSOE. Ambas ideas son legítimas. Pero se trata de poner estos conceptos por encima y contribuir a aliviar la catástrofe acumulada por la justicia española. Retenga usted esa idea que tiene en la mente sobre las culpas de su adversario político, pero al mismo tiempo, señor Nuñez Feijóo, conserve la capacidad de funcionar en un terreno que todos los ciudadanos necesitan. Qué mejor prueba de una inteligencia de primera clase que acordar ya mismo -porque eso llevaría una tarde, seamos sinceros- la renovación del CGPJ y la elección del miembro del TC pendiente por parte del Senado, antes de las elecciones municipales y autonómicas y poner fin al calvario judicial, que ya es un calvario para jueces y ciudadanos, de abierta vulneración de la Constitución.

Carta abierta a Feijóo: "La prueba de un hombre de Estado es su capacidad de renovar el CGPJ"

En el mundo judicial y en los cenáculos políticos se da por hecho que no habrá acuerdo para sustituir al caducado Poder Judicial hasta después de las elecciones generales, lo que sería una catástrofe

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