Ya hay licencia para la exhumación de Primo de Rivera, que decidirá el Gobierno y no la familia

La licencia de obra menor para exhumar los restos de José Antonio Primo de Rivera en el Valle de los Caídos está ya concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, confirman a este diario fuentes del consistorio. Es en su término de la sierra madrileña donde se levanta el recinto monumental en el que fue enterrado el fundador de la Falange. Todas las instituciones vinculadas a este procedimiento, incluida la secretaria de Estado de Memoria Democrática, guardan un escrupuloso silencio oficial. Se trata de "un trámite menor" -indican fuentes próximas al proceso- y cuya iniciativa no corresponde a la familia del político fusilado en la prisión de Alicante en noviembre de 1936, sino a Patrimonio Nacional. No hay por el momento fecha anunciada para los trabajos de traslado de los restos, si bien las fuentes consultadas indican una voluntad no confirmada por el Ejecutivo de que ese traslado tenga lugar antes de marzo. La decisión última no corresponde a la familia sino al Gobierno, sostienen las mismas fuentes apuntando con sus consideraciones a la posibilidad de un embrollo legal que complique la exhumación. De quién son los restos Los descendientes del político fascista, encabezados por el broker financiero madrileño Fernando Primo de Rivera, se adelantaron a cualquier movimiento gubernamental el pasado 10 de octubre, emitiendo un comunicado en el que anunciaban que habían pedido a la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid -autoridad en materia de policía mortuoria- permiso para el traslado de los restos. Lo hacían reaccionando a la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que convierte el Valle de los Caídos en un cementerio civil. José Antonio había expresado su última voluntad de ser enterrado en un camposanto católico. El Gobierno celebró la decisión de la familia. El ministerio de la Presidencia se pronunció con otra nota en la que "agradece la predisposición de la familia a cumplir con la Ley de Memoria Democrática". Pero las fuentes cercanas al proceso consideran que fue en vano el trámite familiar, pues será Patrimonio Nacional, dependiente de Presidencia, y no la familia, quien -al menos sobre el papel- tome la decisión de exhumar y cuándo. El reglamento que desarrolla la Ley General de Salud establece que son propietarios de unos restos humanos -y por tanto puede disponer de ellos- por este orden el cónyuge o pareja civil, los ascendientes, descendientes o parientes laterales hasta el segundo grado. José Antonio Primo de Rivera murió sin hijos. El actual cabeza de la familia, Fernando, es sobrino nieto, parentesco que, en la cuarta fila de relación familiar, le dejaría fuera de la línea de disposición. Del mismo modo, el trámite ante la Comunidad de Madrid podría también estar afectado por una excepción parcial, pues el Valle de los Caídos tiene fuero propio, como recinto propiedad de Patrimonio Nacional, aunque el destino probable de los restos de José Antonio será el madrileño y monumental cementerio Sacramental de San Isidro, donde está enterrada su hermana Pilar, y donde los Primo de Rivera poseen varias tumbas. El Gobierno y la familia tienen aún pendiente una conversación final a través de sus representantes, reconocen fuentes próximas al Ejecutivo. Como pasó en el caso de la exhumación de Franco, a una parte de los expertos que asesoran al Gobierno en este proceso le preocupa que el nuevo lugar de enterramiento se convierta en destino de peregrinación de personas de extrema derecha. En redes sociales, miembros de algunas escisiones de Falange celebran la futura exhumación porque se negaban a ir al Valle de los Caídos por ser un lugar "franquista". La alcaldesa, al juzgado Todo el discreto prolegómeno de la exhumación de José Antonio Primo de Rivera discurre a la vez que los trabajos para rescatar de las criptas del Valle de los Caídos los restos reclamados por un centenar de familias, la mayoría de ellas de muertos del bando republicano. Están entre ellos los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, anarquistas aragoneses fusilados en Villarroya de la Sierra (Zaragoza) en 1936. El pasado día 21 falleció en Zaragoza Miguel Ángel Capapé, esposo de Purificación Lapeña, descendiente de los dos fusilados. Capapé, miembro muy activo de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra e Olvido (ARICO), había contribuido a localizar y reabrir 18 fosas comunes en Aragón, pero ha fallecido esperando que se termine de cumplir la sentencia pionera de un juzgado escurialense que permitía el rescate de los restos de los Lapeña. La dilación en el cumplimiento de la sentencia ha sido tal (más de seis años) que ha acabado llegando en forma de querella a los tribunales. El abogado de los Lapeña en la causa de la exhumación y jurista experto en Memoria Histórica Eduardo Ranz lleva la acusación. La acusada es la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López, del PP. Ranz y los Lapeña le atribuyen un delito de prevaricación supuestamente cometido el pasado mes de junio, cuando se negó a renovar la licencia de obras para abrir la cripta del Valle donde se encuentran los restos, tras unas medidas cautelares que habían sido derribadas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El pasado día 20, Miriam Matías, titular del Juzgado de Instrucción de San Lorenzo, fijó una nueva fecha para que comparezca a declarar la alcaldesa. Será el próximo 25 de enero. Esta declaración iba a tener lugar en diciembre, pero el Ayuntamiento tenía que aportar en papel, y no solo en pdf, el informe municipal que ha rodeado a la concesión final de la licencia. Son casi 1.500 folios.

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El 20 de enero declarará la alcaldesa del término del Valle de los Caídos bajo acusación de prevaricación en el retraso de las exhumaciones de víctimas republicanas

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