El Tribunal Constitucional, en el laberinto de su reconstrucción

Los huracanes del Océano Atlántico reciben desde primeros de los años cincuenta del siglo pasado nombres propios. Y así como ciclones, tifones o huracanes pasan a la historia con esos nombres, también la crisis del Tribunal Constitucional (TC) en España debería bendecirse con nombre propio. Hace apenas unas semanas, la mayoría conservadora forzó por seis votos contra cinco, lo que podríamos llamar en román paladino, la patada en la puerta del TC al Congreso de Diputados y el Senado, (dicho de manera “jurídica”: la admisión de las medidas cautelarísimas exigidas por un recurso de amparo “preventivo” del Partido Popular) para paralizar las medidas en proceso de legislar dirigidas a impedir la prolongación del bloqueo del PP, los magistrados conservadores del TC y los vocales del CGPJ elegidos a propuesta del PP en 2013 y jaleado, cuando no instigado, por los medios del sindicato mediático-judicial. El coste del desbloqueo repentino fue la renuncia del sector progresista del CGPJ a defender su propuesta de nombrar al magistrado José Manuel Bandrés, de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Los vocales conservadores comandados por José María Macías, socio del bufete Cuatrecasas, reconocieron que profesionalmente nada tenían que oponer a ese nombramiento. Problema: Bandrés estaba en su lista negra. Puro macartismo. El precedente catalán Pero, aunque cierto es que la intromisión del TC no tiene precedentes -un magistrado conservador que respaldó por disciplina la ponencia del magistrado-ingeniero jefe Enrique Arnaldo confesó que le daba “vértigo” hacer lo que le exigían- esta intervención del TC en la vida legislativa ha sido abonada por una serie de precedentes. En Catalunya se esgrime que lo que pasó en Madrid ha sido el corolario de medidas ya adoptadas allí en el Parlament, y en parte ha sido así. Pero no deja de ser llamativo que el TC rechazó medidas cuatelarísimas para impedir legislar a primeros de septiembre de 2017 (leyes referéndum y transitoriedad jurídica). Sí es verdad que se entrometió el TC en decirle a la Mesa del Parlament lo que no podía debatir, lo que era inadmisible. Pero todas las demás actuaciones fueron realizadas en ejecución de sentencia dictada previamente. El precedente de Alberto Rodríguez Nadie ha recordado estos días -porque es un asunto que prácticamente se ha sepultado- que antes de la admisión de las cautelarísimas del PP, el Tribunal Supremo consiguió en octubre de 2021, después de unos escarceos entre la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, privar al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, de su escaño -afectando el tan cacareado como a veces cursi 'ius in officium', su facultad como parlamentario- con una sentencia de multa e inhabilitación por cuarenta y cinco días. Ni más, ni menos es lo que se debía aplicar, la fiscal del Supremo Isabel Rodríguez Mateo dixit, en su informe de noviembre de 2021-, pero Batet, después de su intercambio epistolar y versiones oficiosas, decidió expulsar a Rodríguez -y privar de su representación a sus 64.000 electores en Canarias- del Congreso por toda la legislatura. Rodríguez presentó -como los diputados del PP contra las medidas para desbloquear el TC- una solicitud de medida cautelarísima y cautelar. La primera fue rechazada de plano y la segunda inició un proceso de alegaciones. En su informe, el fiscal jefe del TC, Pedro Crespo, pidió la restitución del escaño al señalar que Batet fue más allá de lo que el Tribunal Supremo le solicitaba. El hecho es que existe algo más que la idea de estimar el recurso de amparo en el TC. Pero la magistrada ponente, María Luisa Balaguer, sostiene que primero debe resolverse el recurso de Rodríguez contra la sentencia de la Sala Segunda (que le correspondía al magistrado conservador saliente Santiago Martínez-Vares). Sin embargo, existe una medida cautelar abierta en el caso del recurso parlamentario. Y un informe del letrado sobre el mismo. Pero los unos por los otros y el recurso quedó sin barrer. A todo esto, se ha perdido un año de legislatura. ¿Le importa algo a los ponentes lo que pensarán 64.000 electores de Canarias? Se supone que no. Porque, de lo contrario, no hubieran hecho dejación de su responsabilidad de decidir. Tampoco, claro, el presidente Pedro González-Trevijano, estaba para pedir a los ponentes celeridad -para eso está, por ejemplo, el presidente-, ya que su cometido era intrigar y enredar para permanecer lo más posible en su cargo de nueve años, vencido el 12 de junio de 2022. Asesinato de reputación La ofensiva de la derecha-en la cual también hay que incluir el deseo del dimitente Carlos Lesmes, presidente del CGPJ caducado de dar un golpe y nombrar a su sucesor en la persona del presidente de la Sala Primera, de lo Civil del Supremo, Francisco Marín Castán, plan logrado a medias, pues preside el Supremo pero no el CGPJ- se ha encarrilado con lo que en Estados Unidos se denomina 'character assasination'. Asesinato de reputación: proceso deliberado y sostenido dirigido a destruir la credibilidad y reputación de una persona. Y aquí, en este punto, volvemos al principio del paisaje, al nombre de los huracanes y también de las crisis, de esta crisis provocada. Es público que Macías y sus chicos y chicas intentaron asesinar la reputación del magistrado José Manuel Bandrés y pretendieron hacerlo con Clara Martínez de Careaga, vocal del CGPJ, magistrada del Supremo y esposa del magistrado Cándido Conde-Pumpido razón por la cual pidieron su “recusación”. Conde-Pumpido, en el centro Pero toda la campaña del sindicato mediático-judicial, debiéndose subrayar judicial, ha ido dirigida contra Conde-Pumpido. Se ha utilizado una frase suya sacada de contexto de hace dieciséis años (“Una vez más, afirmar con contundencia que entre la realidad social y el vuelo de nuestras togas no hay divorcio ni abstracción posible. Los jueces están dentro de esa realidad, forman parte de ella, y no pueden mirar al vacío invocando la inmaculada lejanía de su independencia”). O aquella de su voto particular sin corregir sobre el estado de alarma en el que calificaba como la sentencia de la mayoría como “un ejercicio más propio de un jurista de salón que del máximo intérprete de la Constitución…, concepción, más propia de un lego que de un máximo intérprete de la Constitución…. Por esto, la mayoría conservadora boicoteó un Pleno. Sin embargo, cuando el magistrado Andrés Ollero calificó en su voto particular las conclusiones de González-Trevijano y su grupo de “derecho de profesores” o “establecer a priori profesoralmente” la suspensión de derechos. Para quienes pueden estimar que hay diferencias, he aquí la conclusión de Ollero en su voto particular. “A lo largo del desarrollo del estado de alarma se han expresado no pocas majaderías, incluso por portavoces autorizados, pero es de justicia reconocer que no se ha llegado a ese extremo. Sería precisa una interpretación bastante tortuosa para esquivar es citado precepto constitucional”. ¡Toma castaña! A partir de hoy se abre una nueva fase que debería ser bautizada así: La reconstrucción del Tribunal Constitucional. ¿Será posible?

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