Otro año perdido en la renovación del Poder Judicial (y ya van cuatro)

Hay situaciones que se enquistan y lo único que parece con alguna opción de ponerles remedio es hacer tabla rasa, empezar de cero. El bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial lleva enquistado cuatro años, desde el 4 de diciembre de 2018, fecha en la que los 20 vocales que lo componen debían haber sido sustituidos por otros, y lo peor es que todo apunta a que, salvo milagro, hasta después de las próximas elecciones no se volverá a intentar poner fin a esta inédita situación. Falta por ver si para entonces el mal causado es reparable, porque el efecto de la no renovación del órgano de gobierno de los jueces se ha hecho sentir en el Tribunal Supremo, donde prácticamente un cuarto de sus 80 plazas está vacante, ante la imposibilidad de cubrir las jubilaciones y fallecimientos que se van produciendo por la reforma de la ley orgánica del poder judicial con la que el Gobierno intentó forzar al PP a desbloquear la situación. También tiene consecuencias en la imagen que tiene la ciudadanía de los jueces en general, porque se ha creado la sensación en ella de que la situación de no renovación no solo afecta a su órgano de gobierno sino también a ellos mismos, como si también tuvieran que ser renovados al frente de sus respectivos juzgados, a los que han llegado por antigüedad. El CGPJ solo nombra a la cúpula judicial (Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y presidencia de Audiencias Provinciales). Afectando al TC Pero más allá de la confusión de qué es realmente el poder judicial, donde también se ha sentido y mucho la falta de renovación del CGPJ es en el Tribunal Constitucional, porque el Consejo debe nombrar a dos de sus magistrados a la vez que el Gobierno hace lo propio con sus dos. Y este ha sido el telón de fondo de la última crisis con la que se despedirá 2022: el conflicto vivido esta misma semana entre el máximo garante de la Constitución y las Cortes, con la inédita resolución del primero de suspender una tramitación parlamentaria. El PP reclamó como medidas cautelarísimas (las que se adoptan sin escuchar a las partes con las que se discrepa) paralizar las dos enmiendas introducidas para cambiar el sistema de elección de los magistrados del TC que corresponden al Consejo y así evitar el otro bloqueo, el protagonizado por el núcleo duro de vocales designados a propuesta del PP, ahora empeñado en elegir por sí solo tanto al candidato conservador como al progresista, con los que habitualmente cubre este trámite el Consejo, y, de no ser así, que no se designe a nadie. Para llegar a esta situación, el Gobierno ya había tenido que modificar su anterior flamante reforma, para dejar al CGPJ nombrar a los magistrados del TC y poder ordenarle que lo hiciera antes del pasado 13 de septiembre. No salió como estaba previsto y este mismo martes, el Consejo volvió a dejar patente que puede retrasar aún más sus nombramientos. Los vocales conservadores trataron de apartar a la vocal y magistrada del Supremo Clara Martínez de Careaga, por ser esposa del magistrado del Constitucional Cándido Conde-Pumpido. Su argumento de que este es quien tiene más papeletas para presidir el TC cuando se renueve, por lo que ella debía abstenerse de participar en la votación. Así bajaría el quórum necesario para nombrar a los dos magistrados que ellos quieren que se incorporen al Constitucional y ambos saldrían elegidos. En la reunión tanto Pablo Lucas como César Tolosa obtuvieron 10 votos, mientras que el candidato que proponen los vocales progresistas, el también magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, solo obtuvo siete. Las enmiendas paralizadas pretendían que el pleno del Constitucional no tuviera de dar validez a los magistrados designados por el Gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y la exasesora de la Moncloa Laura Díez, para que tomen posesión, y bajar la mayoría con la que el Consejo hace su designación, con lo que probablemente con ella habrían sido elegidos los propuestos por los vocales conservadores. Fracasos Al ritmo que se produce la actualidad el último intento de negociación que se produjo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, de tratar de renovar el CGPJ parece tan lejano como improbable que algún día llegue a algún puerto. Saltó por los aires la víspera del puente de los Santos y para que se produjera el acercamiento fue necesario que presentara su dimisión el que hasta entonces había presidido el CGPJ y el Supremo, Carlos Lesmes. El PP se justificó con la reforma de la sedición, cuya sustitución por el delito de desórdenes públicos agravados ha supuesto en la práctica la derogación de las conductas por las que se condenó a los líderes del 'procés' que no huyeron de la justicia. Tanto esa modificación legislativa como la relativa al delito de malversación son el núcleo duro de la reforma exprés del Código Penal en cuyas enmiendas se incluyó la reforma de la ley orgánica del poder judicial y de la ley reguladora del propio Constitucional, cuya tramitación ha sido paralizada.

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La dimisión de Lesmes hizo que el acuerdo pareciera próximo, pero la ruptura de las negociaciones lo aplaza a después de las elecciones

Los problemas que esta situación provoca son el germen del conflicto inédito entre instituciones con el que va a acabar 2022

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