“¡Qué puto auto! ¡Si no está escrito!”

La punta del ovillo de la trampa que el sector progresista consiguió tender al pequeño Maquiavelo José María Macías -que se ha quejado en el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pasado martes 27 por el adjetivo usado en estas páginas junto al nombre del diplomático y filósofo político florentino- hay que buscarla en el pleno extraordinario convocado de urgencia en la tarde del miércoles 21 de diciembre para resolver el recurso presentado por la Mesa del Senado contra la prohibición de aprobar las resoluciones finales al que dio luz verde el Congreso de los Diputados para desactivar el bloqueo del Tribunal Constitucional (TC). Esa mañana, María Luisa Balaguer, entre otros magistrados, elaboró su voto particular para ir avanzando en su trabajo aun cuando no había recibido el auto que había resuelto paralizar la resolución adoptada por el Congreso el miércoles 15 por 184 votos contra 64 las enmiendas con las disposiciones apuntadas. Sería sobre las dos de la tarde, cuando atendió la llamada de este periodista. “Estoy terminando el voto particular. Y fíjate no tenemos todavía el auto que ha decidido paralizar las disposiciones del Congreso y esta tarde seguramente se repetirá para el Senado la misma situación. Ya sabemos lo que va a pasar. Estamos igual que los senadores porque lo único que nos han trasladado es el fallo y la parte dispositiva”, dijo. La magistrada tenía cero expectativas en que a la luz del recurso del Senado -todavía no se conocía la posición del fiscal-jefe del TC, Pedro Crespo contrario a las medidas cautelarísimas- se podría abrir un debate en el nuevo Pleno de esa tarde. “Es lo mismo que pasó con el decreto el estado de alarma”, dijo. Durante el Pleno, los magistrados del sector progresista tiraron del recurso del Senado que consideraron incontestable en sus ocho puntos. Y sobre todo, destacaron cómo el Senado subrayaba que la prohibición – aplicaban al Senado una prohibición que había sido solicitada para el Congreso de los Diputados por una presunta vulneración de derechos fundamentales de los diputados del PP- no estaba motivada, es decir, el TC asumía la tutela sin explicar por qué. Frente a los argumentos de los magistrados del sector progresista, el ponente, Enrique Arnaldo, un especialista en ingeniería jurídica, contestaba que la respuesta al recurso del Senado se planteaba lo mismo que en el Congreso de los Diputados y que todo estaba en el auto. María Luisa Balaguer ya no pudo más. Se dirigió a Arnaldo y subió el volumen de su voz. “¡Qué puto auto! ¡De qué estamos hablando¡¡Si no está escrito!”, exclamó. El salón de plenos del TC registraba una tensión desconocida. Balaguer, además, venía de insistir en sus múltiples entrevistas con medios de comunicación en la necesidad de rebajar la tensión y considerar que los últimos seis meses, tras los enfrentamientos del estado de alarma y otros varapalos propinados al Gobierno, la presidencia de Pedro González-Trevijano había pasado a una fase pacífica. El convencimiento definitivo de los cinco magistrados del grupo progresista de que lo principal era desbloquear la renovación con la entrada de los dos nuevos miembros designados por el Gobierno y frenados por González-Trevijano -Juan Carlos Campo y Laura Díez- y los dos que debía nombrar el CGPJ, surgió, precisamente, cuando advirtieron que el tema de las enmiendas -es decir, el tema formal de no ser “homogéneas” o que nada tenían que ver con la ley aprobada- pasó a segundo término en el intercambio de argumentos. Fue González-Trevijano quien más se explayó sobre el asunto. Para el presidente saliente, renovar el TC por sextos -es decir solo con los dos magistrados nombrados por el Gobierno- es inconstitucional. Es decir: es un tema de fondo. Sea por enmienda, proposición de ley o proyecto de ley. De nada valía que el propio González-Trevijano hubiese firmado una sentencia en 2016 donde se consideraba conforme a la Constitución renovar parcialmente el CGPJ -es decir, si una de las dos cámaras legislativas no podía nombrar a sus candidatos y la otra sí, eso era válido- y que, además, se señalara que era un deber, no solo una potestad, aplicable a la renovación del propio TC. Desactivación del bloqueo Por tanto, este argumento impedía abordar las medidas de desactivación del bloqueo, por ejemplo, a través de un proposición de ley, que podía estar lista en dos semanas, ya que no requería de los informes preceptivos. González-Trevijano y Arnaldo hubieran sofocado esa proposición de ley. Y en lugar de renovar el TC, como se pensaba, en un par de meses adicionales, la situación podría enquistarse como la que atraviesa el CGPJ, órgano para el cual el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, no prevé la renovación hasta después de las elecciones generales de finales de 2023 o primeros de 2024. De la misma manera que el sector conservador del CGPJ y el del TC se mantenían en contacto, los progresistas de ambos órganos llegaron a la conclusión de que solo los nombramientos en el CGPJ podrían desbloquear el TC. En este contexto, el sector conservador liderado por Macias en CGPJ, tras los dos golpes del Congreso y Senado, quiso demostrar que los responsables del bloqueo eran los progresistas, que ya habían votado contra las candidaturas de los magistrados César Tolosa y Pablo Lucas, frustrando los 11 votos requeridos. Macías estaba convencido de que para ese sector era nombrar al magistrado José Manuel Bandrés o nada. El magistrado de lo social, Juan Martínez Moya, propuso a Macías proponer en el nuevo pleno a Tolosa y a María Luisa Segoviano, colega suya en materia laboral -lo que se necesita en el TC tras la salida de Fernando Valdés y Alfredo Montoya-, mujer, con excelentes relaciones con el sector progresista, que había figurado en la primera lista de cinco magistrados de los progresistas. La idea fija de Macías era que cualquiera fuera el nombre, el sector progresista se mantendría en Bandrés. Cuando el jueves 22, al día siguiente del Pleno que consagró la prohibición al Senado de aprobar las disposiciones, llegó la noticia al TC de que el sector conservador del CGPJ solicitaba un nuevo Pleno extraordinario para hacer los nombramientos, y los progresistas vieron la propuesta de María Luisa Segoviano cantaron: "¡bingo!". El viernes 22, los vocales progresistas se juramentaron en apoyar la dupla en el mayor secreto porque no creían en un pacto con los conservadores. El miércoles pasado, una hora antes del Pleno los progresistas solo estudiaron como votar. La vocal Roser Bach sería la primera del sector -tras los primeros tres votos de Carmona, Macías y Nuria Díaz Abad- y, por tanto, debía votar sin comentarios para no dar sensación de que había una política diseñada. Se limitó a decir: por Tolosa-Segoviano. Una vez que se conseguiría asegurar la dupla Tolosa-Segoviano, los siguientes vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez explicarían que renunciaban a la candidatura de Bandrés “por sentido institucional”. Una vez que los cuatro magistrados tomen posesión, la semana próxima, saldrán los decretos-leyes de González-Trevijano y Antonio Narváez y el de nombramiento de Juan Carlos Campo, Laura Díez, César Tolosa y María Luisa Segoviano. Según la ley Orgánica del TC, el presidente en funciones, que en este caso es será Ricardo Enríquez, convocará el Pleno para nombrar nuevo presidente y vicepresidente. Todo indica que el sector progresista elegirá al magistrado Cándido Conde-Pumpido y habrá un intento de este sector de que Enríquez sea el vicepresidente.

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