Sánchez se prepara para tomar distancia de ERC tras la polémica reforma penal

Bordeando las 11 de la noche, a la salida del Consejo Europeo, horas después de que el Congreso aprobara la reforma penal y judicial en uno de los debates más agresivos de esta tensa legislatura, Pedro Sánchez dijo en Bruselas: “Estamos en un momento de cierre de una etapa y de inicio de una nueva”. El presidente del Gobierno, que acababa de ver cómo el Tribunal Constitucional no consumaba su amenaza de impedir la votación en la Cámara baja, se refería al ‘procès’ (“está acabado”, subrayó) y a la supuesta imposibilidad de que Catalunya celebre una “consulta de autodeterminación”. Sus palabras sobre la “nueva etapa”, sin embargo, tienen también una connotación mucho más cortoplacista. Ahora que ya ha cerrado los principales acuerdos con ERC, que incluyen la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, cambios normativos que benefician a los líderes independentistas condenados o encausados por el 1-O, Sánchez se prepara para tomar distancia de los republicanos, aseguran fuentes de la Moncloa y la dirección del PSOE. A escasos cinco meses de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, y a un año de los comicios generales, el plan pasa por apartarse, sin renegar de ella, de una alianza que levanta suspicacias en numerosos barones del partido y puede suponer un lastre en las urnas de territorios gobernados por los socialistas, como Aragón, Extremadura y Castilla-la Mancha. El plan se mantendrá incluso ante la nada descabellada posibilidad de que el Constitucional decida el lunes dar la razón al recurso de amparo del PP, suspendiendo la votación el próximo jueves en el Senado de la proposición de ley que incluye sustituir la sedición por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados, rebajar la malversación y cambiar las mayorías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sus miembros elijan a dos candidatos al TC. A las puertas de un 2023 cargado de llamadas a las urnas, la precampaña electoral ya ha empezado y llega el momento de que cada uno vaya a lo suyo, centrándose en los logros conseguidos y dirigiéndose a sus potenciales votantes. “Vamos a marcar perfil propio y tomar distancia de ERC. La legislatura está finiquitada desde el punto de vista legislativo y no habrá temas que puedan ser conflictivos con ellos”, resumen en la dirección del PSOE. Y esa “distancia”, continúan las mismas fuentes, también se extenderá a Unidas Podemos, el socio de la coalición en el Ejecutivo. Ya se vio esta semana, cuando el PSOE optó finalmente por no retirar una enmienda a la ley de protección animal que le separaba de los morados, haciendo imposible el acuerdo. El “responsable” El propio Sánchez, durante su comparecencia en Bruselas el jueves por la noche, ya empezó a dar pistas sobre por dónde irá el nuevo discurso respecto a los republicanos. El presidente abandonó su equidistancia de los últimos tiempos para referirse a lo ocurrido en 2017 y argumentó que el “responsable” de todo aquello fue el “independentismo catalán”, aunque también se detuvo en la “incapacidad” de Mariano Rajoy para resolver la crisis territorial. “El ‘procés’ acabó y hoy en Catalunya prima la convivencia. No podemos volver a debates del pasado. Escuchaba a Salvador Illa [líder del PSC] pedirle a ERC que diga la verdad. Ellos lo saben: el ‘procés’ ha acabado. En Catalunya no va a haber ninguna consulta de autodeterminación. No solo porque no quepa en la Constitución, sino porque tenemos que contribuir con soluciones que no nos lleven a la ruptura”, continuó Sánchez, en referencia a la nueva propuesta de los republicanos, anunciada el mismo día en el que pactaban con el PSOE la reforma de la malversación: una consulta para declarar la independencia siempre que la participación supere el 50% del censo y los votos a favor el 55% de los totales. Compromiso incumplido Y después está la mesa de diálogo, el órgano pactado entre el Ejecutivo central y la Generalitat para la resolución del conflicto político en Catalunya, que se da por amortizada. Al menos en los asuntos más complejos a abordar, que tienen que ver con la desjudialización del ‘procès’, algo que ya se ha conseguido a grandes rasgos de la mano de los indultos y la controvertida reforma penal, tan criticada por presidentes autonómicos socialistas como el castellano-manchego Emiliano García-Page. La mesa se reunió por última vez el pasado julio, en Madrid. El Ejecutivo central y el Govern se comprometieron entonces a celebrar al menos una nueva cita antes de que acabara 2022, y que esta tuviera lugar en Barcelona, pero en la Moncloa descartan que vaya a tener lugar de aquí al 31 de diciembre. Puede que el año que viene haya una convocatoria, no está nada claro, pero si la hay tendrá un contenido más modesto que las anteriores. “Puede ser que ahora la función de la mesa se limite a ratificar o a perfilar acuerdos de los que se abordan en la Comisión Bilateral que regula el Estatut –explican fuentes del Gobierno-. Pero en lo que tiene que ver con resolución del conflicto político, poco o nada queda por hacer”. Comienza una “nueva etapa”.

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