El Congreso se prepara para un comienzo de año frenético con la vista puesta en las elecciones autonómicas

El final de año en las Cortes Generales ha sido de todo menos tranquilo. Más bien, la palabra para definir las últimas semanas que se han vivido en el Congreso y el Senado es "convulsas". Una decena de leyes salieron adelante, hubo gritos e insultos, alguna norma estuvo a punto de caer y, sobre todo, el Tribunal Constitucional entró de por medio y paralizó la acción legislativa. Las navidades servirán para tomar un poco de aire, pero 2023 arrancará con un ritmo frenético en ambas Cámaras. El Gobierno quiere imprimir velocidad a media decenas de leyes que llevan meses atascadas en el Congreso e impulsar algunas nuevas para llegar a las elecciones autonómicas y municipales con los deberes hechos. Pero hay una iniciativa en la que la urgencia ha disminuido. Después de que el Constitucional detuviera la votación de dos disposiciones que buscaban su renovación, al considerar que no mantenían una coherencia con el resto de la ley en la que se habían introducido, el PSOE y Unidas Podemos anunciaron que registrarían una norma específica para el nombramiento de los nuevos magistrados. Sin embargo, el paso dado el martes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al acordar la renovación del tribunal, ha dejado en barbecho esa proposición de ley. No está claro que vaya a ser reactivada. Lo que resulta seguro es que en enero, en un pleno extraordinario, el Gobierno deberá lograr la aprobación de la Cámara Baja al real decreto con medidas para hacer frente a la crisis económica y social derivada de la guerra en Ucrania. El Ejecutivo, que aprobó en el último Consejo de Ministros las medidas, llegará a esta votación con bastante tranquilidad y el respaldo de la mayoría de la Cámara, a la vista de lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones con los socios. Reanudar las conversaciones La intención de socialistas y morados es desbloquear también dos normas que llevan meses aparcadas en un cajón. Una de las más complejas y que lleva desde el comienzo de la legislatura en el punto de mira es la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la llamada 'ley mordaza'. En el acuerdo de coalición se recogió el compromiso de derogar esta norma "a la mayor brevedad posible". Tres años después, la falta de acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu lo ha hecho imposible. No obstante, en los últimos días se reactivaron los trabajos tras acercar posturas. Aun así, fuentes parlamentarias conocedoras de la negociación avisan de que aún queda mucho camino por recorrer. En peor situación parece estar la ley de vivienda que se pactó en el seno del Ejecutivo bicolor tras dos años de discrepancias. La norma, que se iba a tramitar con urgencia, llegó al Congreso hace más de un año y los encontronazos constantes entre el PSOE y Unidas Podemos la han ido retrasando. Los morados quieren modificar el texto para que sea más ambicioso, mientras que los socialistas son partidarios de dejarlo como está. El problema reside en que ERC y EH Bildu, esenciales para aprobar la ley, también quieren mejorar la redacción. Durante las últimas semanas se han producido conversaciones discretas, explican fuentes parlamentarias, que confían en desencallar las negociaciones en enero. Tensiones internas Los mayores enfrentamientos se vivirán en torno a dos proyectos de ley emanados del Gobierno. Concretamente del Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra (Podemos). La ley de familias, aprobada a mediados de diciembre por el Consejo de Ministros, es uno de esos textos. La norma generó bastantes discrepancias en el seno de la coalición, acompañadas de no pocos retrasos. Ahora, ya en el Congreso, se prevé una batalla entre socialistas y morados por terminar de retocar la redacción y las medidas que se incluyen, ya que muchas de ellas necesitan de una dotación presupuestaria relevante. Aún así, fuentes de ambos partidos confían en alcanzar un acuerdo y aprobarla en el primer trimestre del año. Mucho más difícil será sacar adelante la ley de bienestar animal. En la última semana, el PSOE, apoyado en la derecha, excluyó de esta norma, que busca el maltrato, abandono y sacrificio cero, a los perros de caza. Unidas Podemos rechazó de plano la modificación, pero aún así avaló el texto para que la proposición de ley no decayera y con la confianza de que el PSOE de marcha atrás, algo que no parece que vaya a ocurrir. Así, cuando llegue al pleno, aunque no parece probable que los morados voten en contra, la norma podría caer ante la falta de apoyos del resto de socios parlamentarios. Sería la primera vez que no se aprueba un proyecto de ley del Ejecutivo.

El Congreso se prepara para un comienzo de año frenético con la vista puesta en las elecciones autonómicas

PSOE y Unidas Podemos intentan desencallar las negociaciones en torno a la ley de vivienda y la 'ley mordaza'

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