Esto es lo que promete cumplir Feijóo si llega a la Moncloa

Con gran solemnidad y buscando una escenografía que refuerce su imagen de 'presidenciable', Alberto Núñez Feijóo se fue este lunes hasta Cádiz para presentar su "Plan de calidad institucional". En el ceremonioso Oratorio de San Felipe Neri, donde se firmó la Constitución de 1812, el líder del PP enumeró las propuestas más destacadas de las 60 que ha escrito en un documento de 30 páginas. Los folios llevan todos el escudo de España y no las siglas de la formación conservadora, para subrayar institucionalidad y que no se vea como algo partidista. Feijóo ofrece al Gobierno la implementación de estas medidas y, si no lo hace, él se compromete a impulsarlas en sus primeros cien días, si llega a la Moncloa. La Constitución y la integridad territorial del Estado Los conservadores renunciarán a que la Constitución y la integridad territorial formen parte "de la negociación política con fuerzas independentistas" y volverán a incluir en el Código Penal el delito de sedición, para que "el ordenamiento jurídico español vuelva a contar con instrumentos de reacción eficaces y proporcionados frente a cualquier forma de ataque a la integridad territorial del Estado". Además se dejará sin efecto la reforma del delito de malversación que el PP considera que Pedro Sánchez ha promovido "para beneficiar a aquellos que atentaron contra la integridad territorial del Estado". También, con el objetivo de "proteger el Estado frente a las manifiestas amenazas independentistas", se recuperará el delito del referéndum ilegal, que suprimió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. El poder legislativo y "la calidad" de las leyes Feijóo incluye la "reforma urgente" de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley de 'solo sí es sí'. El PP quiere recuperar las penas a los agresores sexuales vigentes con anterioridad. En el contexto de posibles errores en las tramitaciones de las normas, los conservadores plantean la creación de una Oficina de calidad legislativa, cuya función principal será asegurar la calidad normativa en todas las fases de tramitación. Los populares también incluyen en este segundo bloque límites al recurso al real decreto ley, que supuestamente solo puede usarse en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Si no se dan esas circunstancias, señalan los conservadores, el Gobierno debería usar las "vías parlamentarias ordinarias". El PP apuesta por impulsar mecanismos que impidan el bloqueo de la tramitación de los reales decretos-leyes como proyectos de ley, limitando sus prórrogas, y una regulación específica para la celebración del debate sobre el estado de la nación. En estos momentos, se hace cuando el Ejecutivo de turno así lo quiere. La gobernabilidad y el uso del Falcon Feijóo ha dejado por escrito y ha firmado este "Plan de calidad institucional" y en él hace referencia a la fórmula que ha defendido desde hace años: que gobierne la "lista más votada". Sin embargo, solo ha incluido en el documento que esa fórmula afecte a las alcaldías. Ni a las comunidades autónomas ni a las generales. El PP propone reformar la ley orgánica del régimen electoral general (Loreg) para "garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada". En autonomías y en el Ejecutivo central, apuntan fuentes del equipo de Feijóo, es necesario un "acuerdo político" y por eso no aparece en el documento. En todo caso, al no incluirlo, el dirigente conservador no se compromete a dejar vía libre a Sánchez si el PSOE es la lista más votada y el PP suma con Vox. Ante la falta de comunicación del Gobierno con él, Feijóo plantea la necesidad de abrir un canal institucionalizado y "frecuente" entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición "o las personas en los que ambos acuerden delegar". Considera necesario esos contactos tras las cumbres internacionales, antes de decisiones "sustanciales " de política exterior y defensa, y también "una vez durante cada periodo de sesiones" sobre el pacto antiterrorista y el de violencia de género. En este apartado, también se propone un registro sobre el uso del Airbus A310, el Falcon y el helicóptero Super Puma "por parte de los miembros del Gobierno". El poder judicial Se regularán los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, de manera que no podrán ser seleccionados aquellos juristas que hayan sido cargo electo, miembros del Ejecutivo central o de los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, secretarios de Estado o cargos orgánicos de un partido o un sindicato en los últimos años anteriores. El PP quiere establecer un nuevo régimen jurídico del fiscal general del Estado cuyo mandato será de cinco años, para desvincularlo del poder ejecutivo, con el objetivo de "dotarle de mayor apariencia de imparcialidad" y se eliminará la causa de cese asociada al cese del Gobierno que lo hubiera propuesto. Los conservadores también proponen derogar la reforma que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se encuentra en situación de prórroga. Y ha incluido su modelo de nombramiento de los 20 vocales del CGPJ: los 12 vocales del turno de procedencia judicial serán elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales; y la elección de los ocho vocales del turno de juristas de prestigio por el Congreso y el Senado se realizará entre personas con más de 15 años de ejercicio en su profesión. El prestigio de las instituciones "Este documento supone un contrato con nuestro país, pero sobre todo es una herramienta contra la resignación. Defendemos que una política mejor es posible y la mejor manera de alcanzarla es con instituciones sólidas, prestigiosas y al servicio de los ciudadanos", se lee en el plan dado a conocer este lunes por el PP. En este sentido, los populares defienden que no se pueda designar como presidente o director de los organismos reguladores y autoridades independientes aquellas personas que hayan ocupado puestos políticos en el lustro anterior. Después de cargar durante años contra José Félix Tezanos como director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por su relación de décadas con el PSOE, donde ha ocupado numerosos cargos, los conservadores plantean modificar un artículo de la ley que regula esta institución para que al frente solo pueda estar un presidente "nombrado entre catedráticos y profesionales de reconocido prestigio". También menciona la necesidad de fijar por ley el mandato temporal del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) y reforzar la independencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), RTVE y la Agencia Efe.

Esto es lo que promete cumplir Feijóo si llega a la Moncloa

El líder de los conservadores se compromete a llevar a cabo unas 60 iniciativas en sus primeros cien días si logra gobernar España

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