Las 5 condiciones de PSC y Junts para los presupuestos que chocan con el pacto Govern-'comuns'

Aunque el Govern haya logrado encarrilar un principio de acuerdo con el PSC, lo cierto es que quedan carpetas pendientes de calado. Por mucho que en el Palau de la Generalitat presuman de haber pactado ya el 87% de las propuestas que el partido de Salvador Illa ha puesto encima de la mesa -un porcentaje que los socialistas ponen en entredicho-, el 13% que teóricamente falta es, en realidad, el gran nudo gordiano. Especialmente porque se trata de peticiones a las que por ahora se opone el 'president' Pere Aragonès, ya sea porque suponen una rectificación al rumbo del Executiu, o porque se trata de cuestiones que colisionan con el acuerdo ya cerrado con los 'comuns'. Así pues, el vaivén de reuniones y de intercambio de propuestas de esta última semana que tan bien dicen que va desde el Govern no se acaba de traducir aún en un acuerdo para que el ejecutivo catalán pueda presumir de tener una mayoría para aprobar las cuentas antes de Reyes. De momento, solo tiene atados los ocho 'síes' del grupo de Jéssica Albiach, que mira de reojo y desde la barrera cuál será el desenlace de la interlocución con el PSC y, también, con Junts. Los posconvergentes no tienen la interlocución tan avanzada, pero tampoco se descuelgan de la negociación. El encaje de bolillos es complejo porque porque hay al menos cinco carpetas difíciles de compatibilizar y que el Govern querría resolver para poder aprobar las cuentas la semana que viene y empezar una tramitación parlamentaria para culminarla en febrero. Del Hard Rock a la ampliación del aeropuerto Ni el PSC ni Junts están dispuestos a renunciar al complejo de ocio Hard Rock en Tarragona, el cuarto cinturón y la ampliación del aeropuerto del Prat, tres proyectos a los que se oponen radicalmente los 'comuns' y que generan incomodidad y controversia dentro de ERC. El Govern intenta salir del paso y se ciñe al argumento de que estas reclamaciones no tienen una vinculación directa con los presupuestos del 2023, pero tanto socialistas como posconvergentes niegan la mayor y quieren un compromiso explícito de Aragonès. De hecho, ambos partidos ya hicieron pinza hace dos semanas en el Parlament para aprobar una moción en defensa del cuarto cinturón. Desde el punto de vista de En Comú Podem, que ya avisaron de que el acuerdo sellado con ellos tenía que ser inalterable, es el Govern quien tiene la responsabilidad de desmarcarse de esos proyectos y, a la vez, sumar los apoyos que aún le faltan. Albiach ya ha dejado claro que no dejará de combatir los proyectos "megalómanos". La carpeta fiscal Tanto el PSC como Junts fruncen el ceño ante los retoques fiscales pactados por el Govern con los 'comuns'. Los socialistas aseguran que lo que más les "chirría" de ese acuerdo son la creación del impuesto sobre los cruceros y a los alimentos ultraprocesados, de los que han reclamado más detalles, así como del incremento en un 33% del de los pisos vacíos y la subida de los tramos del impuesto de patrimonio. La prioridad de Illa es que no se haga ningún cambio en materia fiscal, el mismo posicionamiento con el que el Executiu arrancó las negociaciones. Y ahí se siguen manteniendo los socialistas. Por contra, Junts mantiene la exigencia de rebajar tramos del IRPF y también del impuestos de sucesiones, una apuesta que supone una auténtica línea roja para los 'comuns'. El nivel de gasto Por ahora, el Govern y el PSC han pactado un paquete de medidas que ascienden a 5.386 millones de euros. Sin embargo, para los socialistas no es suficiente porque consideran que aún quedan medidas clave por cerrar y porque el techo de gasto puede ser mayor gracias a una mayor recaudación de los impuestos propios, como ha pasado este año. Pero, según el Executiu, el partido de Salvador Illa reclama unas medidas adicionales que representan 5.000 millones más que la Generalitat no se puede permitir, sobre todo si se renuncia a subir impuestos. "No sería responsable", insisten desde el Govern, que añaden que las previsiones para 2023 es de un "freno" de la economía. Del control del CEO a las delegaciones en el exterior Otra de las carpetas espinosas son las medidas que reclama el PSC y que, a pesar de no tener un elevado coste o responder al objetivo de la racionalización, son de alto calibre político. El Govern se opone a propuestas como que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) pase a depender del Parlament, a frenar la expansión de las delegaciones en el exterior, a que las subvenciones de los medios de comunicación se avalen en comisión parlamentaria o a reducir en un 10% las entidades -unas 300- que dependen de la Generalitat. Cabe decir que se trata de reclamaciones que no entran en colisión con el acuerdo con los 'comuns', porque en él no se abordan medidas de este tipo, pero que sí suponen un gran hándicap para Aragonès. El rumbo del 'procés' y la acción exterior Más allá de las medidas estrictamente económicas, el partido que lideran Laura Borràs y Jordi Turull vincula su apoyo a las cuentas a la estrategia de confrontación que reclama que asuma el Govern ante el Estado. Los posconvergentes rechazan la vía dialogada con el Gobierno defendida por ERC y la propuesta de claridad que ondea Aragonès para celebrar un referéndum acordado. En este sentido, reclaman que se presupuesten medidas que vayan en la línea de fomentar la soberanía, todas ellas dentro de una resolución que fue aprobada en el Parlament. Además, JxCat quiere que continúe el trabajo que comenzó la que fuera su 'consellera' Victoria Alsina, justo en la línea contraria de la exigencia del PSC de que se eche el freno a las delegaciones.

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Los macroproyectos y los impuestos continúan siendo grandes escollos para que Aragonès cuadre un acuerdo para aprobar las cuentas

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