El PP ha decidido que le conviene mantener abierto el choque del Ejecutivo central con Castilla y León por el plan antiaborto de su socio Vox. El Consejo de Gobierno autonómico, compuesto por populares y ultras, informó este jueves de que no responderá al requerimiento que el martes le envió el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el que se pedía un compromiso por escrito de que no acometerá ninguna actuación, legal o por la vía de hecho, que vaya en contra de la ley de interrupción del embarazo, aprobada en el año 2010. La Junta tenía 30 días para responder, pero ha anunciado que no lo hará porque no lo considera necesario al no haber aprobado "ninguna acción o norma" nueva en esa materia. "Si quiere intervenir Castilla y León, aquí le esperamos", señalan a este diario fuentes de la dirección del PP.