La Generalitat Valenciana mantiene la petición de 15 años de cárcel a Serafín Castellano

La Abogacía de la Generalitat Valenciana mantiene la petición de quince años de cárcel para el exconseller de Gobernación, Serafín Castellano, procesado por el trato de favor a la empresa Avialsa T-35, adjudicataria del servicio aéreo de extinción de incendios. Castellano ha sido procesado en la causa conocida como "el cártel del fuego", en la que la Generalitat ejerce la acusación particular. El pronunciamiento de la Generalitat se produce después de que el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, pidiera a la Fiscalía y a las acusaciones que se pronunciaran sobre si afectaba a los acusados la reforma del delito de malversación, que entró en vigor el 12 de enero. La instrucción del cártel del fuego ya estaba finalizada y ya se había dictado la apertura de juicio oral. Sin embargo, el magistrado de la Audiencia Nacional García-Castellón decidió que concurrían "circunstancias excepcionales que llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación" de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones. La respuesta de la Generalitat es que la reforma no varía la pena que solicitaba para el exconseller Serafín Castellano. La Abogacía reclamaba quince años de cárcel, otros 41 años de inhabilitación y el pago, de forma solidaria junto al empresario Vicente Huerta, de 904.407,28 euros. Una cantidad que podría incrementarse "en la cantidad que se determine como sobrecoste no justificado, en las licitaciones prórrogas y modificaciones" de los contratos ajdudicados a Avialsa T-35 SL. La Fiscalía Anticorrupción solicita 21 años de cárcel contra el exconseller de Gobernación. Unos hechos y una petición de pena que la Abogacía de la Generalitat considera que no se ven afectados por la reforma del delito de malversación. En el escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 6 el letrado de la Generalitat reproduce íntegramente cuatro apartados del auto dictado por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la causa del procés el pasado 12 de enero. Y en la que venía a decir que la reforma del delito de malversación sigue en la línea de lo perseguido por el Código Penal desde el año 1973 y sus sucesivas reformas en 1995 y 2015, por lo que existe "jurisprudencia estable" en el Supremo sobre el delito de malversación. De ahí que la Generalitat también considere que cabe "mantener la acusación en los mismos términos de nuestro escrito". El juez del caso Taula prorroga 6 meses la causa El titular del Juzgado de Instrucción 18 de València que investiga el caso Taula ha dictado un auto, notificado ayer a las partes, en el que prorroga seis meses más la investigación de la pieza principal de esta causa, en la que se investigan las presuntas mordidas que pagaban empresarios a cambio de contratos en la Generalitat y en la Diputación de València, ya que el Ayuntamiento de València tiene sus propias piezas separadas (la de los contratos de Cultura y la de malversación para financiar las campañas electorales de Rita Barberá en 2007 y 2011). La prórroga de seis meses más del caso Taula se produce cuando se acaban de cumplir siete años, desde que estalló el caso y se produjeron las detenciones, el 26 de enero de 2016. El magistrado alega para esta prórroga que aún quedan pendientes declaraciones sobre el Olímpic (el supuesto pago de mordidas a Alfonso Rus en el equipo de fútbol que presidía a cambio de contratos de obras). Así como un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el plan del césped artificial de la Diputación de València. L.B. València

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Responde al juez instructor que la reforma de la malversación no le rebaja la petición de condena

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